El Cañón de la Hondura, ubicado en el municipio de Gámbita, Santander, obtuvo la aprobación del Ministerio de Ambiente para su registro como Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), un reconocimiento que fortalece la protección de este ecosistema de los Andes orientales colombianos.La confirmación fue recibida por la Fundación Montecito, organización que administra y protege esta reserva natural. Con esta decisión, el sector del cañón bajo su manejo suma una nueva figura de reconocimiento para la conservación ambiental, que se complementa con su registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) ante Parques Nacionales Naturales.La reserva comprende aproximadamente 294 hectáreas en el cañón del río Huertas, afluente de la cuenca del río Suárez. Este paisaje natural se extiende desde una altitud cercana a los 1.850 metros sobre el nivel del mar, en el nivel del río, hasta los 2.300 metros.De acuerdo con la información divulgada por la organización, la aprobación como OMEC corresponde al costado izquierdo del cañón, mientras que el costado derecho cuenta con el registro previo como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales.El reconocimiento permite que el área protegida sea reportada en la base de datos internacional Protected Planet, una plataforma global que reúne información sobre áreas protegidas y otras medidas de conservación.La incorporación de esta figura de conservación destaca el papel de las iniciativas privadas y comunitarias en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del departamento."Este reconocimiento permite visibilizar iniciativas que llevan años protegiendo nuestra biodiversidad. Y hay un dato importante: el 85 % de las nuevas OMEC corresponde a iniciativas privadas, el 11 % a mixtas y el 4 % a públicas, reflejando las diferentes formas de contribuir a la conservación del país", dijo el viceministro Gustavo Guerrero. La Fundación Montecito continuará con el manejo y la protección de este territorio, considerado un referente natural de Gámbita y de la cuenca del río Suárez.El reconocimiento ambiental también representa una oportunidad para visibilizar la importancia de conservar los paisajes naturales de Santander y fortalecer las estrategias de protección de sus recursos hídricos y ecosistemas.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocó la decisión que había prorrogado hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en un sector del macizo de Santurbán, una medida que había sido adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente en el gobierno de Gustavo Petro. La decisión la tomó el ministro de Ambiente ad hoc para temas de Santurbán, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, quien fue designado como ministro de Ambiente ad hoc mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026. La designación se produjo después del impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, para intervenir en estos asuntos.La reserva temporal había sido prorrogada mediante la Resolución 0970 de 2026 y contemplaba un área de 73.432,42 hectáreas. La medida tenía vigencia hasta el 4 de marzo de 2029, mientras avanzaban estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos sobre la zona.Con la nueva decisión, vuelven a regir las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, con sus respectivos anexos y en las condiciones que tenían antes de la expedición de la Resolución 0970.En la práctica, esto significa que se pierde la prórroga que había establecido la Resolución 0970, así como las modificaciones realizadas sobre el área geográfica y la cartografía de la reserva. La figura de reserva temporal no desaparece automáticamente, pero queda nuevamente sometida al plazo de vigencia establecido originalmente en la Resolución 0221.La revocatoria se fundamenta en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que contempla la revocación directa de los actos administrativos cuando sean manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley. Por esta razón, la decisión del Ministerio plantea que el cuestionamiento a la Resolución 0970 tiene un fundamento jurídico y no corresponde únicamente a un cambio de criterio sobre la conveniencia de la medida. La Resolución 0970 había modificado la reserva temporal para actualizar su área, precisar su cartografía y prorrogar su vigencia; todos esos cambios quedan sin efecto con la revocatoria.Uno de los efectos concretos de la decisión está relacionado con la información minera. La resolución ordena comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Minería para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, se realicen las actualizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Gestión Minera.La decisión también será comunicada a entidades como la CDMB, ANLA, Parques Nacionales Naturales, Gobernación de Santander, Ministerio de Minas y Energía y la ANM, además de las alcaldías de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.La revocatoria no elimina por sí sola la figura de protección, pero sí devuelve el proceso al marco establecido por las resoluciones de marzo de 2025 y deja sin efecto la prórroga y las modificaciones introducidas en agosto de 2026.El caso vuelve a quedar así en el centro de la discusión sobre la delimitación de Santurbán, la protección de sus recursos hídricos y las actividades mineras en la región.La decisión genera críticas del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que cuestionó las recientes actuaciones del Gobierno Nacional frente a las medidas de protección del ecosistema.“En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, señaló el Comité.La organización también relacionó la decisión con el futuro proyecto minero de Aris Mining en la región y advirtió que la compañía podría presentar una solicitud de licencia ambiental el próximo año.Otro de los puntos planteados por la organización es la consulta pública relacionada con la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander. El Comité estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el Ministerio de Ambiente reabra dicha consulta y advirtió que, de no hacerlo, convocaría movilizaciones en Bogotá.Esta controversia se suma a la decisión adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto, que había declarado una reserva definitiva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. El Gobierno argumentó entonces que el trámite presentaba irregularidades y que debía reiniciarse para garantizar transparencia y participación ciudadana.Santurbán es considerado un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y Norte de Santander. El propio Ministerio de Ambiente ha señalado que el sistema hídrico asociado al páramo es fundamental para la seguridad hídrica de la región y que beneficia a más de 2,5 millones de habitantes.
