Este jueves, 8 de junio, el Consejo de Estado rechazó la recusación contra la magistrada Rocío Araujo, de la sección quinta, recurso que fue presentado por el abogado del excontralor general de la República Carlos Hernán Rodríguez."Rechazar de plano por extemporánea la recusación formulada por el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra contra la magistrada Rocío Araújo Oñate de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Código General del Proceso; segundo: adviértase que contra la presente decisión no procede recurso alguno", puntualizó el fallo del Consejo de Estado.¿Qué pasó con Rocío Araujo?La petición fue presentada por el abogado del excontralor general de la República Carlos Hernán Rodríguez. Esta buscaba que la magistrada fuera apartada de la discusión, pues, según él, la hermana de la funcionaria, María Juliana Araujo, había trabajado dos meses en la Contraloría; sin embargo, la decisión fue rechazada por extemporánea, es decir, la presentaron cuando el alto tribunal había anulado la elección del Rodríguez.Asimismo, la magistrada sí presentó impedimentos porque su hermana trabajó en la Contraloría, pero, que esta vez no lo hizo. El alto tribunal negó esta recusación y, además, no la admitió para su estudio. Las razones del Consejo de Estado para rechazar la recusaciónDice el Consejo de Estado que el argumento para rechazar esta recusación se basa en la renuncia de la hermana de la magistrada a su cargo en la Contraloría, que se dio el 11 de octubre de 2022, mientras que la primera acción de Rocío Araujo fue hasta el 21 del mismo mes; es decir, su familiar ya no trabaja en la entidad.Esta es la razón principal por la cual el Consejo de Estado decidió rechazar la recusación presentada por el demandado contra la magistrada Rocío Araújo Oñate.Este es el fallo del Consejo de Estado en este caso del contralor:Le puede interesar:
La semana pasada la magistrada Rocío Araujo radicó ante el Consejo de Estado los cambios en su ponencia. Este martes la Sala Plena del Consejo de Estado discutirá la nueva ponencia dentro de la demanda de nulidad que busca anular la reelección del procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez. La semana pasada la magistrada Rocío Araujo radicó ante la Sala los cambios en su ponencia. En ella estableció que debieron ser tomados en cuenta los impedimentos que fueron presentados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos, quienes señalaron en su momento que tenían familiares trabajando en la Procuraduría. Este argumento deberá ser tenido en cuenta por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado tras considerar que sería una razón suficiente para que los magistrados de la Corte Suprema se debieran apartar dentro del proceso para postular al procurador a la terna. Araujo reiteró que como la Constitución no permite la reelección para el cargo de procurador general, entonces esta ya era ilícita. Sin embargo, no sería el argumento más fuerte porque dentro de la Constitución colombiana no ha estado prohibido el número de veces para poder postularse a ese cargo. Blu Radio pudo establecer que el pulso al interior de la Sala va en contra de los intereses del procurador pues ya son 12 consejeros los que están convencidos de que debe abandonar la entidad que lo ha catapultado como un hombre altamente influyente en la opinión pública, pero todavía esa posición no alcanza la mayoría necesaria para tomar una decisión que es de 14 votos. De lo contario, deberán sortearse siete conjueces que se adherirán a la discusión para tomar la decisión final. La cuestionada reelección Ordóñez fue elegido como procurador para el periodo 2009-2012 y reelegido para el periodo 2013-2017 por el Senado de la República en sesión del 27 de noviembre de 2012. Y desde ese día la demanda contra su reelección comenzó a ser discutida. Este proceso ha tenido un extenso debate por recusaciones e impedimentos y dos ponencias anteriores que pedían primero mantenerlo en el cargo y luego revocarlo. La demanda contra su reelección fue interpuesta por un grupo de abogados, encabezado por Rodrigo Uprimny, quien argumentó que en el proceso de reelección del procurador se cometieron múltiples irregularidades. La primera de ellas, que a pesar de que se plantearon 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público, ninguna prosperó. Además, la demanda expresó que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses. La acción de nulidad incluyó otros cargos y formalmente fue admitida hasta marzo de 2013, con el expediente asignado al magistrado de la Sección Quinta Alberto Yepes Barreiro. De ahí en adelante, y luego de las notificaciones del caso, el expediente entró en un interminable ciclo de impedimentos y recusaciones que fue dilatando la decisión en medio de giros en la postura del ponente. Dos años después de iniciado el proceso, en julio de 2015, ya estaba listo para una decisión. Sin embargo, súbitamente el entonces magistrado Marco Antonio Velilla pidió que, por la trascendencia del caso, fuera llevado a la Sala Plena del Consejo de Estado, y volvieron las dilaciones hasta este martes que ya la Sala está a punto de emitir un fallo definitivo. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Las Farc solo podrán hacer parte del Consejo Nacional de paz y formular sus propuestas cuando firme la paz en La Habana. -A sanción presidencial pasa el proyecto de ley que permitirá destinar cesantías a ahorro programado para educación. -Un total de 185 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2015 en el mundo. Colombia ocupó el tercer lugar con 26 víctimas, y sólo fue superado por Brasil y Filipinas. -La selección Colombia no deja nada al azar y sigue preparando, detalladamente, el partido frente a Chile por las semifinales de la Copa América Centenario.
