“Se trata es de hacer esto público, notorio para que no solamente haya un compromiso del Gobierno Nacional sino también de esa guerrilla (ELN) para que cesen ese tipo de actividades crímenes tan atroces y en vista que las cosas son demoradas, lentas y que no garantizan que no se vuelvan a repetir pues acudimos a instancias internacionales”, dijo Cabrales en diálogo con Blu Radio. Cabrales afirmó que espera que el organismo internacional evalúe todos los hechos que rodearon su secuestro y la situación que su familia vivió después de ese acontecimiento. (Vea también: Gobierno sabe que se pagó por mi liberación: Ramón Cabrales) Cabrales fue secuestrado el 3 de septiembre de 2015 por cuatro hombres armados que interceptaron el vehículo en que viajaba desde una finca de su propiedad, con rumbo a Ocaña, Norte de Santander. El pasado 27 de marzo recuperó su libertad después de que su familia pagó una alta suma de dinero al ELN para su liberación. La familia de Cabrales también hizo un llamado por la joven abogada Melissa Trillos, víctima del secuestro ocurrido en Ocaña. Hasta el momento el ELN ha negado tenerla en su poder.
El Alto Consejero para la Provincia de Ocaña, Ramón José Cabrales, acudió este lunes ante la CIDH para solicitar protección para él y su familia. La solicitud fue elevada por el abogado internacionalista Víctor Mosquera. (Lea también: ELN nunca acordó con el Gobierno liberar a Ramón José Cabrales: ‘Antonio García’) Cabrales fue secuestrado el 3 de septiembre de 2015 por cuatro hombres armados que interceptaron el vehículo en que viajaba desde una finca de su propiedad, con rumbo a Ocaña, Norte de Santander. El pasado 27 de marzo recuperó su libertad después de que su familia pagó una alta suma de dinero al ELN para su liberación. (Lea también: Gobierno sabe que se pagó por mi liberación: Ramón Cabrales) La familia de Cabrales también hizo un llamado por la joven abogada Melissa Trillos, víctima del secuestro ocurrido en Ocaña. Hasta el momento el ELN ha negado tenerla en su poder.
Así mismo, el jefe del Ministerio público señaló que el Estado colombiano fue incapaz de garantizar los derechos a la libertad, la integridad y la vida por lo que rechazó las declaraciones de Cristo en las que daba a entender que la familia de Cabrales podría haber incurrido en un delito por pagar por el secuestro de Ramón José.
Cabrales reveló que el ELN pidió 3 millones de dólares por su liberación, “y esa fue la primera cifra que había, al final sé que hubo una pretensión económica que se dio y pues eso terminó con mi liberación, además porque el Gobierno presionó para eso y la ciudadanía hizo mi secuestro visible”. (Lea también: Secretario de Gobierno de Norte de Santander confirma liberación de Cabrales). Sobre las palabras del ministro Juan Fernando Cristo tras su liberación, Cabrales dijo que “ellos saben que hubo plata de por medio, al final se tuvo que pagar para que yo pudiera salir”. El ingeniero aseguró que cuando fue secuestrado le fue permitido hacer una llamada “que usé para llamar a mi mamá y decirle que estaba en manos del ELN, que era un plagio político y económico y ahí empezó la pesadilla que duró 203 días”. (Lea también: Santos no recibió a la madre de Ramón Cabrales, dice su familia). Dijo que ninguno de los altos mando del ELN “me dio la cara, eran otros como un alias ‘Raúl’ que fue quien me dijo que iban a pedir 3 millones de dólares que en medio de mi preocupación me dio como risa porque yo un ciudadano normal de dónde iba a sacar eso”. Recordó que en su familia tres de sus tíos fueron víctimas del secuestro, dos de ellos fallecieron en cautiverio, “y yo siempre tuve miedo de terminar así porque se corren todos los riesgos que uno se pueda imaginar”. Agregó que nunca supo realmente el lugar exacto donde estuvo secuestrado porque “siempre estuve con mucha seguridad y los traslados lo hacíamos de noche, yo creo que fue al norte del departamento porque los vuelos que pasaban por el lugar medio de orientaban”. Explicó que el video de la prueba de supervivencia que se conoció en el mes de diciembre, “fue realmente grabada en octubre, mi familia lo reveló hasta ese mes por miedo de mostrarlo antes”. Además, dijo que el ELN pidió 100 millones de pesos a sus allegados para enviar un nuevo video como prueba de su estado “pero ellos se negaron y mis condiciones por esa época empeoraron”. Afirmó que aún no ha decidido qué hacer con su familia “porque nosotros somos gente de bien en Ocaña, aquí nos reconocen por eso, pero pues estamos analizando la situación para ver si seguimos aquí o nos vamos a otro lado”.