Un total de 19 tortugas acuáticas rescatadas del lago de la Universidad Industrial de Santander, iniciaron su proceso de recuperación y rehabilitación con miras a regresar a su hábitat natural.La jornada fue realizada de manera conjunta por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Escuela de Biología de la UIS. Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde serán sometidos a valoración veterinaria y comportamental.Entre los animales rescatados se encuentran ejemplares de cuatro especies: Podocnemis lewyana, conocida como tortuga del río Magdalena; Trachemys callirostris; Rhinoclemmys melanosterna y Kinosternon leucostomum.La Podocnemis lewyana tiene especial importancia para la conservación regional, debido a su relación con la salud de los ecosistemas acuáticos.De acuerdo con Vladimir Quintero Sánchez, médico veterinario especializado del CAV de la CDMB, cada tortuga tendrá una atención individual. Primero se realizará una valoración física y comportamental y posteriormente los ejemplares cumplirán un periodo de cuarentena, antes de determinar las condiciones y el lugar adecuado para su liberación."El rescate no solo busca proteger a los 19 individuos, sino también contribuir a la conservación de los ecosistemas. Las tortugas acuáticas cumplen funciones importantes como la dispersión de semillas, el control de poblaciones de peces e invertebrados y el mantenimiento del equilibrio de los cuerpos de agua", dijo Vladimir Quintero, médico veterinario de la CDMB. La CDMB destacó que esta acción representa un nuevo ejemplo del trabajo articulado con la academia para proteger la biodiversidad de Santander y garantizar el bienestar de la fauna silvestre.La autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía a no capturar, comercializar ni mantener en cautiverio animales silvestres. Los casos de maltrato o tenencia ilegal pueden ser reportados al Grupo Élite Ambiental (GEA) de la CDMB, en el 318 706 98 66, o ante la Policía Ambiental.
Una serie de reuniones continuará sosteniendo el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para tener listo, esta misma semana, el plan con el que destrabará el megaproyecto del Canal del Dique, el cual presenta cuatro años de retrasos, debido a problemas de financiación y la exigencia de nuevas licencias por parte del actual Gobierno.Conocimos que las primeras obras que se pondrán en marcha a partir del 10 de agosto tienen que ver con trabajos de protección para acabar con el riesgo latente de inundaciones, que es el principal objetivo de este megaproyecto y lo que siguen esperando 1.5 millones de personas aledañas al Canal para evitar tragedias como la de 2010, cuando el caudal superó los 10 metros, rompió el Dique y dejó con el agua hasta el techo a cinco municipios del sur del Atlántico.El gobierno electo aseguró que este megaproyecto tendrá vía libre para iniciar su construcción sin someterse a la licencia ambiental adicional que, a su juicio, solo ha servido para dilatar soluciones urgentes y generar sobrecostos injustificados a los colombianos.Le puede interesar: Presidente electo De La Espriella anuncia reactivación del megaproyecto del Canal del DiqueAsí lo expresó desde Campo de la Cruz el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, quien criticó que se haya contemplado un estudio de 80.000 millones de pesos y un proceso de consultas por otros 120.000 millones, que no son necesarios; posibles sobrecostos que, por cierto, el presidente electo ya está pidiendo que sea investigado.En la misma vía habló la ministra de Transporte designada Elsa Noguera, quien criticó al actual Gobierno por poner trabas al proyecto con consultas y permisos “inventados”. Insiste así el próximo Gobierno que “el ecosistema ya cuenta con un plan de restauración ambiental autorizado y no requiere más estudios de alcance desproporcionado”.La iniciativa, además de reducir los riesgos de