El exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar, condenado a cuatro años por usar su cargo para favorecer indebidamente la causa de Fidupetrol, elevó una petición a las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para que revisen su condena, porque, según él, nunca perteneció al 'Cartel de las Tutelas'. Lo hizo a través del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales.La petición la elevó basándose en que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Según los argumentos que expone en esta carta, el proceso que llevó a su condena fue irregular y no tuvo un juicio justo porque se aceptaron pruebas anónimas, “no acordes a la ley”, y el Consejo Seccional de la Judicatura había absuelto al exmagistrado al encontrar ajustado al derecho su conducta porque fue Fidupetrol quien contactó a Escobar, únicamente requiriéndole información.La carta dice que, en octubre de 2013, la sociedad Fidupetrol contactó a Rodrigo Escobar con el fin de consultarle sobre un proceso de tutela que esta entidad adelantaba contra la Corte Suprema y se encontraba en la Corte Constitucional.Se añade también: “El 16 de noviembre de 2013, el Sr. Escobar emitió un jurídico que analizaba la posición argumentación de Fidupetrol S.A. y formulaba sugerencias para que sustenten la acción jurídica de los derechos de dicha sociedad ante la Corte Constitucional. La representación judicial estuvo a cargo del abogado Víctor Pacheco, quien utilizó insumos en su actuación el 20 de noviembre de 2013”.En febrero de 2015, el abogado Víctor Pacheco, condenado por las gestiones que hizo ante la Corte Constitucional para que los magistrados beneficiaran a la firma Fidupetrol, dio declaraciones a los medios en las que señaló que el magistrado Pretelt le había solicitado a Pacheco 500 millones de pesos para favorecer la decisión de la tutela de Fidupetrol S.A.Esa denuncia habría sido conocida, de acuerdo con esta información, por la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes en la que el magistrado Mauricio González Cuervo declaró, el 27 de febrero de 2015, sobre hechos relacionados con el magistrado Jorge Pretelt. Dicha denuncia fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación y paralelamente al Consejo Seccional de la Judicatura para las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes.Se informa, también, que la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal a mediados del 2015 por el caso Fidupetrol y por la supuesta existencia de un "Cartel de Tutelas". Mediante la resolución 308 del 2015 se decidió que la investigación de estos hechos se realizará por el vicefiscal general de la Nación, y designó un grupo especial de fiscales y funcionarios judiciales para investigar todos los aspectos relacionados con la actividad personal y profesional de Rodrigo Escobar Gil.Los argumentos del exmagistrado para solicitar que revisen su condena:El Consejo Seccional de la Judicatura habría citado a Escobar a declarar el 24 de marzo de 2015. Y en decisión del 25 de agosto de 2015, el consejo decretó la terminación de la investigación disciplinaria contra Rodrigo Escobar Gil al encontrar “ajustada su conducta a las normas que rigen el ejercicio de la profesión de abogado”.Se menciona que la Fiscalía General de la Nación invocó la existencia de un documento anónimo, medio que en el derecho colombiano carece de legalidad y valor probatorio, y sin que se hubiera sometido a procedimiento alguno para validar la veracidad de la información allí contenida.En ese documento anónimo se afirmaba que Rodrigo Escobar Gil y sus abogados se habían reunido para utilizar un supuesto fondo común con el entonces magistrado Jorge Pretelt, de cerca de 2.000 millones de pesos con el fin de realizar sobornos en la Fiscalía y obtener información del caso, particularmente, sobre el preacuerdo entre Víctor Pacheco y el ente investigador.“Dicho documento anónimo no solo fue invocado en una audiencia ante un juez de control de garantías, y filtrado a los medios de comunicación, los cuales reprodujeron íntegramente su contenido, destacando ante la opinión pública la supuesta orquestación de un "plan" de Rodrigo Escobar Gil para disponer de grandes sumas de dinero para obtener información sobre el proceso de Víctor Pacheco. Dicho documento anónimo, sin capacidad de ser judicializado, sirvió de base para que Rodrigo Escobar Gil fuera objeto de extorsiones anónimas”, según señala el documento.Finalmente, la petición elevada pide que en un plazo de 60 días le puedan dar respuesta acerca del caso del extogado de la Corte Constitucional.