Una organización criminal que captaba mujeres con falsas promesas de trabajo para explotarlas sexualmente en Bogotá fue desarticulada en las últimas horas. La estructura delinquía bajo la fachada de dos establecimientos tipo spa, ubicados en las localidades de Kennedy y Engativá, donde las víctimas eran sometidas a controles económicos y restricciones.El operativo se desarrolló mediante dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios La Riviera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar, en el cual se capturó a cinco personas por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. La investigación de 10 meses incluyó interceptaciones telefónicas, labores de vecindario, búsquedas selectivas y reconocimientos fotográficos.De acuerdo con las autoridades, las mujeres eran contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde les ofrecían supuestas oportunidades laborales en centros de bienestar. Sin embargo, una vez aceptaban la propuesta, eran trasladadas a un establecimiento identificado como Sara SPA, donde eran obligadas a ejercer actividades de explotación sexual.Las investigaciones permitieron establecer que cada integrante de la estructura tenía funciones definidas. Alias ‘Sara’, señalada como la cabecilla, sería la responsable de captar a las víctimas mediante engaños. Alias ‘Stiven’, su compañero sentimental, administraba los establecimientos y registra antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales.Alias ‘Natalia’, hija de la líder, reclutaba mujeres a través de plataformas digitales y administraba uno de los inmuebles. Alias ‘Ángel’, también hijo de ‘Sara’, difundía contenido explícito para promocionar los servicios ilícitos, mientras que alias ‘Yudy’ administraba otro de los inmuebles y, según la investigación, imponía multas de entre $100.000 y $150.000 diarios a las mujeres cuando se enfermaban o no podían atender clientes.Durante los allanamientos fueron identificadas siete víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes recibieron atención y medidas de protección con el apoyo de Migración Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad, luego de que el caso se conociera por una denuncia anónima.Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.
La Policía Nacional española liberó a 15 mujeres chinas sometidas a explotación sexual en Palma de Mallorca y detuvo a 14 personas de la organización que las captó con engaños y las mantenía bajo un régimen de esclavitud, informó este sábado el cuerpo policial.En un comunicado, la policía explicó que la red se lucraba no solo con la explotación sexual, sino también con la venta de estimulantes y drogas a los clientes."Las víctimas permanecían bajo un régimen de esclavitud, debían estar disponibles de forma permanente y forzadas a realizar servicios a domicilio", señaló la Policía Nacional.Red de proxenetas ofrecía trabajos como masajistas"Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España tras aceptar supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras", añade el comunicado.La operación, en la que colaboró la ONG Our Rescue, se saldó con 14 detenidos: 12 en las islas Baleares -el archipiélago al que pertenece Mallorca- y 2 Barcelona. Siete de los detenidos ingresaron en prisión provisional.Todos los detenidos son de nacionalidad china menos uno, español, explicó la policía. Con los ingresos obtenidos por la actividad "se realizaban envíos de dinero a ciudadanos chinos encargados de efectuar el cambio de moneda a yuanes, ingresándose posteriormente en cuentas bancarias en China".Las mujeres eran obligadas a trabajar "las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin libertad ambulatoria y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente".La policía recibió dos denuncias anónimas y, además, una de las víctimas logró escapar y denunció haber sufrido agresiones sexuales y físicas, un testimonio que fue "crucial" para la investigación, indicó la Policía Nacional.
