Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, fue enviado a la cárcel junto con otros diez presuntos integrantes de una estructura de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, tras un operativo realizado en Puerto Gaitán, Meta. Según la Fiscalía, Salgado Merchán sería uno de los cabecillas de esta estructura y estaría relacionado con el denominado 'Zarco Aldinever'.Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso expuso ante el juez la hipótesis sobre el papel que habría desempeñado alias ‘Águila’ dentro de la organización. De acuerdo con el ente investigador, se trataría de una persona que habría tenido funciones de dirección y coordinación sobre otros integrantes de la estructura.El fiscal aseguró que “alias 'Águila', el señor Rafael Salgado, una persona que habría ejercido funciones de mando, de coordinación, y alrededor de cuya actividad aparecen diferentes personas vinculadas a los inmuebles, su señoría, cumpliendo funciones como seguridad, logística, el alojamiento, el manejo de armas, las comunicaciones y otras actividades necesarias para el funcionamiento de la estructura para afectar directamente lo que es la tranquilidad de la comunidad, lo que son bienes y derechos colectivos, su señoría”.Dentro de los elementos presentados durante la audiencia también fue mencionado el testimonio de una persona que dijo conocer a Salgado Merchán desde finales de la década de los noventa. Según la Fiscalía, este testigo lo ubicó inicialmente en las autodefensas campesinas del Meta y del Vichada y posteriormente como integrante de la Segunda Marquetalia.El fiscal explicó que “lo conoce desde el año 1999, cuando, según su relato, era 2º cabecilla de las autodefensas campesinas del Meta y del Vichada, y lo ubica posteriormente como 2º al mando del frente 53 de la Segunda Marquetalia. Habla una posición jerárquica, establece rol, función y demás, porque no solamente dice eso su señoría. Dice, yo lo reconozco como alias “Águila”, lo conozco desde el año 1999, cuando pertenecimos a las autodefensas campesinas del Meta, ahora se la pasa recorriendo todo el área sector rural de Puerto Gaitán. Se encarga de socializar con la comunidad, ya que es muy conocido en la región. Además, controla los integrantes que se le conocen como puntos, y componente armado”.Según la hipótesis de la Fiscalía, estas funciones le habrían permitido mantener contacto con integrantes de la estructura y ejercer control sobre diferentes actividades. En la audiencia también se indicó que estaría relacionado con el manejo de armas, comunicaciones, logística y control territorial.El fiscal señaló además que “es descrito como una persona con posición de mando dentro del componente armado. Se le atribuyen funciones de coordinación, reuniones de comunidades, acompañamiento a cargamentos de narcotráfico, ordenamiento de movimientos armados, control territorial, socialización con la comunidad. Esto significa que, según la hipótesis investigativa, estamos ante una persona que no solamente recibe órdenes, su señoría, estamos ante alguien que imparte órdenes, instrucciones, coordina actividades. Y esa circunstancia es fundamental para entender la posición de los restantes imputados”.Otro de los elementos expuestos por la Fiscalía corresponde a las anotaciones judiciales que registra Salgado Merchán. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el procesado tendría más de 20 anotaciones y antecedentes por diferentes delitos.“El señor Rafael Salgado Merchán registra 20 anotaciones y antecedentes judiciales, por los delitos de desaparición forzada, extorsión, homicidio, hurto, reclutamiento ilícito de menores, secuestro simple, utilización ilegal de uniformes e insignias, concierto para delinquir, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual en persona protegida, entre otros delitos. Así mismo, cuenta con varias sentencias condenatorias vigentes”, afirmó el fiscal durante la diligencia.Alias ‘Águila’ fue presentado por la Fiscalía como uno de los integrantes con mayor nivel de mando dentro de la estructura investigada. Su nombre también aparece relacionado como mano derecha del 'Zarco Aldinever', señalado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.En ese contexto, la Fiscalía busca establecer qué información podría aportar la relación atribuida entre Salgado Merchán y alias ‘Zarco Aldinever’, a quien buscan judicializar como persona ausente, ante las dificultades para ubicarlo y dar con su captura.Durante los procedimientos de allanamiento realizados fueron encontrados un revólver, tres pistolas y 133 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento, además de libretas en las que se llevaban las cuentas de extorsión.La organización tendría presencia en la zona rural de Puerto Gaitán y estaría dedicada, entre otras actividades, a ejercer control territorial y a realizar conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.