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La justicia emitió una orden de captura contra el juez que dejó libre al exmagistrado Rodrigo Escobar, investigado por el escándalo de sobornos en la Corte Constitucional en el sonado caso de Fidupetrol. Bajo la ponencia del magistrado Fernando Castro, la Corte Suprema de Justicia emitió la orden contra el juez 23 de conocimiento Néstor Gilberto Amaya. El pasado 25 de octubre, esta misma Corte confirmó una sentencia condenatoria que había emitido el Tribunal Superior de Bogotá en su contra por el delito de prevaricato por acción. La decisión se toma por hechos ocurridos el 9 de agosto de 2004, cuando se desempeñaba como juez primero penal del circuito de Bogotá. Dicho caso consistió en un fallo de tutela presentado por la abogada Claudia Collazos, que representaba a 1.242 personas que decían ser docentes y que habían tutelado "por supuesta vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso e igualdad por parte de Cajanal". Sin embargo, para este alto tribunal esta decisión se tomó "sin tener un mínimo de prueba y con una absoluta ausencia de motivación". Le puede interesar: Rodrigo Escobar Gil se abstuvo de declarar en el juicio contra Jorge Pretelt La sentencia condenatoria se emitió en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de noviembre de 2016.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El expresidente de la Corte Constitucional, magistrado Rodrigo Escobar, habló en BLU Radio tras ser acusado por la Fiscalía General de la Nación por tráfico de influencias. “La Fiscalía aclaró el escrito de acusación y el tráfico de influencias consistiría en que en un almuerzo con el doctor Mauricio González le expresé que yo era el asesor jurídico de la empresa Fidupetrol y que la empresa Fidupetrol tenía una tutela ante la Corte Constitucional”, manifestó. Argumentó que ese simple comentario no es tráfico de influencias y que “el propio Mauricio jamás me acusó”. El expresidente del alto tribunal añadió que será un juez el que defina si fue o no tráfico de influencias, pero que él está tranquilo por su actuación. Cabe recordar que el exmagistrado es acusado de interceder, presuntamente, ante funcionarios de la máxima corporación, con el propósito de inducirlos en la revisión de una tutela a favor de la empresa Fidupetrol para que el recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus intereses particulares. El procesado, quien se declaró inocente de los hechos, reiteró que pese a ser contratado para asesorar a Fidupetrol, nunca hizo mención sobre el ofrecimiento de una suma de dinero para sobornar a magistrados. En el juicio, la Fiscalía presentará cerca de 2.300 documentos y certificaciones que infieren la responsabilidad de Escobar Gil en los hechos que se le endilgaron. Asimismo, el ente acusador cuenta con 50 testigos, entre quienes se encuentra el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, y el abogado ya sentenciado por estos hechos, Víctor Pacheco Restrepo, quien se comprometió a colaborar en el proceso penal. De acuerdo con lo manifestado por el delegado de la Fiscalía, la pena oscila entre los 4 y los 8 años de prisión. La audiencia preparatoria de juicio será del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
“Fue burlada y engañada la justicia, la administración pública quedó cuestionada e incluso pudo ser desacreditada con esta maniobras presuntamente ilegales”, anotó el fiscal del caso. Agregó que el reconocimiento de la condición de víctima no se fundamenta en la naturaleza y extensión al daño que corresponde a otra instancia procesal, por lo que invocó el artículo 132 en concordancia con el 340 del Código de Procedimiento Penal colombiano, que hablan sobre los requisitos para la acreditación que impone el derecho a las personas naturales o jurídicas que consideran que han sufrido algún daño. En este caso, Fidupetrol, como persona jurídica, y la administración de justicia, por haber sido burlada. A estos dos entes les asiste conocer la verdad y aspirar a una reparación integral en su oportunidad, sostuvo el delegado del ente acusador. La audiencia de formulación de acusación se realizará el 30 de junio en horas de la mañana, tiempo en el que las partes esperan que se haya resuelto la apelación interpuesta por la defensa del exmagistrado, la cual pretende que las entidades tanto públicas como particulares se les niegue la condición de víctimas.
El exmagistrado deberá responder por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, el cual previamente no había aceptado. De acuerdo con los investigadores, el exmagistrado, que fue presidente de la Corte Constitucional, habría usado sus influencias en la misma para intentar mediar en ese tribunal en una tutela de la firma Fidupetrol, de la cual era representante jurídico. Asegura la investigación, que el socio mayoritario de la firma habría entregado cerca de 200 millones de pesos al exmagistrado. Por estos hechos también es investigado el expresidente de la Corte y magistrado Jorge Pretelt.