Ella señala que si se avala la reelección de procurador Ordóñez, él podría ser elegido indefinidamente pues no hay disposición que diga que puede ser elegido por una sola vez. (Lea acá también: Procurador Alejandro Ordóñez reiteró críticas a la Ley de Restitución de Tierras). “…advierte que si se admite la reelección del procurador al tenor de lo dispuesto en la carta política surgiría desde esa óptica la posibilidad de una indefinida reelección y la falta de alteración en el ejercicio del poder”, dice la ponencia. Sobre el papel de la Corte Suprema que lo postulo y del Senado que lo eligió dijo: “ni la Corte Suprema de Justicia tenía competencia constitucional ni legal para postular al que en ese momento estaba ejerciendo el cargo de procurador general ni el Senado de la República”. La ponente Rocío Araujo dice que se violó el equilibrio de poderes, quedando con un poder amplio. La magistrada señala en su ponencia que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Dice además que hubo desequilibrio en la participación de los demás ternados pues al ser nuevamente postulado Alejandro Ordóñez tenía una ventaja mayor. La ponencia será estudiada por la sala plena del Consejo de Estado. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La ONU advirtió que el fenómeno del paramilitarismo en Colombia debe ser una prioridad del gobierno, al tratarse de una amenaza para la etapa de posacuerdo de paz. -Por falta de suministro de agua potable, fue declarada la calamidad pública en San Andrés. -La acción de Pacific Rubiales no ha tenido el comportamiento esperado por los analistas de bolsa, a pesar de los anuncios del acuerdo para reorganizar la compañía. -La Personería de Bogotá ordenó una indagación preliminar para determinar los responsables de que más de 89.000 estudiantes no recibieran su refrigerio este viernes, aparentemente por problemas con los proveedores. -La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que el reversible a la Calle 84 entre Carrera 7 y Circunvalar que busca mejorar la movilidad en la vía a la Calera se implementará también los sábados.
El ente acusador le habría informado al alto tribunal que se trató de una falsa alarma sobre la perdida de información que reposa en ese expediente. Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, señaló que no se le informó sobre alguna anomalía y que se realizan operaciones periódicas para evitar que sucedan este tipo de ataques tecnológicos en la entidad. “El cuerpo técnico de policía de la Fiscalía que frente a una situación específica no se había presentado ninguna anomalía”, dijo Rojas. Escuche en este audio más información sobre: -Los miembros de los Partidos del Pacto Nacional por la Paz calificaron de incoherente que desde el Centro Democrático pidan paz sin impunidad, pero quieran impunidad para Santiago Uribe. -La Corte Constitucional ordenó crear una comisión para responder las solicitudes de ciudadanos que aleguen objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. Este recurso se puede usar por razones éticas, políticas o religiosas. -El concejal Andrés Forero Molina pidió al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que en hora pico amplíe de 75 a 90 minutos la ventana de tiempo que contempla el Sistema Integrado de Transporte Público para que los usuarios hagan transbordos sin tener que pagar dos tarifas plenas por trayecto. -El Tribunal Supremo de Brasil aceptó por unanimidad las denuncias contra el presidente de la Cámara de Diputados por su supuesta participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
El Hospital San Vicente Fundación de Medellín lanzó una alerta por la alta ocupación que actualmente tiene su servicio de urgencias, cuya capacidad se encuentra en un 268 % de saturación, situación que genera presión y demoras en la atención de pacientes.La institución médica explicó que su servicio de urgencias está destinado principalmente a la atención de pacientes con condiciones de alta complejidad, entre ellas patologías graves, traumas severos y emergencias que pueden comprometer de manera inmediata un órgano o incluso la vida.Ante este panorama, recomendaron desde el centro asistencial que las personas cuya condición médica no representa una urgencia vital consulten inicialmente en su IPS básica o en la red de atención primaria asignada por su EPS.No obstante, la saturación se suma a las dificultades financieras que atraviesan diferentes instituciones de salud del departamento, pues a junio de 2026 la cartera de las IPS de Antioquia alcanzaba los $16,77 billones, además, hospitales públicos tienen deudas de 2.5 billones en la actualidad. "Se ve un incremento importante de los pacientes en estado crítico en el servicio de urgencias adultos, actualmente registra un 268 por 100 de saturación. Es importante recordar que este servicio de urgencias es de alta complejidad. Está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata la vida o un órgano", sostuvo Alejandro Marín, jefe de Urgencias del centro asistencial.Sin embargo, la problemática no sería exclusiva del San Vicente Fundación, ya que la red hospitalaria de Medellín y el Valle de Aburrá también ha registrado altos niveles de ocupación en sus servicios de urgencias durante los últimos meses con servicios de urgencias por encima del 100 % de ocupación.
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.