inundación, busca recuperar ecosistemas estratégicos, mejorar la navegabilidad y generar condiciones para el desarrollo económico y productivo de los municipios de influencia.Según lo expuesto durante la mesa técnica, las obras permitirían generar cerca de 60.000 empleos y movilizar importantes inversiones sociales en beneficio de las comunidades del sur del Atlántico.Apoyo a la descentralizaciónEl presidente electo Abelardo De la Espriella también promoverá la autonomía territorial, así lo afirmó durante su visita al sur del Atlántico, donde anunció su respaldo “total” a la conversión de la región Caribe en Entidad Territorial.Durante su intervención en la Plaza Central de Campo de la Cruz, el mandatario electo destacó la necesidad de avanzar hacia una verdadera Colombia de regiones y superar las barreras del centralismo que han limitado el desarrollo de amplias zonas del país.Este respaldo fue destacado por el gobernador Eduardo Verano, quien lidera la iniciativa para crear a la Región Caribe como entidad territorial. Verano aseguró que el trabajo que le correspondería al nuevo presidente sería radicar el proyecto de ley ante el Congreso de la República que autorice preguntar a los ciudadanos si quieren o no vivir en regiones autónomas mediante un referendo en octubre de 2027 (coincide con elecciones regionales), el cual es el punto más neurálgico de esta carrera por la descentralización.
Según el Concesionario Sacyr, tras la finalización de la fase constructiva del proyecto, la cual está estimada para el año 2028, se espera la obtención de un balance de las principales condiciones ambientales (ecosistémicas, sociales y económicas) del Canal del Dique, que impactarán la adaptación de la obra al cambio climático.Por ejemplo, se espera un aumento del 10% en los caudales del Río Magdalena a la altura de Calamar en los próximos 100 años, por lo que las compuertas, diques y esclusas tienen como finalidad proteger a la población del riesgo de inundación.Además de un aumento del nivel del mar que puede incrementar la intrusión salina y la salinización de zonas bajas del delta particularmente en el Parque Santuario de Flora y Fauna "El Corchal", por este motivo, se llevará a cabo la construcción de la esclusa de cierre de Puerto Badel y el aumento de caudal en Caño Correa, ambas medidas son parte del proyecto y buscan salvaguardar el suministro de agua dulce para los habitantes de la región.En síntesis el proyecto busca que se cumplan los siguientes puntos:1. Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique. 2. Control de tránsito de sedimentos entre el Canal del Dique y las bahías de Cartagena y Barbacoas.3. Control de inundaciones y control de niveles de agua en el Canal del Dique.4. Prevención de los efectos que se derivan del cambio climático.5. Control de la intrusión salina para salvaguardar el suministro de agua dulce para los habitantes de la región.6. Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - canal. 7. Aseguramiento del recurso hídrico del Canal del Dique para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios. 8 Restauración de los ecosistemas Parques Nacionales y Naturales de Corales del Rosario y San Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernández".9. Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique.10. Mantener la navegación fluvial. Por otra parte, para el mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - canal, se realizarán obras hidráulicas como canales, compuertas y paso de peces, todas ubicadas en las ciénagas. Respecto al aseguramiento del recurso hídrico para obtención de agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios se implementará la operación de las compuertas de control en Calamar. La restauración de rondas de ciénagas y caños se realizará principalmente con actividades de protección de orillas y para mantener la navegación fluvial, son idóneos los dragados y esclusas.