Once presuntos integrantes de una estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, dentro de una investigación por su posible participación en actividades relacionadas con control territorial, intimidación y extorsiones en zona rural de Puerto Gaitán, Meta.Entre los procesados se encuentra Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos cabecillas de la estructura y como hombre de confianza de alias ‘Zarco Aldinever’ en el departamento del Meta.De acuerdo con la investigación, la organización tendría presencia en la zona rural de Puerto Gaitán y estaría dedicada, entre otras actividades, a ejercer control territorial y a realizar conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.Las autoridades también investigan el uso de varios inmuebles rurales ubicados en Puerto Gaitán. Según la hipótesis de la Fiscalía, estos lugares serían utilizados como sitios de permanencia y ocultamiento de integrantes de la estructura, además de servir para almacenar y custodiar armas de fuego y otros elementos destinados al funcionamiento de la organización.Durante los procedimientos de allanamiento realizados en el municipio fueron encontrados un revólver, tres pistolas y 133 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento.Además de Salgado Merchán, los procesados son Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Omar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis. La Fiscalía sostiene que alias ‘Águila’ tendría un nivel de responsabilidad dentro de la estructura diferente al de los demás procesados. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de cometer extorsión y tráfico de estupefacientes, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.A los otros diez procesados les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y concierto para delinquir agravado.Ninguno de los once procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las audiencias preliminares. Sin embargo, todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de 11 integrantes de la Segunda Marquetalia en Puerto Gaitán, Meta. En Fundación, Magdalena, se dio la captura de dos integrantes del Clan del Golfo y, en La Macarena, fue destruido un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca. Estos resultados, según dijo el presidente, se dieron en las últimas 24 horas.“A estos resultados se suma un golpe contundente contra el crimen organizado en Popayán, Cauca. Gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano y a la rápida reacción de nuestra Policía Nacional, el GAULA y el GOES, rescatamos sano y salvo a un comerciante que había sido secuestrado, golpeado y sometido a exigencias económicas a cambio de respetar su vida y devolverle su camioneta”, aseguró el presidente.Es importante recordar que justo este fin de semana el presidente De La Espriella se reunió con los alcaldes del Área Metropolitana de Barranquilla para hablar del tema de seguridad. Especialmente, se habló sobre temas de extorsión y sicariato.“Desde el 7 de agosto, ya son 1.574 capturas, 10 extradiciones y 23.642 kilos de estupefacientes incautados, entre ellos 12.296 kilos de cocaína. Esta es la Fuerza Pública que Colombia necesita: rápida para reaccionar, contundente para golpear al crimen y siempre del lado de los ciudadanos. La orden es una sola: perseguir a los criminales, rescatar a quienes estén en sus manos, destruir sus estructuras y llevarlos ante la justicia”, señaló De La Espriella al referirse a los resultados de la Fuerza Pública en las últimas horas.
La Fiscalía General de la Nación señaló al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho de, presuntamente, haberse aliado con el Frente de Guerra Oriental del ELN y el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia para entregar información reservada sobre operaciones militares y reducir la presencia de la Fuerza Pública en zonas donde estas estructuras tenían influencia. De acuerdo con la investigación, el uniformado habría recibido pagos semanales a cambio de esta información y de favorecer los intereses de los grupos armados.“Inicialmente, en el año 2020, con el GAO del ELN, en el departamento de Arauca, específicamente con el Frente de Guerra Oriental. Y para el año 2026, con la organización criminal Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez”, afirmó el fiscal del caso.Según la Fiscalía, el coronel habría pactado pagos de hasta 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar a estos grupos armados sobre los movimientos y las capacidades operacionales de la Fuerza Pública. Esta información habría sido utilizada para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.Además, al coronel Amorocho se le atribuye haber impedido, presuntamente, el avance de las tropas hacia un punto de intervención específico, con el propósito de darles tiempo a los cabecillas de una estructura armada para escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados. Este hecho habría ocurrido durante una ofensiva militar realizada en Nariño en abril de este año.Sin embargo, los hechos investigados se remontan a 2020, cuando Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de un batallón del Ejército con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca. En ese momento, el coronel habría recibido un primer pago de 15 millones de pesos por parte de alias ‘El Profe’, señalado cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN, a cambio de reducir las operaciones militares en esa zona.Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Sin embargo, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho no aceptó los cargos.