A la cárcel el Bosque de Barranquilla y El Buen Pastor fueron enviados los dos hombres y la mujer capturados por la presunta explotación sexual de adolescentes a las que usaban como modelos webcam en una casa del barrio Los Robles, del municipio de Soledad, la cual llamaban La Casa estudio.Los investigados son Javier Sebastián Barragán Turizo, Ronny De Jesús González Reyes y Angeli del Carmen Magdalena Puche, quienes se enfrentan a un proceso por los delitos de proxenetismo con menor de edad y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.Estas personas, de acuerdo con la Fiscalía, vendían el contenido sexual que grababan con la menores a través de plataformas digitales. En el inmueble donde se produjeron las capturas fueron encontradas cinco adolescentes ente los 13 y 17 años, las cuales, fueron captadas a través de Facebook, en los mismos colegios y hasta en una fundación donde les brindaban ayudas.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que fueron seis meses de investigación los que adelantó la Policía de infancia y adolescencia junto con el CTI de la Fiscalía.“Se tiene conocimiento que estas personas, al parecer, instrumentalizaban menores. Inicialmente, las prostituían para luego ofrecer servicios a través de webcam. También tenemos conocimiento que, al parecer, los padres tenían conocimiento de esa actividad y había sido autorizada por ellos, pero hará parte del proceso investigativo que se adelanta por parte de la Fiscalía para el esclarecimiento total de estos hechos.Blu Radio conoció que las menores debían cumplir horarios de trabajo de 8:00 a 10:00 de la mañana y luego de 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, con derecho a un día de descanso en el que no salían solas de la Casa Estudio.El pago era de acuerdo con la cantidad de diamantes que recibían por hacer sus bailes y desnudarse ante clientes que estaban conectados por una plataforma virtual.Las adolescentes fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.La Fiscalía tiene en su poder diez teléfonos móviles, una agenda y tres micro SD que están siendo analizados por los investigadores para dar con otras personas que estarían detrás de esta red de explotación sexual infantil.
Capturaron en la ciudad de Bucaramanga a alias ‘La Negra’, quien era buscada por las autoridades por el delito de proxenetismo. Esta persona, de 22 años y nacionalidad venezolana, organizaba encuentros sexuales para turistas ofreciendo adolescentes menores de edad y mujeres sometidas, las engañaba ofreciéndoles un hogar y ya en el inmueble las obligaba a hacerse fotos y videos, que eran su catálogo de venta."Gracias al trabajo conjunto de agentes infiltrados se logra todo el material probatorio para su captura”, aseguró el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía metropolitana de Bucaramanga.En varios barrios de la ciudad captaba a adolescentes y mujeres entre los 18 y 22 años para, posteriormente, ponerlas en catálogos ofreciendo sus servicios. El último barrio donde pretendía cometer este delito era La Victoria estrato 4, donde tenía su casa dedicada al proxenitismo.La comercialización de las menores se realizaba mediante redes sociales, por lo que fue importante el proceso de investigación adelantado."Los agentes encubiertos trabajaron de la mano con la Fiscalía por el delito de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución”, afirmó el General Bello.A raíz de las pruebas se obtuvo la orden de captura, pero el proceso continuó, ya que esta mujer tenía bajo su mando muchos secuaces que aún se encuentran libres. La red que manejaba era la que más ganancias generaba en Bucaramanga por estos delitos.El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que “esta mujer, alias ‘La Negra’ se dedicada a contactar, buscar, reclutar e instrumentalizar, mediante internet, menores de edad para la prostitución."Junto a la Policía, la Fiscalía, el Ejército y el CTI se da este golpe importante", dijo el mandatario.Ratificó que esta mujer, de nacionalidad colombo venezolana, era una de las proxenetas más buscadas y quién más dinero generaba por explotación sexual infantil en Bucaramanga, las ofrecía a extranjeros, y las llevaba a fiestas sexuales donde eran víctimas de aberraciones y vejámenes. "La lucha contra los delincuentes no va a parar los vamos a capturar y que paguen por lo que hacen contra nuestros niños”, resaltó el mandatario.La mujer quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante un juez de control de garantías por los delitos anteriormente mencionados.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Ignacio Gaona Pérez, propietario de una falsa agencia de viajes, y Angie Lorena Araque Manchola, una de sus empleadas, por presuntamente facilitar la salida del país de jóvenes colombianas para ser explotadas sexualmente en China. La investigación reveló una compleja red de trata de personas."Estas dos personas deberán responder en juicio como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas y tentativa de trata de personas", informó la Fiscalía. Entre junio de 2016 y octubre de 2019, se ha demostrado que Gaona y Araque gestionaron tiquetes, pasaportes y visas para cuatro mujeres de entre 19 y 25 años, captadas en Ipiales, Pereira y Medellín. Atraídas por ofertas de trabajo como comerciantes mayoristas, las víctimas fueron engañadas con la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, al llegar