El Juzgado 131 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó la publicación de edictos para emplazar formalmente a varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, investigados por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La decisión permite a la Fiscalía avanzar con el trámite para intentar lograr su comparecencia y, si no se presentan una vez agotado el procedimiento, solicitar que sean declarados como personas ausentes.Entre los investigados se encuentran Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo.Durante la audiencia, la fiscal Elsa Reyes explicó ante la juez las diferentes actuaciones adelantadas por las autoridades para intentar ubicar a los investigados y hacer efectivas las órdenes de captura que pesan en su contra y la circular de interpol.Según la Fiscalía, hasta el momento no ha sido posible establecer su paradero.“En primer lugar, estas órdenes de captura fueron publicadas en medios de comunicación, se ofreció una recompensa y está vigente una recompensa por información que conduzca a la captura de estas personas, pero hasta el momento no ha sido posible la materialización”, explicó la fiscal.La funcionaria detalló que la Fiscalía y la Policía Judicial realizaron búsquedas en diferentes bases de datos y entidades públicas y privadas con el propósito de encontrar información que permitiera establecer dónde se encuentran los investigados.“Se han realizado búsquedas selectivas en base de datos en diferentes entidades como, Datacrédito, Migración Colombia, empresas de telefonía celular, EPS, Supergiros y Efecty, Sura, Davivienda, Bancolombia, entre otras. Los resultados obtenidos en estas diferentes búsquedas fueron objeto de verificación por parte de la Policía Judicial con el fin de establecer alguna dirección o algún sitio que pudiera ser objeto de ubicación de estas personas sin que hasta el momento haya sido posible”, señaló Reyes.La fiscal también explicó que las autoridades consultaron otras entidades y que, de acuerdo con la información obtenida durante las labores investigativas, los cabecillas de la estructura no estarían ubicados en territorio colombiano.“Pero lo que se ha encontrado es que de acuerdo con las fuentes, aparece información relacionada con que estos indiciados aparentemente se encontrarían en zonas rurales de frontera o aún en otros países como Venezuela, donde se estarían resguardando de las autoridades colombianas solamente vendrían a Colombia a cometer algunas actividades delictivas”, afirmó.Según la Fiscalía, mientras los integrantes de base de la estructura permanecerían en Colombia, sus principales dirigentes no estarían en el país. La fiscal agregó que las autoridades también hicieron consultas ante la Procuraduría y la Contraloría, sin obtener resultados que permitieran establecer su ubicación.La Fiscalía sostuvo además que las labores de búsqueda no se detendrán con la publicación de los edictos y que la Policía Judicial deberá continuar con las verificaciones de manera periódica.“Esta orden a Policía Judicial se expidió con la indicación de que estas verificaciones tienen que ser realizadas de manera constante e ininterrumpida hasta que se haya emitido sentido de fallo por parte del juez de la causa. Cada seis meses los investigadores presentan resultados del rastreo”, explicó la fiscal.Precisamente, el emplazamiento constituye, de acuerdo con la Fiscalía, una herramienta para hacer público el requerimiento de las autoridades y permitir que los investigados comparezcan al proceso antes de avanzar hacia una eventual declaración de persona ausente.“Como última herramienta con la que cuenta la administración de justicia para hacer de público conocimiento el requerimiento de la Fiscalía y dar la oportunidad a que estas personas comparezcan. Y una vez se agote ese trámite de emplazamiento y cumplidos estos requisitos, se proceda a declararlos persona ausente”, sostuvo Reyes durante la audiencia.La representación de las víctimas respaldó la solicitud de la Fiscalía y consideró que las autoridades han agotado diferentes mecanismos para intentar ubicar a los integrantes de la Segunda Marquetalia.“Desde la representación de víctimas de los familiares, este representante considera, en la misma línea del representante del Ministerio Público, que la Fiscalía ha agotado todas las vías y esfuerzos propiamente por dar con el paradero, por lograr ubicar, esas personas relacionadas con la Segunda Marquetalia”, manifestó el representante de las víctimas.“No obstante, si esto no ha logrado materializarse, no ha sido propiamente por tema de la Fiscalía, ha sido por la dificultad que presentan estos sujetos desde el Estado, al margen de la legalidad, en la clandestinidad, inclusive se tienen indicios de que puede que no estén en Colombia”, señaló.La representación de las víctimas insistió en la necesidad de que el proceso avance y respaldó el emplazamiento como la actuación que corresponde en este momento.“No obstante, es importante que en aras del proceso y de los graves señalamientos que realizó en su momento quien está hoy ya condenado, Simeón Pérez, logremos avanzar en el proceso, no podemos quedarnos en este punto, y pues considera directamente pues que el deber ser que tenemos que tener en este punto es realizar ese emplazamiento como una última instancia”, concluyó.