Aunque durante esta semana causó gran revuelo la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia, al mando de ‘Iván Márquez’, desde Barranquilla el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, salió en defensa del Gobierno aclarando que dicho proceso no estaba en curso dado el debilitamiento de esa estructura.Patiño, entre otras cosas, fue mucho más allá afirmando que los estrados judiciales estaban dando una pelea con un "fantasma".“Es que con la Segunda Marquetalia ya no había negociación, ellos prácticamente habían dejado de existir. Están peleando con fantasmas”, fueron sus palabras.Estas declaraciones van en contra de los argumentos del Consejo de Estado, que basa su orden en que el Gobierno en su política de paz total cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. En otras palabras, para ellos la naturaleza de la organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto.Eso implica que el Presidente Petro y su gabinete solo estarían autorizados según la ley a liderar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, sin ningún beneficio político.Durante la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, Otty Patiño también recomendó, de cara al próximo gobierno, evaluar con serenidad los avances alcanzados en los procesos de paz y evitar desmontar lo construido. Esto hablando puntualmente de los diálogos de paz urbana que se adelantan con la banda Los Costeños, los cuales también han sido motivo de contienda para el Gobierno y la Alcaldía de Barranquilla.Finalmente, el ex constituyente destacó que la Constitución de 1991 permitió establecer nuevas bases institucionales y entregar herramientas para la protección de los derechos de los colombianos. En esa Carta Magna, aclara el Comisionado, se desarrollan las bases de un país, en materia de construcción de paz y garantías para los ciudadanos.
Luego de que el Consejo de Estado suspendiera la resolución con la que el Gobierno había autorizado la instalación de la mesa de diálogos de paz con la 'Segunda Marquetalia', desde la Consejería Comisionada para la Paz aclararon que su delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia.Desde la Consejería aseguran que la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB, así como la mesa de negociación con el grupo, siguen vigente y no se verá afectada por la decisión del alto tribunal.Desde la Consejería señalaron que desde noviembre de 2024 no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, una negociación con la Segunda Marquetalia cuya vocería estaba a cargo de Iván Márquez. Situación que quedó formalizada por medio de la Resolución 202 del 09 de julio de 2025.Asimismo, destacaron que los diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB ha tenido avances significativos en el propósito de reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas y fortalecer la convivencia en las comunidades."No obstante, aún es necesario avanzar con mayor determinación para garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho", se lee en el comunicado.Desde la Consejería, señalan que uno de los avances más recientes fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, en donde han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB para su proceso de reintegración a la ciudadanía plena."La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas", agregó.Finalmente, señalaron que impugnarán esta decisión judicial para proteger los derechos de las 99 personas vinculadas a la Coordinadora.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, respondió a los cuestionamientos surgidos por un memorando enviado en junio de 2024 al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el que solicitó la suspensión temporal de operaciones militares en una zona específica del país. En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, el funcionario aseguró que la medida nunca estuvo dirigida a beneficiar a toda la estructura de la Segunda Marquetalia, sino exclusivamente a los integrantes de la delegación negociadora que participaban en el proceso de paz.La controversia surgió luego de que se conociera el contenido del documento, en medio del debate generado por las revelaciones sobre la gestión del excomisionado de Paz, Danilo Rueda, durante los acercamientos con el Clan del Golfo. Frente a este escenario, Patiño insistió en que ambos casos corresponden a contextos diferentes y defendió la legalidad de las actuaciones adelantadas por su despacho.La suspensión fue limitada y con fines de negociaciónDurante la entrevista, Patiño explicó que la solicitud enviada al Ministerio de Defensa tenía un alcance restringido tanto en tiempo como en territorio. Según afirmó, el objetivo era garantizar el desplazamiento seguro de los representantes de la Segunda Marquetalia que participaban en la mesa de conversaciones.