a Guangzhou, se encontraron en una situación devastadora: fueron despojadas de sus documentos y obligadas a trabajar en un club nocturno para saldar una deuda ficticia por los costos del viaje. Tres de estas jóvenes lograron escapar y, con la ayuda del consulado colombiano en China, regresaron a su país. En sus declaraciones, relataron haber sufrido maltratos físicos y emocionales, diseñados para someter su voluntad y forzarlas a cumplir con los requerimientos del grupo delictivo.Engañan a mujeres en Colombia con promesas de empleo en Asia: las usan en explotación sexualHay alerta en Colombia por una peligrosa red de trata de personas que, bajo engaños, recluta a mujeres con falsas promesas laborales y altos salarios en Bogotá, Medellín y municipios aledaños, con el fin de llevárselas a países en Asia. Una vez allí, las víctimas son sometidas a diferentes vejámenes y obligadas a ejercer la prostitución en locales conocidos como karaokes.Cuando las víctimas incautas mordían el anzuelo, la organización criminal les facilitaba los documentos de identificación necesarios para sus respectivos traslados a Incheon, en Corea del Sur. En esa ciudad, las obligan a ejercer la prostitución bajo amenazas.Según la investigación, las víctimas no reciben ninguna clase de pago; sin embargo, les son impuestas multas por incumplir exigencias de sus captores o proxenetas al momento de realizar servicios sexuales. En algunos casos, las víctimas son obligadas a sostener relaciones sexuales sin protección y, en caso de quedar en estado de embarazo, son forzadas a abortar bajo amenazas de hacer daño a su integridad y a la de sus familiares en Colombia.En las últimas horas, la Dijin de la Policía capturó a dos mujeres, identificadas con los alias de ‘La Paisa’ y ‘Camila’, quienes cumplían funciones de reclutadoras para la organización criminal en Colombia. ‘Camila’ era la encargada de la captación de víctimas en Medellín.
"Sobrevivir de una forma digna, no perder la dignidad", es el mensaje de Jimena para evitar que otras mujeres que llegan a España desde América en busca de un sueño terminen cayendo en la prostitución "como camino fácil" para ganar dinero.Jimena, nombre ficticio para preservar su identidad, es una joven colombiana que tiene ahora a la Fundación Cruz Blanca como su familia en España, gracias a la ayuda de esta entidad para que dejara atrás la prostitución. "Uno tiene que tener valores y principios, tiene que amarse y respetarse", para "buscar la salida de otra forma, de cualquier otra, pero no en la prostitución", dice a EFE sobre el consejo que daría a otras mujeres para que eviten lo que ella tuvo que pasar."Una explotación"En España son recurrentes las operaciones de la Policía en las que son liberadas mujeres de Sudamérica, sobre todo de Colombia, Venezuela y Paraguay, víctimas de explotación sexual.Por ello agradece "muchísimo" el apoyo de esta fundación de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca que atiende a personas vulnerables y en situaciones de exclusión, como las víctimas de trata, con una atención personalizada.Ella dejó su país para venir a España "con sueños de trabajar, de ayudar a la familia: la ilusión de tener también a mis hijos en algún momento aquí".Pero se encontró con gente que "se aprovecha de tus necesidades", llegó un momento que no sabía "de dónde echar mano" y no vio otra opción que terminar en un club de alterne."No es trabajo, es una explotación", denuncia, algo "muy duro, muy fuerte todo".Un negocio que suele ir acompañado de otro, el de la droga, para enganchar tanto a clientes como a quienes son explotadas, lo que lleva a la "depresión, a la tristeza", un sentimiento que aflora en su rostro mientras lo relata."Estaba muy sola, me sentía triste", recuerda, con temor a caer en la droga y el alcohol sin poder luego salir, con "miedo a todo lo que vivía ahí en ese club".Apoyo emocional"Empiezas a sentir depresión, a culparte, a decir en qué momento me metí en eso, qué va a pasar con mi vida, mis hijos, mi familia", lamenta.Hasta que conoció a la Fundación Cruz Blanca: "Me cambió la vida".Otros nombres prefiere dejarlos en su pasado mientras destaca en cambio el de Esther Teigell, mediadora de la Fundación que la da apoyo."Valoro mucho el apoyo psicológico, el apoyo emocional, porque uno se siente tan solo", subraya, pues no es fácil dejar atrás esa vida que nunca estuvo en su sueño al llegar a España.Ahora su ilusión está enfocada en conseguir permisos como el que le permita trabajar. Tiene formación en enfermería y le gusta el cuidado de mayores, pero puede hacer desde camarera o cocinera hasta ayudante en la construcción."Poder tener un trabajo y vivir una vida normal como todas las personas", aún consciente de que el papeleo lleva tiempo.El 90 por ciento de las víctimas atendidas por la Fundación son extranjeras. El 84 por ciento son mujeres, víctimas de explotación sexual.La Organización Internacional del Trabajo estima que casi 50 millones de personas en el mundo sufren trata y explotación laboral o sexual.Una esclavitud que cada año reporta a los explotadores unos 150.000 millones de dólares en todo el mundo, según Naciones Unidas.En España, la Policía y la Guardia Civil liberaron a casi 300 víctimas de estas redes el año pasado, más de un tercio de ellas de Colombia, seguidas de Venezuela y Paraguay, pero también de Brasil, República Dominicana, Uruguay, Cuba, Argentina y Perú.