Según los representantes del proyecto, entre las obligaciones principales del concesionario está acompañar y prevenir situaciones que pueden generar riesgo, tanto para las obras como a las comunidades alrededor, por lo cual se ha hablado con la comunidad para conocer sus principales preocupaciones alrededor del proyecto y su estilo de vida, dado que el proyecto no solo busca mejorar los ecosistemas sino también generar empleo de mano de obra alrededor de la mega construcción. Se estima, además, se podrían generar alrededor de 60.000 nuevos empleos con el Proyecto Ecosistemas del Dique entre los que se incluyen nuevas zonas agrícolas, rehabilitación de territorios clave para el mejoramiento de la pesca y la mano de obra que se utilizará antes, durante y posterior a la realización del proyecto, además de buscar la mitigación de las inundaciones para mantener a salvo a las poblaciones aledañas.Para llegar a esta conclusión Sacyr de la mana de la ANI ejecutó durante meses mesas de diálogo de agenda abierta para que el proyecto cubriera las expectativas de los pobladores y así generar oportunidades de desarrollo e inclusión. Son 19 los municipios que están alrededor de los 116 kilómetros del Canal del Dique, los cuales resultarán beneficiados de las obras de este proyecto de interés nacional que, además, incluye la restauración ecológica y la mejora de la navegabilidad sobre las aguas que conectan a Calamar con la Bahía de Cartagena.
El concesionario Sacyr será el encargado de la recuperación de ecosistemas ambientales y de mitigar el impacto ante probables inundaciones, con lo cual se beneficiarían 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Otro de los compromisos se adelantan con las víctimas del conflicto armado a través de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto, además de el planteamiento "Lo primero es saldar una deuda histórica que se tiene con la bahía de Cartagena". "El foco está en las personas, ya que beneficiarán cerca de 1´500.000 colombianos. Vamos a ayudarles a que generen una economía alrededor de lo que hoy ya saben hacer y adicionalmente vamos a ayudarlos en la mejora de su infraestructura social" afirmó Carlos Rosado vocero del concesionario Sacyr. Plan de dragado para garantizar la navegabilidad del Canal:Dragados requeridos que permitan la disponibilidad de la hidrovía según la profundidad, ancho y radio de curvatura definida en el Apéndice Técnico. Los dragados no serán de profundización, ya que el Canal del Dique cuenta con la profundidad necesaria.Etapas del proyecto: La primera etapa tendría una duración de 18 meses con finalización prevista en el año 2024. La segunda etapa sería abarcada en 4 años y 3 meses con finalización prevista para 2028. Y la tercera etapa tendría una extensión de 9 años y 1 mes con finalización prevista el año 2037.Para las tres etapas las actividades a desarrollar comprenden los siguientes puntos:• Desarrollo estudios técnicos /diseños definitivos.• Cierre Financiero.• Gestión Predial, Ambiental y Social.• Socialización del Proyecto y oficinas de atención usuario• Construcción de dos esclusas en Calamar yPuerto Badel para el control del caudal de agua y sedimento.• Mejoramiento de los complejos cenagosos(conexiones ciénaga – ciénaga y ciénaga – canal).• Complejo Calamar: compuertas para el control del caudal e inundaciones.• Complejo Puerto Badel: control de entrada de sedimentos a la Bahía de Cartagena.Para la iniciación del proyecto se trabajó con las comunidades, escuchando sus necesidades y preocupaciones e incorporando los lineamientos ambientales que las autoridades han integrado a través de los años. Estos procesos tuvieron que ver con justicia especial de paz y otro con medidas cautelares.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2026 por el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario en la zona rural de Dagua, Valle del Cauca, debido a la disputa territorial entre el ELN y el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.La advertencia comprende 17 de los 27 corregimientos rurales del municipio, además de sus veredas, cuatro cabildos indígenas Nasa, el resguardo indígena Nasa Yu’zxicxkwe y 14 consejos comunitarios afrodescendientes.Según la entidad, el nivel de riesgo para la población civil es extremo ante la posibilidad de combates, homicidios selectivos y múltiples, confinamientos, desplazamientos forzados y uso de explosivos por parte de ambos grupos, que se encuentran en guerra por el control territorial en esta zona del país.La Defensoría identificó dos dinámicas que configuran el escenario de riesgo. La primera corresponde al ingreso, entre junio y julio de 2026, del autodenominado Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del ELN, a sectores de la antigua vía al mar, donde disputa el control territorial al Frente Jaime Martínez.Esta confrontación se concentra en cuatro corregimientos: El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada. La alerta señala que la estructura del ELN ha instalado retenes ilegales y cometido homicidios, además de estigmatizaciones constantes contra la población.La segunda dinámica corresponde al avance y consolidación territorial del Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. La Defensoría advierte su presencia en otros 13 corregimientos y señala que Dagua funciona como un corredor estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.La entidad también alertó sobre el incremento de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explotar, así como el posible uso de drones cargados con granadas.De acuerdo con el documento, existe un riesgo elevado de reclutamiento forzado de menores, así como de utilización de niños y adolescentes en labores de logística e inteligencia y de afectaciones a su permanencia en el sistema educativo. También se advierte sobre la situación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación, incluidas tres mujeres y sus familias.Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 13 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional, departamental y local, con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones, disuadir las amenazas y garantizar la protección integral de la población.Las recomendaciones incluyen acciones de coordinación de la respuesta institucional, medidas de seguridad, investigación y acceso a la justicia, y mecanismos de prevención y protección. También contemplan el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el acompañamiento preventivo de los organismos de control.La Defensoría advierte que, si no se adoptan medidas preventivas, podrían intensificarse los enfrentamientos, aumentar los homicidios y los ataques con drones en zonas pobladas, prolongarse los confinamientos y producirse desplazamientos masivos en este territorio.
La revocatoria de la reserva ambiental de la Amazonía llegó a los estrados judiciales. Hernán Alberto Morantes Avendaño, director de la Comunidad Legal Derecho Vivo, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.La acción judicial busca dejar sin efectos la decisión del Gobierno nacional que revocó la Resolución 0961 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado como reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente un área de aproximadamente 48,3 millones de hectáreas del bioma amazónico.Uno de los principales argumentos de la demanda es que la revocatoria podría representar un retroceso en la protección ambiental, al retirar la medida que impedía otorgar nuevas concesiones mineras y celebrar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos dentro del área delimitada, con las excepciones contempladas en la resolución original.Derecho Vivo sostiene que las figuras de protección existentes no garantizan, por sí solas, la conservación de todo el bioma frente a las actividades extractivas. Según las cifras incluidas en la demanda, la minería está prohibida en cerca de 11,8 millones de hectáreas; otros 20,7 millones están sujetos a restricciones que podrían modificarse mediante la sustracción de áreas, mientras que 7,1 millones no cuentan con instrumentos que determinen expresamente si esa actividad está prohibida.Esa norma, adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, había declarado la zona como reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente. Además, de impedir nuevas concesiones y contratos, la declaratoria restringía el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para esas actividades."Nuestra Amazonía necesita una política integral de protección, construida con rigor técnico, seguridad jurídica y participación territorial; una política que responda a los problemas reales de la región y no una resolución expedida a las carreras, más útil para acaparar titulares que para garantizar resultados", dijo el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. La exministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió lo aprobado durante el gobierno anterior para proteger ese ecosistema. "Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonía, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución y en los documentos técnicos. Ni leyeron ni se aparecieron en el empalme", escribió en sus redes sociales. La organización ambiental, Derecho Vivo, también advierte que el 26 % del territorio del bioma amazónico carecería de una figura de protección ambiental, de acuerdo con los datos de la Resolución 0961 de 2026.Con base en estas cifras, el demandante cuestiona que el Ministerio haya sostenido que la revocatoria no implica una reducción de la protección ambiental. Además, señala que la decisión no estableció un plazo para adoptar una nueva medida de conservación ni contempló mecanismos transitorios que mantuvieran las restricciones mientras se adelantaban nuevos procedimientos.El Ministerio de Ambiente justificó la revocatoria, entre otras razones, en que no había culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, Derecho Vivo argumenta que la resolución original ya contemplaba una salvaguarda transitoria para que la reserva no produjera efectos sobre los territorios colectivos y en trámite de estas comunidades ni sobre sus prácticas tradicionales de producción mientras finalizaba la consulta.La demanda también señala que los pueblos indígenas habían protocolizado acuerdos relacionados con la reserva en la Mesa Regional Amazónica, en julio de 2026, y cuestiona que no se les hubiera consultado antes de retirar la medida.El documento plantea siete razones para solicitar la nulidad, entre ellas posibles irregularidades en la aplicación de las normas sobre revocatoria directa, el desconocimiento de los principios de prevención y no regresión ambiental y la falta de publicación del proyecto de revocatoria para comentarios ciudadanos.Además de la nulidad, el demandante pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 1405 de 2026 y restablecer, mientras se resuelve el proceso, la eficacia de la reserva declarada en agosto.La solicitud busca evitar que, durante el trámite judicial, se radiquen nuevas propuestas mineras o se adelanten procedimientos para asignar áreas destinadas a actividades de hidrocarburos que puedan generar situaciones jurídicas difíciles de revertir."Una consulta previa pendiente se termina; no se usa de excusa para abrir media Colombia a la minería y a los hidrocarburos", afirmó el abogado Hernán Morantes.Por ahora, la demanda y la solicitud de suspensión están pendientes de decisión judicial. La presentación de la acción no significa que el Consejo de Estado haya anulado la revocatoria ni que haya ordenado restablecer provisionalmente la reserva.
