La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal para investigar un presunto detrimento patrimonial por $12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., debido a la prescripción de acciones de cobro sobre cartera correspondiente a las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.Según el organismo de control, la investigación se originó tras un hallazgo fiscal que evidenció que la entidad acumulaba 60.093 facturas con cartera superior a 360 días. De ese total, 8.030 facturas, por un valor de $12.873.282.115, prescribieron, lo que impidió adelantar las acciones legales para recuperar esos recursos y habría generado un posible daño al patrimonio público.La actuación fiscal busca establecer si existieron fallas en el seguimiento y la gestión de la cartera, así como en la implementación oportuna de las medidas necesarias para evitar la prescripción de las cuentas por cobrar. Además, se determinará si hubo actuaciones u omisiones que derivaron en la pérdida de recursos públicos.El subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, Diego Alexánder Samudio, señaló que la apertura del proceso permitirá establecer posibles responsabilidades fiscales, al tiempo que garantizó que la investigación se adelantará con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.La Contraloría indicó que el propósito de esta actuación es proteger el patrimonio de los bogotanos y esclarecer si la pérdida de la posibilidad de cobrar estas obligaciones ocasionó un detrimento a los recursos públicos.
La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que, a partir de este jueves 7 de agosto, se levantará la medida de intervención forzosa administrativa que había sido impuesta a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.Esta decisión se produce luego de una prórroga de tres meses que había sido anunciada por el ente de control, plazo que concluye mañana. Según la Supersalud, la Subred ya fue notificada el día 04 de agosto y se hará oficial con Cetro Oriente el día de mañana, 06 de agosto.La Subred Centro Oriente es la encargada de prestar servicios de salud a las poblaciones de las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.La intervención había sido impuesta inicialmente el 6 de mayo de 2024, tras detectarse al menos 30 deficiencias reiterativas desde 2022, entre ellas fallas administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales, según la Superintendencia, ponían en riesgo la integridad y seguridad de los pacientes.Según la resolución de la Supersalud, se indica que la entidad levantó la medida tras evaluar un informe de gestión que evidenció el cumplimiento de las recomendaciones, permitiendo a la Subred garantizar la prestación de servicios de salud con mejora continua en la calidad.
El concejal de Bogotá, Oscar Ramirez Vahos, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue al interventor de la Subred Centro Oriente de Bogotá, Luis Oscar Gálvez, por presunta extralimitación de sus funciones.Según alega el cabildante, Gálvez se estaría extralimitando al modificar el nombre de los Centros de Atención Prioritaria en Salud, como antes estaban constituidos, a Centros de Atención Primaria, como se denominan los puntos de salud del Gobierno nacional.“Con esto, lo que está haciendo el Gobierno es ser arbitrario porque el interventor solo está facultado para administrar la Subred; no para modificar, transformar o reformar, según su criterio, la estructura, los nombres o los servicios de la Subred. Este Gobierno sigue poniendo en jaque la autonomía territorial de nuestra ciudad sin control alguno”, dijo el concejal.Esta perdición de Ramirez Vahos se da unas horas después de que el Distrito denunciara las presuntas irregularidades por parte del interventor. A través de sus redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán le pidió aclaraciones al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el panorama con la Subred Centro Oriente de Bogotá“Presidente Gustavo Petro, ministro Guillermo Jaramillo, aclárenle al país: ¿esto fue una intervención o es una expropiación? Esto que están haciendo es ilegal e inconstitucional. Defenderemos la salud de los bogotanos”, dijo Galán en su cuenta de X.Según denunciaban desde el Distrito, en centros de salud como Samper Mendoza, Perseverancia, Primero de Mayo, Libertadores, Olaya, Antonio Nariño, Altamira, Diana Turbay y Los Chircales, se ha evidenciado la modificación en el nombre de las instalaciones, acompañada de imágenes del Gobierno nacional.Con todo esto, y a falta de una respuesta a todo el polémico caso, desde el Concejo reiteran el llamado a la Procuraduría para que adelante las acciones correspondientes. “Esperamos una pronta intervención de la Procuraduría y también una decisión del Honorable Consejo de Estado que estudia desde hace siete meses mi solicitud de nulidad de esta velada expropiación de los recursos de los capitalinos”, concluyó Ramirez Vahos.