Mujeres de distintas nacionalidades de América Latina representan la mayor parte de quienes se encuentran en situación de prostitución en España, según un informe presentado este lunes.En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución, la mayoría mujeres, de acuerdo a una investigación de la asociación especializada In Género, que calcula que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se practica.Esta asociación, que atiende a víctimas de trata y explotación sexual y a personas en situación de prostitución, elaboró el informe a partir de más de 4.500 cuestionarios.La mayoría de las personas atendidas por la asociación en 2023 tenían entre 23 y 42 años (76,8 %), seguidas de las que tenían entre 43 y 79 (18 %) y entre 18 y 22 años (5,2 %). La media se situó en los 35 años.También una mayoría eran extranjeras: colombianas (29,1 %), paraguayas (15,5 %), dominicanas (13,4 %), venezolanas (7,8 %), rumanas (7 %), brasileñas (6 %), ecuatorianas (3,3 %), peruanas (2,5 %) y cubanas (1,9 %). El 4,5 % eran españolas.Un 36,9 % se encontraba en situación administrativa irregular, un 53,7 % regular, el 2,7 % tenía visado turístico y el 6,7 % estaba tramitando su documentación.El 63,2 % de las personas atendidas afirma que llegaron a España con un objetivo distinto de la prostitución, mientras que el 36,8 % restante sí sabía que lo haría.Las fuerzas de seguridad informan de forma recurrente de casos de mujeres en situación vulnerable en países de América Latina que son captadas para que viajen a España con engaños de un trabajo y luego son explotadas sexualmente.El 40 % lleva menos de un año en contextos de prostitución, el 21,5 % entre uno y tres años, el 13,3 %, entre cinco y diez años y un 12 % más de una década.Más del 95 % de las personas en contextos de prostitución tienen cargas familiares y alrededor de un tercio de ellas ha recurrido a los servicios sociales, mientras que un 47,8 % ni siquiera los conoce.