Cabrales, administrador de empresas de 40 años de edad, fue entregado a sus familiares por medio de delegados de la Iglesia católica cerca de la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Fuentes cercanas al caso consultadas por Efe dijeron que Cabrales fue liberado en Teorama, municipio a unos 35 kilómetros de Ocaña, y permanece con su esposa, Melisa Castro, en la Casa Cural de esa localidad. Un testigo de la llegada del recién liberado al pueblo relató a Efe que Cabrales, su esposa y un sacerdote llegaron a la plaza de Teorama a bordo de un vehículo todoterreno y de inmediato ingresaron en la Casa Cural. Cabrales, que fue secuestrado el pasado 3 de septiembre cuando salía de una granja familiar en las afueras de Ocaña, segunda ciudad de Norte de Santander, añadió que con su liberación está "despertando de una pesadilla". "Es muy triste, el secuestro es de los peores delitos que puede haber y ojalá no existiera en este país; los colombianos no merecemos este tipo de crímenes", añadió. La liberación de Cabrales se produce tres días después de que el ELN entregara a una misión humanitaria de la Iglesia católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al cabo del Ejército Jair de Jesús Villar, secuestrado el 3 de febrero en las afueras de Segovia, departamento de Antioquia (noroeste). El pasado sábado, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró al ELN la exigencia de liberar a "todos los secuestrados" si quiere iniciar un proceso de paz, para el cual esa guerrilla está en contactos "exploratorios" con el Gobierno desde enero de 2014.
A través de las redes sociales, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, Óscar Robayo, denunció una nueva amenaza en contra de los funcionarios del Inpec, un panfleto en el que se anuncia un nuevo plan pistola a partir del 13 de mayo. "Continúan con la opresión y malas decisiones, ya que ahora vemos, según nos van a trasladar a un búnker", se puede leer en el comunicado, que está firmado con la sigla M.A.G.O, que significa 'Muerte a Guardianes Opresores". Esta amenaza se da a conocer, tan solo pocas horas después del anuncio que hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde Tuluá, sobre el traslado hasta las instalaciones de la DIJIN, de los principales cabecillas de la banda criminal 'La Inmaculada', que se encuentran privados de la libertad, para evitar que sigan ordenando acciones violentas desde las cárceles. Cabe señalar que en el consejo de seguridad realizado en las últimas horas en el municipio de Tuluá, el gobierno nacional dejó en claro que no está dispuesto a iniciar un proceso de diálogo con esta banda delincuencial. "El gobierno nacional ha manifestado que frente a la solicitud de negociación de esta banda, no hay una decisión positiva para hacer este tipo de acercamientos. Por el contrario, lo que el gobierno planteó es reforzar los organismos del estado para seguir combatiendo la criminalidad", aseguró el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Ante este mensaje intimidatorio, la Unión de Trabajadores Penitenciarios le solicitó al ministro de Defensa reconsiderar la decisión de descartar el diálogo con este grupo, pues no desean seguir perdiendo compañeros.
En Barrancabermeja declaran alerta naranja en el río Magdalena debido a que su caudal está aumentando por las lluvias del Fenómeno de la Niña, lo cual puede causar inundaciones en varios sectores poblados.La declaratoria de emergencia se hace para prevenir a las poblaciones que se encuentran cercanas al afluente hídrico, las cuales pueden sufrir inundaciones y pérdidas de cultivos y reses.“En el marco de las diferentes estrategias que se implementan en este momento en el distrito de Barrancabermeja en el marco de lo que es el fenómeno de La Niña en esta primera temporada de lluvias del 2024 debemos informar que el día de hoy hemos declarado alerta naranja por el nivel del río Magdalena que es monitoreado constantemente en alianza con CorMagdalena en el punto de medición que tenemos en el muelle, adicional se complementa con cada uno de los reportes diarios que recibimos por parte de lo que es la estrategia de monitoreo constante y la búsqueda de escenarios resilientes para toda la población barranqueña”, dijo el subsecretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Herrera.Las recientes lluvias que azotaron a Barrancabermeja han dejado varias emergencias, con un total de 80 incidentes reportados según la Oficina de Gestión del Riesgo, como la caída de árboles, viviendas destechadas y la suspensión del servicio eléctrico en diversas zonas de la ciudad.“Frente a lo que pueden ser las consecuencias de esta temporada de lluvia es importante enviar un mensaje a las comunidades que se encuentran en orillas de los cuerpos hídricos principales de nuestro Distrito para que se mantengan alerta y en constante comunicación con la alcaldía distrital y la subsecretaría de Gestión del Riesgo del distrito y también invitarlos a que ante cualquier situación reporten a los números de emergencias donde estaremos prestos al 100% para atender cualquiera de sus necesidades”, agregó Herrera.
