La revocatoria de la reserva ambiental de la Amazonía llegó a los estrados judiciales. Hernán Alberto Morantes Avendaño, director de la Comunidad Legal Derecho Vivo, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La acción judicial busca dejar sin efectos la decisión del Gobierno nacional que revocó la Resolución 0961 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado como reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente un área de aproximadamente 48,3 millones de hectáreas del bioma amazónico.
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Uno de los principales argumentos de la demanda es que la revocatoria podría representar un retroceso en la protección ambiental, al retirar la medida que impedía otorgar nuevas concesiones mineras y celebrar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos dentro del área delimitada, con las excepciones contempladas en la resolución original.
Derecho Vivo sostiene que las figuras de protección existentes no garantizan, por sí solas, la conservación de todo el bioma frente a las actividades extractivas. Según las cifras incluidas en la demanda, la minería está prohibida en cerca de 11,8 millones de hectáreas; otros 20,7 millones están sujetos a restricciones que podrían modificarse mediante la sustracción de áreas, mientras que 7,1 millones no cuentan con instrumentos que determinen expresamente si esa actividad está prohibida.
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Esa norma, adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, había declarado la zona como reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente. Además, de impedir nuevas concesiones y contratos, la declaratoria restringía el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para esas actividades.
La #PatriaMilagro busca proteger la Amazonía, el agua, la biodiversidad y las comunidades que habitan este ecosistema fundamental para el mundo.
— Fabio Arjona (@fabio_arjona) October 26, 2026
La minería ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras y las economías criminales, que encontraron espacio para expandirse… pic.twitter.com/Abiik5OtD8
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"Nuestra Amazonía necesita una política integral de protección, construida con rigor técnico, seguridad jurídica y participación territorial; una política que responda a los problemas reales de la región y no una resolución expedida a las carreras, más útil para acaparar titulares que para garantizar resultados", dijo el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.
La exministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió lo aprobado durante el gobierno anterior para proteger ese ecosistema. "Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonía, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución y en los documentos técnicos. Ni leyeron ni se aparecieron en el empalme", escribió en sus redes sociales.
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Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonía, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución y en los documentos técnicos. Ni leyeron ni se aparecieron en el empalme.
— Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) October 27, 2026
Sinceren sus intenciones más bien: a ustedes los mandaron a levantar… https://t.co/W71ixkHlDB
La organización ambiental, Derecho Vivo, también advierte que el 26 % del territorio del bioma amazónico carecería de una figura de protección ambiental, de acuerdo con los datos de la Resolución 0961 de 2026.
Con base en estas cifras, el demandante cuestiona que el Ministerio haya sostenido que la revocatoria no implica una reducción de la protección ambiental. Además, señala que la decisión no estableció un plazo para adoptar una nueva medida de conservación ni contempló mecanismos transitorios que mantuvieran las restricciones mientras se adelantaban nuevos procedimientos.
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El Ministerio de Ambiente justificó la revocatoria, entre otras razones, en que no había culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, Derecho Vivo argumenta que la resolución original ya contemplaba una salvaguarda transitoria para que la reserva no produjera efectos sobre los territorios colectivos y en trámite de estas comunidades ni sobre sus prácticas tradicionales de producción mientras finalizaba la consulta.
La demanda también señala que los pueblos indígenas habían protocolizado acuerdos relacionados con la reserva en la Mesa Regional Amazónica, en julio de 2026, y cuestiona que no se les hubiera consultado antes de retirar la medida.
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Prometieron respetar la Amazonía y a menos de tres meses de llegar al poder le abrieron la puerta a la minería y al petróleo.
— Yolanda Silva Romero (@YolandaSilvaRo2) October 28, 2026
El Gobierno De la Espriella revocó la resolución que excluía a toda la Amazonía colombiana de nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos. ¿La excusa?… pic.twitter.com/pB8crXGxH7
El documento plantea siete razones para solicitar la nulidad, entre ellas posibles irregularidades en la aplicación de las normas sobre revocatoria directa, el desconocimiento de los principios de prevención y no regresión ambiental y la falta de publicación del proyecto de revocatoria para comentarios ciudadanos.
Además de la nulidad, el demandante pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 1405 de 2026 y restablecer, mientras se resuelve el proceso, la eficacia de la reserva declarada en agosto.
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La solicitud busca evitar que, durante el trámite judicial, se radiquen nuevas propuestas mineras o se adelanten procedimientos para asignar áreas destinadas a actividades de hidrocarburos que puedan generar situaciones jurídicas difíciles de revertir.
"Una consulta previa pendiente se termina; no se usa de excusa para abrir media Colombia a la minería y a los hidrocarburos", afirmó el abogado Hernán Morantes.
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Por ahora, la demanda y la solicitud de suspensión están pendientes de decisión judicial. La presentación de la acción no significa que el Consejo de Estado haya anulado la revocatoria ni que haya ordenado restablecer provisionalmente la reserva.