Un testimonio ciudadano fue clave para ubicar en una vivienda rural de Tello, Huila, a Miguel Orlando Guzmán González, alias 'Robinson', señalado por las autoridades como cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia y presunto financiador de varias acciones criminales, entre ellas el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.El presunto cabecilla murió durante un operativo adelantado el 27 de septiembre de 2026 en la vereda El Cadillo, hasta donde habría llegado junto con tres personas señaladas de pertenecer a esa estructura: Luis Alberto Castañeda Rivera, Andrés Felipe Rojas Morales y Alejandra Peralta Silva, quien estaría en estado de embarazo,capturados y posteriormente enviados a la cárcel.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias concentradas de judicialización, el cabecilla y los tres presuntos disidentes habrían llegado a la vivienda de una familia campesina el 24 de septiembre. Según la investigación, llevaban fusiles, morrales y chalecos tácticos y permanecieron en el inmueble junto con alias Robinson.En las audiencias, el fiscal del caso explicó que la ubicación del presunto cabecilla fue posible a partir de información entregada por una fuente humana. “La fuente humana refirió que en esa casa estaría pernoctando esa persona, quien llegaría allí con cerca de casi 10 unidades, portando armas de fuego, utilizando prendas de uso privativo y quienes estarían realizando reuniones de carácter criminal en ese lugar”, señaló.El delegado de la Fiscalía indicó que esa información también fue verificada por inteligencia militar. Según lo expuesto en audiencia, alias 'Robinson' estaría realizando coordinaciones criminales con alias Mario o Doble 0, señalado como cabecilla de esa estructura para el departamento del Huila. La fuente habría informado que Robinson realizaba recolección de finanzas para fortalecer el grupo y que estas actividades estarían relacionadas con el narcotráfico.“Quienes, además, están concertados para fomentar también homicidio, reclutamiento ilícito, extorsiones a comerciantes, agricultores, empresarios de la región, planeamiento y selección de acciones armadas, actos de terrorismo”, afirmó el fiscal al referirse a las actividades que, de acuerdo con la investigación, serían desarrolladas por integrantes de la organización.La Fiscalía también expuso información aportada por denunciantes del sector sobre presuntas labores de seguimiento a posibles víctimas. “Realizaban perfilación a víctimas, para seguir personas, verificar vehículos, inmuebles, empresas, a qué se dedican y comenzar a citarlos, para llevar así el cobro de montos dinerarios de manera ilegal, constriñéndolos para ir a lugares apartados”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.Durante el operativo, adelantado por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se presentó un intercambio de disparos en el que murió Robinson. Las tropas de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales capturaron a los tres señalados integrantes e incautaron tres armas largas, dos armas cortas, 13 granadas, 22 proveedores de diferentes calibres, dos miras, un lanzagranadas, un lente TASCON y material de cómputo y comunicaciones.Al sustentar la medida de aseguramiento contra los tres procesados, el delegado del ente acusador cuestionó que hubieran llegado armados a una vivienda campesina. “Es totalmente reprochable que tres personas tan jóvenes se dediquen a cometer conductas punibles”, manifestó, y agregó que, ante la llegada de personas armadas y con superioridad numérica, los habitantes de la zona podrían sentirse obligados a permitirles el ingreso.Para la Fiscalía, la conducta habría sido cometida de manera dolosa y sin una justificación legal o extralegal para permanecer en ese lugar. A los tres procesados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado; utilización de uniformes e insignias; fabricación o tenencia de armas de fuego, de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares; y utilización ilícita de redes de comunicaciones.