La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá calificó provisionalmente la falta de Vanessa González Montoya como gravísima a título de dolo, luego de ser investigada por presuntamente auto aprobarse un subsidio y expedir un acto administrativo para realizar un curso de inglés en la Universidad EAFIT cuando se desempeñaba como secretaria de Gestión Humana de Medellín.El Ministerio Público profirió cargos en contra de esta exfuncionaria de la administración de Daniel Quintero, por lo que considera presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos de la ciudad. Ahora, busca comprobar si se desembolsó finalmente a la institución educativa el dinero.Además, la Procuraduría dio a conocer que investiga si la capacitación solicitada y avalada por la servidora pública era de utilidad y pertinencia en el uso de su cargo, como es de carácter obligatorio según lo establecido en los estatutos de la Alcaldía de Medellín para que sea autorizado a los trabajadores del distrito. Debido a esto, el ente de control está en proceso de confirmar si la exsecretaria vulneró el principio de moralidad que establece la ley.]Su defensa desde el inicioVale la pena recordar que cuando este tema salió a la luz, en 2022, González se pronunció luego de varias denuncias hechas por medios de comunicación sobre el aval que ella misma se otorgó para acceder a un curso de inglés subsidiado. Primero, la funcionaria explicó en su momento en un comunicado que la administración municipal tiene un plan institucional de formación dirigidos de servidores públicos y para acceder, se debe radicar una solicitud ante la secretaría de Gestión Humana, es decir la que ella dirige, con una documentación que es evaluada por esa misma dependencia.“A través de este programa, que no representa un subsidio, por medio de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, cada año el distrito pone a disposición de todos los servidores diferentes opciones de formación y capacitación, dentro de ellos, cursos de bilingüismo”, decía el comunicado.
Tras cuatro reuniones en el marco de los diálogos regionales de paz quedó listo para la revisión del alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, el borrador del protocolo del desminado humanitario que, en un comienzo, se ejecutará en tres municipios del suroccidente de Nariño.El documento, que tiene diez páginas, fue elaborado con mucho cuidado por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de la Defensa, la Gobernación de Nariño y el Frente Comuneros del Sur.Este protocolo marco, que está ya en revisión del Gobierno Nacional, permite que en Nariño comience el desminado humanitario en el marco de los compromisos adquiridos en la instalación del primer diálogo social con la población civil que se cumplió el pasado nueve de marzo del 2024.Este documento quedó finiquitado a las puertas de que el Alto Comisionado para la Paz anuncie cuál es el paso a seguir con el Frente Comuneros del Sur, luego de que esta agrupación rebelde decidiera declarar la ruptura con el Coce y la dirección nacional de la guerrilla del ELN.Inicialmente se conoció que los municipios a intervenir por un equipo interinstitucional de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, el Ministerio de la Defensa, la Gobernación de Nariño y el Frente Comuneros del Sur son Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachavés, en el suroccidente de Nariño, donde los habitantes de 33 veredas han manifestado su temor por los campos minados.Aunque en el documento no se establece un período fijo para lograr la descontaminación de la zona, lo que sí quedó claro es que los resguardos indígenas y veredas tendrán prioridad para lograr que los más de dos mil habitantes puedan retornar a sus fincas a trabajar.El Frente Comuneros del Sur deberá garantizar el ingreso de los funcionarios asignados y, en conjunto, se realizará un mapeo de las áreas donde fueron sembradas las minas antipersonal.Líderes sociales del suroccidente de Nariño celebraron la construcción de dicho protocolo y manifestaron que tienen fe y esperanza en que ya no habrá más víctimas por la utilización de esos artefactos no convencionales que han cobrado la vida de un gran número de campesinos y han dejado a otros mutilados.
En la mañana de este sábado, 11 de mayo, se conoció la boleta de libertad de Salvatore Mancuso que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.La boleta va dirigida a Mauricio Ríos, director de la cárcel de la Picota. Se espera que la libertad del exjefe paramilitar se de en los próximos días.Allí se lee: De manera atenta y para los fines pertinentes me permito comunicarle que, en audiencia celebrada el 9 de mayo de 2024, esta Magistratura con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, concedió al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, la sustitución de cincuenta y siete (57) medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario impuestas en esta jurisdicción, por una no privativa de la libertad consistente en la suscripción de un acta compromisoria, conforme al artículo 39 del Decreto 3011 de 2013.El abogado del exjefe paramilitar, Nelson Menjura, dijo que su defendido tiene la intención de cumplir con los requisitos impuestos por el juez.“Son las últimas que estaban en su contra vigentes por parte de esta justicia transicional. Lo que ahora opera es la notificación que esta mañana se surtió al Inpec respecto de esa libertad de Salvatore y los tramites de verificación administrativo que hace el Inpec para verificar que no haya otro requerimiento de alguna autoridad ordinaria y, si se evidencia alguno de ellos, es oficiar a esa autoridad para establecer el estado actual de esa eventual medida de aseguramiento”, explicó en diálogo con Mañanas Blu.Además, ante la polémica, aseguró que Mancuso tiene un compromiso con las víctimas, también con el “proceso de justicia y paz, la reconstrucción del tejido social y el compromiso de no repetición y la reparación”; sin embargo, existen críticas respecto a la falta de verdad revelada sobre su relación con los otros crímenes que se cometieron.