“El comunicado era para solamente tres días, en un área determinada”, explicó el alto comisionado, quien añadió que la medida estaba relacionada con el regreso de los negociadores desde Caracas hacia los lugares establecidos para continuar el proceso de diálogo.Asimismo, rechazó las interpretaciones según las cuales el Gobierno habría ordenado cesar las operaciones contra toda la organización armada.“Era para unos miembros representantes que estaban en la mesa de negociación y estaba asociada al regreso de ellos a su sitio de origen, pero no era contra todo el grupo”, sostuvo Patiño, al insistir en que el documento divulgado omitió apartes que permitían comprender el contexto completo de la decisión.El funcionario aseguró que la zona objeto de la suspensión correspondía a un territorio reducido y que el proceso contó con acompañamiento de organismos internacionales y de Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas.Diferencias con el caso de Danilo RuedaOtro de los temas abordados durante la conversación fue la polémica generada por los audios conocidos recientemente sobre reuniones del excomisionado Danilo Rueda con integrantes del Clan del Golfo.Patiño reconoció que las grabaciones le generaron sorpresa, aunque pidió analizar el contexto en el que ocurrieron esos acercamientos.“Uno en todo momento tiene que tener suma prudencia en los diálogos que tenga con esta gente. Al fin y al cabo se trata de delincuentes”, manifestó. El alto comisionado señaló que durante las etapas iniciales de un acercamiento aún no existe una mesa formal de negociación y que, por tanto, muchas conversaciones hacen parte de procesos exploratorios. Sin embargo, evitó respaldar actuaciones que pudieran interpretarse como concesiones indebidas a estructuras criminales.¿Hubo beneficios para la Segunda Marquetalia?Uno de los cuestionamientos planteados durante la entrevista fue si esa suspensión temporal pudo facilitar el fortalecimiento militar del grupo armado que posteriormente fue relacionado con hechos violentos, entre ellos el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, según las hipótesis investigativas mencionadas durante la conversación.Patiño respondió que la medida era demasiado limitada para generar ese tipo de consecuencias. “No, era para un área, para unas personas y en un territorio determinado. Es algo muy restringido”, afirmó.Además, explicó que para el momento en que ocurrieron los hechos posteriores ya existía un distanciamiento entre los negociadores encabezados por Walter Mendoza y la estructura liderada por alias Iván Márquez, debido a divisiones internas surgidas meses después dentro de la organización.Defensa de la estrategia de paz totalEl comisionado también fue consultado sobre los resultados de la política de paz total impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque reconoció que no todos los objetivos pudieron concretarse, rechazó que la estrategia haya sido un fracaso.“No creo que la paz total haya fracasado. Dejamos unos caminos abiertos y, si algo nos faltó, fue tiempo”, aseguró. Según explicó, la iniciativa se sustentó sobre tres pilares: la transformación territorial mediante la sustitución de economías ilegales, la disminución de las violencias y el avance de procesos de diálogo con distintos actores armados.Patiño afirmó que en departamentos como Nariño, Putumayo, Chocó, así como en ciudades como Buenaventura y Medellín, se registraron reducciones importantes en los índices de violencia durante la implementación de la estrategia. No obstante, reconoció que regiones como el Catatumbo continuaron enfrentando graves problemas de orden público debido a los enfrentamientos entre el ELN y otras estructuras armadas.