Una mujer colombiana solicitada por la justicia de Suecia por presunta extorsión agravada fue retenida por la Policía Nacional en Medellín mediante una Notificación Roja de INTERPOL.Se trata de Katerin Herrera Álvarez, señalada de integrar una red criminal que habría exigido millonarias sumas de dinero a víctimas en el país europeo mediante correos electrónicos fraudulentos que suplantaban a las autoridades policiales.De acuerdo con las investigaciones coordinadas con las autoridades europeas, la organización operaba en el municipio de Östersund, Suecia. Allí, presuntamente, enviaba mensajes en los que se hacía pasar por la Policía para intimidar a las víctimas y hacerles creer que enfrentaban procesos judiciales en su contra.Para presionarlas, los integrantes de la red amenazaban con supuestas penas de prisión, elevadas multas económicas e incluso con quitarles la custodia de sus hijos. A cambio de evitar estas falsas consecuencias judiciales, exigían transferencias bancarias de entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 34 o 36 millones de pesos colombianos por cada víctima.Las labores de verificación e inteligencia también permitieron reconstruir parte de la historia de Herrera Álvarez. Según la Policía, salió de Colombia a los cinco años junto con su madre, en condición de refugiadas bajo la protección de ACNUR, después de que su padre fuera asesinado por grupos guerrilleros. Tras permanecer dos años en Costa Rica, ambas fueron seleccionadas por el Gobierno sueco para recibir residencia permanente.La mujer vivió durante 23 años en Suecia, donde recibió asistencia estatal en vivienda, alimentación y educación, y llegó a formarse profesionalmente como jefa de enfermería. Posteriormente, decidió regresar a Colombia, argumentando complicaciones de salud de su madre. Desde 2024 residía en la vereda Toldas, en el municipio de Guarne, Antioquia.En Colombia, la mujer trabajó durante un año como administradora de un hotel en Medellín y, al momento de ser ubicada por las autoridades, se desempeñaba en la organización de eventos para una caja de compensación en Antioquia.Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. Ahora, la mujer permanece a la espera de que las autoridades diplomáticas y judiciales de Suecia formalicen la solicitud de extradición.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 27 de octubre de 2026:El actor Camilo Sáenz habló sobre su participación en 'La Mujer Prohibida', serie que se puede disfrutar en Netflix. Por otro lado, destacó los cambios de vivir en La Calera en comparación con Bogotá y su ritmo acelerado.El astrónomo Germán Puerta contó cómo es la exploración interplanetaria. Además, se le preguntó a los oyentes si sabían que actualmente en Marte hay tres rovers, robots exploradores.
El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, gracias a su cobertura en ciudades y municipios del país y a las distintas modalidades de apuesta que ofrece a los participantes.Número ganador del Dorado Mañana hoy, miércoles 28 de octubreEl resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores podrán comparar las cifras oficiales con las de sus tiquetes para comprobar si obtuvieron un premio.Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.La quinta: pendiente de publicación.Se recomienda verificar el resultado a través de los canales autorizados o en un punto de venta.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaEl juego contempla diferentes pagos según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan de premios indicado es el siguiente:Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las opciones disponibles para los participantes.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Según las condiciones indicadas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.Para realizar el trámite, se debe:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.