Revivió el aberrante caso de la 'Comunidad del Anillo', pues, este viernes, 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena para dos coroneles en retiro porque haber inducido a jóvenes estudiantes de la Policía Nacional a ejercer la prostitución al interior de la entidad. La investigación de más de cinco años reveló que los coroneles (r) Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, entre de 2005 y 2006, en la Escuela de Cadetes General Santander con el fin de contactar jóvenes, lo que hacían era ganarse su confianza con regalos e invitaciones a almorzar o a eventos deportivos y culturales; y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales.Habrían sido al menos cinco estudiantes de la Policía Nacional los que habrían accedido a participar en estos, pues, según la Fiscalía, vivieron presiones y amenazas de que no podrían seguir la carrera. Todo se dio cuando accedieron a reunirse con el coronel (r) Castellano, quien en ese momento era jefe de Seguridad del Congreso."En el curso del proceso fueron identificados, por lo menos, cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República", indicó la Fiscalía.Por otro lado, se estableció que el entonces mayor Torres Ojeda, que tenía a su cargo los alumnos, intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de las escuela para que acudieran a los encuentros con su superior, el coronel (r) Castellanos.Gracias a estas y más pruebas, una juez penal de conocimiento de Bogotá emitió una condena contra estos dos coronales (r), además los declaró responsables del delito de constreñimiento a la prostitución. El monto de la condena se conocerá a finales de septiembre.Le puede interesar
Varias mujeres de Medellín terminaron siendo prostituidas en Francia, tras viajar allí reclutadas por una organización delincuencial integrada por un policía activo, un expolicía y otras personas.Se trata del intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza, el subintendente retirado Álvaro Hernández Pérez y el civil Diego Armado Cárdenas Gaitán. Según la Fiscalía, estos 3 sujetos presuntamente serían los encargados de captar víctimas en la capital antioqueña ofreciéndoles trabajo como modelos webcam en Francia, donde terminaban obligadas a ejercer la prostitución.La investigación evidencia que estos hombres, al parecer, mantenían una comunicación permanente con los articuladores de la organización delincuencial en Europa, identificados como el ciudadano griego Georges Kalliterakis, a quien apodan León, y con patrullero de la Policía colombiana en retiro, Jorge Jhovan Restrepo Lemus.“A las víctimas les aseguraban que tendrían un pago fijo de 20 millones de pesos colombianos. Les pedían imágenes en ropa interior, pero cuando llegaban a Marsella, Niza y Montpellier, en Francia, se percataban que los registros fílmicos habían sido publicados en comunidades virtuales donde ofrecían sus servicios sexuales”, describió el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez.El golpe a la redLa red de trata de personas estuvo activa entre enero de 2022 y el 7 de marzo de 2023, fecha en la que las autoridades de Francia rescataron a 4 víctimas y capturaron a 5 de los articuladores, entre ellos alias León y al patrullero en retiro Restrepo Lemus.La Fiscalía precisó que la pesadilla para una de las víctimas comenzó en agosto de 2022, cuando ingresó al comanda de la Policía del Valle de Aburrá a vender unas boletas, porque Diego Armado Cárdenas Gaitán la ayudó.El informe continúa así: “En el lugar le presentaron al entonces jefe de guardia, el intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza, quien presuntamente le hizo el ofrecimiento inicial para ir a Francia y mantuvo contacto permanente con ella hasta convencerla y garantizar su salida a Europa”.La mujer fue golpeada por León en Marsella y allí la obligaron a sostener relaciones sexuales en condiciones indignas. A ella, a otras 2 colombianas y a otra mujer las autoridades francesas las rescataron el 4 de diciembre de 2022.Le puede interesar:
Inicialmente, alias ‘La Madame’, estuvo recluida en el Buen pastor y desde, diciembre de 2019, fue trasladada a la cárcel Picaleña de Ibagué, para pagar la condena de 8 años y un mes de cárcel por los delitos de inducción a la prostitución y concierto para delinquir agravado luego de haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía.Alias ‘La Madame’, su esposo Gustavo Ruiz, su padre Carlos Enrique Campo y su sobrino Omar Robles, aceptaron los cargos en los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. De acuerdo con el propio abogado de Campos Puello, Iván Díaz, por aceptar los cargos por concierto para delinquir y trata de personas, la pena para Liliana Campos y su compañero sentimental quedó en 8 años y 6 meses, y la del padre fue de 4 años 8 meses.Cabe resaltar que, alias ‘La Madame’ fue capturada el 1 en julio de 2018. La investigación de la Fiscalía permitió establecer que la señalada lideraba una organización dedicada al proxenetismo de mujeres en el Caribe, organizando fiestas sexuales tanto en el centro histórico, como en islas cercanas en Cartagena.Este viernes 26 de mayo, un juez ordenó la libertad a Liliana del Carmen Campo Puello, alias ‘La Madame’ y saldrá del pabellón de mujeres de la cárcel de Picaleña de Ibagué (Tolima), donde estaba recluida.Le puede interesar:
Estrenar llantas no significa que no se tienen que cuidar, pues hay prácticas que pueden acelerar el desgaste, provocar daños internos o incluso afectar la capacidad de agarre del carro. Expertos de Continental Tires advierten que varios de estos errores ocurren durante los primeros kilómetros después del cambio y otros aparecen por descuidos de mantenimiento.Manejar agresivamente desde el primer díaLas llantas nuevas necesitan un periodo inicial de adaptación. Durante las primeras 500 millas, unos 805 kilómetros, se recomienda evitar aceleraciones fuertes, frenadas bruscas y tomar curvas de manera agresiva.También conviene evitar derrapes, golpes contra andenes y pasar rápidamente por huecos o resaltos, prácticas que pueden deteriorar los neumáticos.Elegir una llanta que no corresponde al carroNo todas las referencias sirven para cualquier vehículo. Al reemplazarlas hay que respetar características como tamaño, índice de carga, código de velocidad, estacionalidad y diseño de la banda de rodadura.Si solo se cambia una llanta, esta debería mantener características compatibles con las otras tres y, de ser posible, ser de la misma marca. Tampoco se recomienda instalar unas con menor capacidad de carga que la especificada por el fabricante.Montarlas en un rin equivocado o deterioradoUna llanta nueva necesita un rin en buenas condiciones. Si este está doblado, oxidado, agrietado o presenta daños, debe revisarse o reemplazarse antes del montaje.También es un error utilizar un neumático en un rin de tamaño incorrecto, ya que la combinación puede comprometer su funcionamiento.Instalar la llanta en el sentido incorrectoAlgunos neumáticos tienen una orientación específica. En las llantas asimétricas, una cara debe quedar hacia el exterior, mientras que las direccionales tienen una flecha en el costado que indica el sentido de giro.Montarlas al contrario puede afectar el comportamiento previsto por el fabricante y reducir la capacidad de tracción.Usar la presión máxima como referenciaEl número que aparece en el costado de la llanta indica la presión máxima que puede soportar, no necesariamente la recomendada para el vehículo.La presión adecuada aparece normalmente en la etiqueta ubicada en el marco de la puerta del conductor. Debe revisarse al menos una vez al mes y con las llantas frías. Circular con presión insuficiente puede aumentar la temperatura y ocasionar daños internos, mientras que una presión excesiva también puede incrementar el riesgo de daños.Olvidarse de la alineación, balanceo y rotaciónDespués de instalar llantas nuevas es importante realizar el balanceo y comprobar la alineación. Además, la rotación periódica ayuda a distribuir el desgaste.El intervalo depende del fabricante, aunque una referencia habitual está entre 8.000 y 13.000 kilómetros. También es necesario revisar la suspensión: amortiguadores deteriorados pueden generar desgaste irregular y prematuro.Repararlas cuando deben reemplazarseLos selladores para pinchazos pueden utilizarse como una solución temporal para llegar a un taller, pero no deben considerarse una reparación definitiva.Una perforación demasiado grande o localizada fuera de la zona reparable de la banda de rodadura, como el costado, puede obligar a cambiar la llanta.Además, si las llantas van a permanecer almacenadas, deben mantenerse en un lugar seco, fresco, ventilado y protegido del sol, humedad, temperaturas extremas y ozono para evitar su deterioro.
Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos fueron judicializados tras ser señalados de presuntamente liderar un millonario esquema de captación ilegal que afectó a unas 8.000 personas en distintas regiones del país entre 2021 y 2024, con un desfalco cercano a los 200.000 millones de pesos, según informó la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con la investigación, el modelo delictivo operaba bajo dos modalidades principales centradas en ese sector agroindustrial. La primera simulaba la compra de plátano a productores regionales para su exportación a mercados internacionales a través de un supuesto intermediario.La segunda vinculaba a los ciudadanos como socios ocultos mediante contratos de cuentas en participación, prometiendo una rentabilidad del 25 por ciento cada 25 días hábiles.Sin embargo, las pesquisas determinaron que las víctimas entre las que figuran campesinos, docentes rurales, mujeres cabeza de familia y víctimas de desplazamiento nunca recibieron los rendimientos ni recuperaron su dinero. Así lo confirmó ´la fiscal que llevó el caso."Puede observarse que en las denuncias que son personas de escasos recursos, que son personas que tienen poca preparación educativa, que son neófitos en el tema, y a quienes incluso se les visitaba en sus casas para invitarlos a que fueran a invertir los dineros en estas empresas, a que buscaran recursos, se nos decían que buscaran recursos",dijo la delegada del ente judicial.El impacto económico se concentró principalmente en los municipios antioqueños de Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, aunque también se identificaron afectados en departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima."No tuvieron el más mínimo miramiento para que, con todos aquellos pobladores que cumplieron en ellos, en que sus dineros no solamente estaban a buen recaudo, sino que se iban a multiplicar la inversión, lo que no aconteció como se esperaba. A cambio, deciden realizar frases amenazantes que no acudieran ante las autoridades o la superintendencia", aseguró el fiscal del caso.Tras la captura de una de las procesadas en el aeropuerto internacional José María Córdova y la presentación voluntaria del segundo investigado, los jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos y dictaron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras continúan las investigaciones.
La representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta solicitó al Congreso abstenerse de autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro, mientras avanza la investigación por la muerte del menor y la presunta filtración de su historia clínica.La petición se conoce días antes de la audiencia de imputación de cargos que realizará la Fiscalía General de la Nación el próximo lunes 24 de agosto contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La diligencia se desarrollará por el delito de homicidio culposo, dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia. El abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, calificó la imputación como un avance en el proceso. “Para esta representación de víctimas es un avance importante y es, digamos, una muestra indiscutible del avance de la investigación por parte de la Fiscalía”, aseguró.Villanueva recordó que el caso generó una amplia reacción después de la muerte del menor y de las declaraciones realizadas públicamente por el entonces presidente Gustavo Petro. “La Fiscalía, en el avance de esas investigaciones, nos cita para el día lunes a una imputación, y van a haber varias personas que van a ser imputadas con base en todos los procesos de investigación que se han venido adelantando”, afirmó.El abogado también se refirió a la decisión de la Fiscalía de compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue la eventual responsabilidad del expresidente. Según Villanueva, en esa actuación se analiza una eventual responsabilidad penal de Petro “en un juicio culposo, en calidad de garante”. El representante de víctimas agregó: “Recordemos que el presidente de la República no solamente manipuló la historia clínica, sino que, como consecuencia de una política frente al sistema de salud de los colombianos, desfinanció el sistema”.En su argumentación, el abogado sostuvo que esa situación habría incidido en la atención que requería el menor. “Entonces, al momento en el que se requirieron medicamentos de alta complejidad, como el caso de Kevin, no había la capacidad para suministrárselo. Y en esa medida, pues, hay una responsabilidad del presidente de la República, que fue quien generó, quien lideró esa política”, afirmó.La representación de víctimas además confirmó que la semana pasada presentó una solicitud al presidente del Congreso y al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para cancelar la autorización de la salida del país del expresidente Petro.De acuerdo con Villanueva, el argumento está relacionado con la garantía de los derechos de las víctimas. “El argumento, básicamente, es esa protección especial que un Estado social de derecho le debe dar a las víctimas”, explicó.El abogado cuestionó que el expresidente pueda salir del país mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el caso. “No sabemos si se va del país, regresa, no regresa, y de cara a la justicia y la garantía de las víctimas en el proceso, a la verdad, a la justicia, la reparación y, por ejemplo, esa no repetición, es difícil que eso se dé con, digamos, con la persona que está siendo señalada de manera directa fuera del país”, sostuvo.Por esa razón, Villanueva considera que el Congreso debería abstenerse de autorizar el viaje. “En esas condiciones yo creería que, en aras de los derechos de las víctimas, el Congreso, en este caso, el Senado, debería abstenerse de darle la autorización al presidente de abandonar el país”, afirmó.La representación de víctimas anunció además que acudirá a las instancias judiciales que considere necesarias para intentar impedir la salida. “No solamente vamos a hacer la solicitud, sino vamos a llegar a las instancias judiciales que tengamos que llegar, a acudir al juez de tutela. Lo que tengamos que hacer para que el presidente de la República se abstenga de salir del país”, concluyó Villanueva.