Un juez de control de garantías no avaló las capturas de Luis Evelio Navarro, alias 'El Tío', Yuritza Cabezas y Nohora González, quienes eran investigados por los delitos de homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir con fines de extorsión. Como consecuencia de la decisión, los tres recuperaron su libertad, aunque continuarán vinculados al proceso penal.La determinación judicial obedeció a presuntas irregularidades presentadas durante el procedimiento de captura, por lo que el despacho decidió no legalizar las detenciones realizadas por las autoridades. Frente a esta decisión de primera instancia, la Fiscalía interpuso el recurso de apelación durante la audiencia.De acuerdo con la información entregada por la Policía y el Ejército, alias 'El Tío' sería señalado como cabecilla financiero y de expansión territorial en el sur del Tolima de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, facción al mando de 'Iván Márquez'. Además, estaría presuntamente involucrado en el ataque armado registrado en febrero de 2026 contra una gobernadora indígena en la vereda Guadualito, municipio de Coyaima, hecho en el que resultaron heridas la líder indígena y un menor de edad, mientras que dos integrantes de la comunidad fueron asesinados.La captura de alias 'El Tío' se llevó a cabo en la vereda El Viso, entre los municipios de Coyaima y Ataco, en una operación en la que también fueron detenidas Yuritza Cabezas y Nohora González. Según las autoridades, alias 'Yuritza' tendría a su cargo funciones relacionadas con la logística de la organización ilegal en el sur del Tolima, mientras que alias Gobernadora sería responsable de actividades de logística y de proselitismo político para esa estructura armada.Pese a que el juez decidió no legalizar las capturas por las irregularidades advertidas durante el procedimiento, la investigación penal continúa en curso. La Fiscalía presentó una reposición que fue negada y apeló la decisión con el propósito de que un juez de segunda instancia revise la legalidad de las detenciones, mientras los tres procesados seguirán siendo investigados por los hechos que les son atribuidos dentro del proceso.
La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de control de garantías avanzar en la declaratoria de persona ausente contra varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias “Iván Márquez”, alias “John 40”, alias “Zarco Aldinever”, alias “Rusbel”, alias “Enrique Marulanda”, alias “Gonzalo” y alias “Yako”, con el propósito de continuar el proceso de judicialización por su presunta responsabilidad como determinadores del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.La petición ya fue presentada ante un juez, quien deberá definir si avala la medida para que la Fiscalía pueda avanzar hacia la audiencia de imputación sin la presencia física de los señalados. Paralelamente, las autoridades mantienen activas lasnotificaciones rojas de interpol para lograr las capturas por medio de los mecanismos de cooperación internacional.El caso se deriva de la investigación que atribuye a la Segunda Marquetalia la autoría intelectual del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025. Según la Fiscalía, la estructura armada habría ordenado y coordinado una operación criminal que posteriormente fue ejecutada por una red delincuencial urbana contratada para materializar el atentado.Uno de los elementos clave del expediente es el testimonio de Simeón Pérez, alias “El Viejo”, quien se convirtió en una pieza central para reconstruir la cadena de mando detrás del homicidio. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la orden para asesinar a Miguel Uribe habría sido impartida directamente por alias “Zarco Aldinever”, considerado uno de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia.La investigación también señala que alias “Yako” habría cumplido un papel determinante en la articulación del plan criminal. Según la información recopilada, fue quien contactó meses antes a alias “El Viejo” y lo habría puesto en comunicación con el “Zarco Aldinever” durante un encuentro realizado en la frontera con Venezuela. Posteriormente, la coordinación operativa habría quedado en manos de “El Viejo”, quien se encargó de establecer los contactos con la estructura delincuencial que ejecutó el crimen en Bogotá.Mientras avanza esta línea investigativa, la viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, ha insistido en que aún debe esclarecerse si los hechos podrían encuadrarse dentro de una hipótesis más amplia relacionada con un eventual crimen de Estado, una posibilidad que continúa siendo objeto de análisis dentro del proceso.Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas por su presunta participación en los hechos. Entre ellas se encuentra alias “El Viejo”, quien alcanzó un preacuerdo que contempla una condena de 22 años de prisión. También fueron condenados mediante preacuerdos Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de entregar el arma utilizada en el atentado; Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados; y Harold Barragán, señalado de contactar al menor conocido como alias “Tianz”, quien habría ejecutado el asesinato. Los tres aceptaron condenas de 21 años de prisión.Adicionalmente, en los próximos días un juez deberá decidir si avala o no el preacuerdo suscrito con José Arteaga, alias “Chipi”, señalado por la Fiscalía como uno de los jefes operativos y planeadores del atentado en Bogotá. De ser aprobado, recibiría una condena de 26 años de prisión.
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió. Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot. La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.