En una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea fue abatido alias 'Robinson Gutiérrez', máximo jefe político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia. La información fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien reportó también la captura de tres integrantes más de este grupo armado.La acción militar y policial se ejecutó en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, departamento del Huila. El procedimiento se desarrolló mediante un despliegue coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea, diseñado para dirigir un golpe estratégico a la Segunda Marquetalia, organización bajo el mando de 'Iván Márquez'. En medio de la operación cayó abatido alias 'Robinson Gutiérrez', considerado el principal responsable de las finanzas y la orientación política de la estructura Teófilo Forero Castro.Según los reportes oficiales, alias 'Robinson Gutiérrez' lideraba las finanzas y el control territorial de esta estructura ilegal en el sur del país. Entre sus actividades delictivas se le atribuye la dirección de extorsiones y amenazas directas contra los campesinos de la región. De igual forma, coordinaba el reclutamiento forzado de menores de edad y la planificación de acciones terroristas dirigidas tanto contra la población civil como contra las tropas de la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.Asimismo, el presidente Abelardo De La Espriella ratificó la responsabilidad del criminal en hechos de alto impacto en el país y manifestó textualmente: "Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen".Durante el desarrollo del procedimiento no solo se produjo la caída de alias 'Robinson Gutiérrez'; las autoridades también lograron la captura de tres miembros adicionales de la misma estructura delictiva. El mandatario aclaró que este balance corresponde a un resultado preliminar y confirmó que entregará un informe más amplio y detallado una vez las unidades en el terreno concluyan las labores de verificación.
Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, fue enviado a la cárcel junto con otros diez presuntos integrantes de una estructura de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, tras un operativo realizado en Puerto Gaitán, Meta. Según la Fiscalía, Salgado Merchán sería uno de los cabecillas de esta estructura y estaría relacionado con el denominado 'Zarco Aldinever'.Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso expuso ante el juez la hipótesis sobre el papel que habría desempeñado alias ‘Águila’ dentro de la organización. De acuerdo con el ente investigador, se trataría de una persona que habría tenido funciones de dirección y coordinación sobre otros integrantes de la estructura.El fiscal aseguró que “alias 'Águila', el señor Rafael Salgado, una persona que habría ejercido funciones de mando, de coordinación, y alrededor de cuya actividad aparecen diferentes personas vinculadas a los inmuebles, su señoría, cumpliendo funciones como seguridad, logística, el alojamiento, el manejo de armas, las comunicaciones y otras actividades necesarias para el funcionamiento de la estructura para afectar directamente lo que es la tranquilidad de la comunidad, lo que son bienes y derechos colectivos, su señoría”.Dentro de los elementos presentados durante la audiencia también fue mencionado el testimonio de una persona que dijo conocer a Salgado Merchán desde finales de la década de los noventa. Según la Fiscalía, este testigo lo ubicó inicialmente en las autodefensas campesinas del Meta y del Vichada y posteriormente como integrante de la Segunda Marquetalia.El fiscal explicó que “lo conoce desde el año 1999, cuando, según su relato, era 2º cabecilla de las autodefensas campesinas del Meta y del Vichada, y lo ubica posteriormente como 2º al mando del frente 53 de la Segunda Marquetalia. Habla una posición jerárquica, establece rol, función y demás, porque no solamente dice eso su señoría. Dice, yo lo reconozco como alias “Águila”, lo conozco desde el año 1999, cuando pertenecimos a las autodefensas campesinas del Meta, ahora se la pasa recorriendo todo el área sector rural de Puerto Gaitán. Se encarga de socializar con la comunidad, ya que es muy conocido en la región. Además, controla los integrantes que se le conocen como puntos, y componente armado”.Según la hipótesis de la Fiscalía, estas funciones le habrían permitido mantener contacto con integrantes de la estructura y ejercer control sobre diferentes actividades. En la audiencia también se indicó que estaría relacionado con el manejo de armas, comunicaciones, logística y control territorial.El fiscal señaló además que “es descrito como una persona con posición de mando dentro del componente armado. Se le atribuyen funciones de coordinación, reuniones de comunidades, acompañamiento a cargamentos de narcotráfico, ordenamiento de movimientos armados, control territorial, socialización con la comunidad. Esto significa que, según la hipótesis investigativa, estamos ante una persona que no solamente recibe órdenes, su señoría, estamos ante alguien que imparte órdenes, instrucciones, coordina actividades. Y esa circunstancia es fundamental para entender la posición de los restantes imputados”.Otro de los elementos expuestos por la Fiscalía corresponde a las anotaciones judiciales que registra Salgado Merchán. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el procesado tendría más de 20 anotaciones y antecedentes por diferentes delitos.“El señor Rafael Salgado Merchán registra 20 anotaciones y antecedentes judiciales, por los delitos de desaparición forzada, extorsión, homicidio, hurto, reclutamiento ilícito de menores, secuestro simple, utilización ilegal de uniformes e insignias, concierto para delinquir, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual en persona protegida, entre otros delitos. Así mismo, cuenta con varias sentencias condenatorias vigentes”, afirmó el fiscal durante la diligencia.Alias ‘Águila’ fue presentado por la Fiscalía como uno de los integrantes con mayor nivel de mando dentro de la estructura investigada. Su nombre también aparece relacionado como mano derecha del 'Zarco Aldinever', señalado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.En ese contexto, la Fiscalía busca establecer qué información podría aportar la relación atribuida entre Salgado Merchán y alias ‘Zarco Aldinever’, a quien buscan judicializar como persona ausente, ante las dificultades para ubicarlo y dar con su captura.Durante los procedimientos de allanamiento realizados fueron encontrados un revólver, tres pistolas y 133 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento, además de libretas en las que se llevaban las cuentas de extorsión.La organización tendría presencia en la zona rural de Puerto Gaitán y estaría dedicada, entre otras actividades, a ejercer control territorial y a realizar conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.
Once presuntos integrantes de una estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, dentro de una investigación por su posible participación en actividades relacionadas con control territorial, intimidación y extorsiones en zona rural de Puerto Gaitán, Meta.Entre los procesados se encuentra Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos cabecillas de la estructura y como hombre de confianza de alias ‘Zarco Aldinever’ en el departamento del Meta.De acuerdo con la investigación, la organización tendría presencia en la zona rural de Puerto Gaitán y estaría dedicada, entre otras actividades, a ejercer control territorial y a realizar conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.Las autoridades también investigan el uso de varios inmuebles rurales ubicados en Puerto Gaitán. Según la hipótesis de la Fiscalía, estos lugares serían utilizados como sitios de permanencia y ocultamiento de integrantes de la estructura, además de servir para almacenar y custodiar armas de fuego y otros elementos destinados al funcionamiento de la organización.Durante los procedimientos de allanamiento realizados en el municipio fueron encontrados un revólver, tres pistolas y 133 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento.Además de Salgado Merchán, los procesados son Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Omar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis. La Fiscalía sostiene que alias ‘Águila’ tendría un nivel de responsabilidad dentro de la estructura diferente al de los demás procesados. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de cometer extorsión y tráfico de estupefacientes, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.A los otros diez procesados les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y concierto para delinquir agravado.Ninguno de los once procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las audiencias preliminares. Sin embargo, todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de 11 integrantes de la Segunda Marquetalia en Puerto Gaitán, Meta. En Fundación, Magdalena, se dio la captura de dos integrantes del Clan del Golfo y, en La Macarena, fue destruido un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca. Estos resultados, según dijo el presidente, se dieron en las últimas 24 horas.“A estos resultados se suma un golpe contundente contra el crimen organizado en Popayán, Cauca. Gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano y a la rápida reacción de nuestra Policía Nacional, el GAULA y el GOES, rescatamos sano y salvo a un comerciante que había sido secuestrado, golpeado y sometido a exigencias económicas a cambio de respetar su vida y devolverle su camioneta”, aseguró el presidente.Es importante recordar que justo este fin de semana el presidente De La Espriella se reunió con los alcaldes del Área Metropolitana de Barranquilla para hablar del tema de seguridad. Especialmente, se habló sobre temas de extorsión y sicariato.“Desde el 7 de agosto, ya son 1.574 capturas, 10 extradiciones y 23.642 kilos de estupefacientes incautados, entre ellos 12.296 kilos de cocaína. Esta es la Fuerza Pública que Colombia necesita: rápida para reaccionar, contundente para golpear al crimen y siempre del lado de los ciudadanos. La orden es una sola: perseguir a los criminales, rescatar a quienes estén en sus manos, destruir sus estructuras y llevarlos ante la justicia”, señaló De La Espriella al referirse a los resultados de la Fuerza Pública en las últimas horas.