En estos tiempos hablamos mucho de autocuidado. Celebro que así sea. Conozco personas que durante buena parte de su vida atendieron las necesidades de todos y dejaron las propias para después. Aprender a descansar, poner límites y reconocer el cansancio son actividades que mejoran nuestra calidad de vida.El problema aparece cuando utilizamos ese lenguaje para justificar decisiones que afectan a otros. Alguien deja de cumplir un compromiso porque necesita "proteger su paz". Otro desaparece de una relación sin dar explicaciones porque está priorizando su bienestar. También ocurre cuando evitamos acompañar a una persona cercana en un momento difícil porque su situación nos carga demasiado.Compartir la vida con otros produce incomodidades. La amistad exige escuchar algunas historias varias veces. Una pareja atraviesa temporadas en las que uno tendrá que asumir más responsabilidades. Los hijos alteran planes. Los padres envejecen y comienzan a necesitar ayuda. Un amigo puede llamarnos precisamente el día en que queríamos descansar. Cada situación tendrá sus límites, aunque formar vínculos implica aceptar cierta cuota de esfuerzo. Esas son consecuencias de compartir la vida con otros.También he tenido que aprender a revisar mis propias decisiones. Hay momentos en los que necesito estar solo y cuidar mis fuerzas. En otros descubro que simplemente quiero evitar una conversación difícil. Ponerle a esa decisión el nombre de autocuidado puede tranquilizar mi conciencia, pero el nombre no cambia lo que estoy haciendo.Me sirve pensar en las consecuencias. Una decisión saludable debería ayudarme a vivir mejor y a relacionarme de una manera más sana. Cuando mi bienestar depende constantemente de que los demás se adapten a mis necesidades, conviene revisar lo que estoy entendiendo por cuidado personal. Es probable que estemos ante actitudes egoístas.Cuidarse incluye dormir bien, descansar, pedir ayuda y establecer límites claros. También supone hacerse responsable de los compromisos adquiridos y considerar el efecto de nuestras decisiones sobre quienes comparten la vida con nosotros.El bienestar personal necesita espacio para los demás. Somos seres vinculados. Parte de nuestra salud emocional se construye aprendiendo a cuidarnos mientras seguimos siendo personas confiables para quienes nos quieren.
Un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias 'Bonito', señalado por la Fiscalía como cabecilla del autodenominado Comandos de Frontera, estructura de las disidencias de las Farc, y a quien se le atribuye responsabilidad en diferentes hechos criminales registrados en Putumayo.Bastidas Bravo es uno de los primeros grandes líderes criminales capturados después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. De acuerdo con la investigación, habría hecho parte de la línea de mando de esta organización armada ilegal desde 2016 y habría tenido entre sus funciones el control de zonas, el manejo logístico de armas y la coordinación de actividades relacionadas con narcotráfico, desplazamientos forzados, homicidios y extorsiones.La Fiscalía sostiene que alias 'Bonito' habría tenido injerencia en municipios como Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa. Dentro del material probatorio recopilado por el ente investigador se identificaron reuniones de integrantes de la estructura armada ilegal en las que, presuntamente, participaba alias “Bonito”. Según la Fiscalía, estos encuentros habrían servido para impartir directrices contra líderes sociales que se oponían a las actividades ilegales de la organización.Uno de los hechos más graves que se le atribuye corresponde al homicidio de Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en inmediaciones del cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís, Putumayo.De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon y le causaron la muerte. Las actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a establecer, según la Fiscalía, que el asesinato habría sido ordenado por alias “Bonito” debido a la labor de liderazgo que Guazaquillo Peña ejercía en procesos de sustitución de cultivos ilícitos de coca por proyectos productivos lícitos.La Fiscalía también relaciona a Bastidas Bravo con otros dos homicidios que, presuntamente, fueron ejecutados por integrantes de Comandos de Frontera.Uno de ellos es el asesinato de Jorge Santofimio Yépez, firmante del Acuerdo de Paz y líder social, ocurrido el 24 de febrero de 2022 en Puerto Guzmán, Putumayo. El segundo caso corresponde al homicidio de Diego Mauricio Mejía Rojas, también firmante de paz y quien se desempeñaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Este crimen ocurrió el 9 de abril de 2023 en Puerto Asís.Durante el proceso de judicialización, un fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