La Fiscalía General de la Nación señaló al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho de, presuntamente, haberse aliado con el Frente de Guerra Oriental del ELN y el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia para entregar información reservada sobre operaciones militares y reducir la presencia de la Fuerza Pública en zonas donde estas estructuras tenían influencia. De acuerdo con la investigación, el uniformado habría recibido pagos semanales a cambio de esta información y de favorecer los intereses de los grupos armados.“Inicialmente, en el año 2020, con el GAO del ELN, en el departamento de Arauca, específicamente con el Frente de Guerra Oriental. Y para el año 2026, con la organización criminal Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez”, afirmó el fiscal del caso.Según la Fiscalía, el coronel habría pactado pagos de hasta 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar a estos grupos armados sobre los movimientos y las capacidades operacionales de la Fuerza Pública. Esta información habría sido utilizada para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.Además, al coronel Amorocho se le atribuye haber impedido, presuntamente, el avance de las tropas hacia un punto de intervención específico, con el propósito de darles tiempo a los cabecillas de una estructura armada para escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados. Este hecho habría ocurrido durante una ofensiva militar realizada en Nariño en abril de este año.Sin embargo, los hechos investigados se remontan a 2020, cuando Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de un batallón del Ejército con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca. En ese momento, el coronel habría recibido un primer pago de 15 millones de pesos por parte de alias ‘El Profe’, señalado cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN, a cambio de reducir las operaciones militares en esa zona.Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Sin embargo, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho no aceptó los cargos.
Aunque durante esta semana causó gran revuelo la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia, al mando de ‘Iván Márquez’, desde Barranquilla el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, salió en defensa del Gobierno aclarando que dicho proceso no estaba en curso dado el debilitamiento de esa estructura.Patiño, entre otras cosas, fue mucho más allá afirmando que los estrados judiciales estaban dando una pelea con un "fantasma".“Es que con la Segunda Marquetalia ya no había negociación, ellos prácticamente habían dejado de existir. Están peleando con fantasmas”, fueron sus palabras.Estas declaraciones van en contra de los argumentos del Consejo de Estado, que basa su orden en que el Gobierno en su política de paz total cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. En otras palabras, para ellos la naturaleza de la organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto.Eso implica que el Presidente Petro y su gabinete solo estarían autorizados según la ley a liderar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, sin ningún beneficio político.Durante la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, Otty Patiño también recomendó, de cara al próximo gobierno, evaluar con serenidad los avances alcanzados en los procesos de paz y evitar desmontar lo construido. Esto hablando puntualmente de los diálogos de paz urbana que se adelantan con la banda Los Costeños, los cuales también han sido motivo de contienda para el Gobierno y la Alcaldía de Barranquilla.Finalmente, el ex constituyente destacó que la Constitución de 1991 permitió establecer nuevas bases institucionales y entregar herramientas para la protección de los derechos de los colombianos. En esa Carta Magna, aclara el Comisionado, se desarrollan las bases de un país, en materia de construcción de paz y garantías para los ciudadanos.
Luego de que el Consejo de Estado suspendiera la resolución con la que el Gobierno había autorizado la instalación de la mesa de diálogos de paz con la 'Segunda Marquetalia', desde la Consejería Comisionada para la Paz aclararon que su delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia.Desde la Consejería aseguran que la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB, así como la mesa de negociación con el grupo, siguen vigente y no se verá afectada por la decisión del alto tribunal.Desde la Consejería señalaron que desde noviembre de 2024 no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, una negociación con la Segunda Marquetalia cuya vocería estaba a cargo de Iván Márquez. Situación que quedó formalizada por medio de la Resolución 202 del 09 de julio de 2025.Asimismo, destacaron que los diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB ha tenido avances significativos en el propósito de reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas y fortalecer la convivencia en las comunidades."No obstante, aún es necesario avanzar con mayor determinación para garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho", se lee en el comunicado.Desde la Consejería, señalan que uno de los avances más recientes fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, en donde han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB para su proceso de reintegración a la ciudadanía plena."La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas", agregó.Finalmente, señalaron que impugnarán esta decisión judicial para proteger los derechos de las 99 personas vinculadas a la Coordinadora.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los jugadores verificar sus apuestas y comprobar si acertaron las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando también se aciertan las demás cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes durante el cobro, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.