A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió aclaraciones al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras la intervención forzosa a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. El mandatario calificó de ilegal e inconstitucional ciertas acciones que ha adelantado el Gobierno tras la medida.“Presidente @petrogustavo, ministro @GA_Jaramillo, aclárenle al país: ¿esto fue una intervención o es una expropiación? Esto que están haciendo es ilegal e inconstitucional. Defenderemos la salud de los bogotanos”, dijo Galán en su cuenta de X.Lo dicho por el mandatario se da en respuesta a una solicitud que hizo su secretario de Salud, Gerson Bermont, quien pidió explicaciones sobre el alcance de la intervención. El funcionario cuestionó la modificación de los nombres de las instalaciones pertenecientes a la Subred y, además, que estos vayan de la mano de imágenes del Gobierno Nacional.“Así lo hemos evidenciado en algunos centros de salud como Samper Mendoza, Perseverancia, Primero de Mayo, Libertadores, Olaya, Antonio Nariño, Altamira, Diana Turbay y Los Chircales. Frente a la Subred Centro Oriente, por parte de la Superintendencia de Salud, es importante aclarar que la medida, de carácter temporal”, dijo Bermont en un video publicado en sus redes sociales.Desde el Distrito aseguran que la intervención tiene el propósito de subsanar las situaciones administrativas y financieras de la entidad, algo que no implica que la Subred pierda su condición de Empresa Social del Estado perteneciente al Distrito.“Siempre hemos hablado de la intención de un trabajo articulado. Esto es la muestra de ausencia de voluntad por parte de la Nación. Hoy, exigimos que la Subred Centro Oriente sea devuelta al Distrito. Estamos evaluando las acciones jurídicas procedentes para defender y proteger el patrimonio de los bogotanos”, finalizó Bermont.Cabe recordar que la Subred Centro Oriente se encuentra intervenida desde mayo de 2024, cuando la Supersalud ordenó implementar la medida con base en la detección de 30 deficiencias que abarcan aspectos administrativos, financieros, asistenciales y jurídicos, las cuales han persistido desde el año 2022, comprometiendo la seguridad y la integridad de los pacientes.En cuanto al aspecto financiero, al momento de su intervención, la entidad presentaba un déficit en los ingresos frente a los costos y gastos generados, debido a falencias en el recaudo adecuado de ingresos. Esto habría llevado al incumplimiento de pagos, especialmente con el personal de salud y los proveedores de servicios médicos y suministros esenciales para la atención de los pacientes.
Luego de conocerse un presunto caso de negligencia al interior del Hospital de Kennedy, al sur de Bogotá, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente entregó nuevos detalles de lo sucedido tras la investigación.Cabe recordar que, a través de un video publicado en redes sociales, usuarios habían denunciado que un hombre había muerto mientras esperaba ser atendido en la sala de urgencias del centro médico. En un principio, la Subred aseguró que el caso se remontaba al pasado 9 de enero, cuando el paciente acude al lugar por un dolor abdominal y muere 25 minutos después tras un paro cardiorrespiratorio.A todo lo anterior, y luego de las investigaciones correspondientes, la entidad manifestó que lo sucedido con esta persona no está directamente relacionada con una negligencia o con la atención del equipo médico."Mediante el análisis del caso, se lograron identificar varias acciones inseguras que, principalmente, se relacionan con el paciente como son: un cuadro clínico inespecífico, una consulta tardía y un acompañante con poca información”, dijo el director del Servicio de Urgencias de la Subred Sur Occidente, Juan Manuel Mendieta.Bajo ese sentido, el funcionario aseguró que desde el momento en el que se conoció el caso han colaborado con la investigación de las autoridades, y lo seguirán haciendo en caso de ser necesario. Asimismo, Mendieta manifestó que han atendido de manera oportuna los requerimientos de los entes de control.“No vamos a tolerar hechos que vayan en contra de los derechos de las personas, ni de nuestros valores institucionales. Para nosotros es muy importante garantizar el derecho a la salud de quienes asisten a nuestros centros y hospitales en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en nuestra institución”, finalizó el funcionario de la Subred.
El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, salió en defensa de la intervención de Supersalud en la Subred Centro Oriente Bogotá tras los cuestionamientos del alcalde Carlos Fernando Galán.Para el mandatario, esta decisión los tomó por sorpresa y no hacía parte de lo conversado en reunión que sostuvieron ambos el pasado 29 de abril.“Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo Galán.Ante esto, Leal aseguró que las medidas de su entidad son para el bien de la población y que lo que se había hablado con el alcalde era una negociación y acompañamiento pero, a pesar de los compromisos del distrito, surgieron encontrando falencias."Pero no es posible que la Superintendencia conozca que se están infringiendo normas que ponen en riesgo la salud de las personas y no haga absolutamente nada y mire para otro lado”, puntualizó Leal.El superintendente dejó claro que mantendrán el acompañamiento, pero enumeró varios problemas que llevaron a tomar la decisión, pues no se mejoraron.“Usted sabe, por lo menos, que usted tiene la responsabilidad de nombrar la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y así tener el control de lo que venía ocurriendo en irregularidades financieras. Esto no lo hizo. Sabe que hay unas deudas importantes por parte de Capital Salud y la Alcaldía Mayor que ni siquiera se intentaron subsanar. Sabe que hay muchas oportunidades de mejora, pero esto se comprueba con hechos”, expresó Leal de manera directa al mandatario de los bogotanos.Este choque de versiones se suma al malestar que también manifestó Galán contra los anuncios del Ministerio de Ambiente sobre el POT de la región metropolitana.“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseguró Galán.
A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al Gobierno nacional por las últimas decisiones que se han tomado sobre la ciudad y aseguró que “es un irrespeto” contra la autonomía de la ciudad con este tipo de decisiones.“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseveró el mandatario.Y es que Galán se refirió puntualmente a dos temas: la intervención de SuperSalud a la Subred Centro Oriente y el POT que anunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la Región Metropolitana de Bogotá; casos que criticó al decir que son decisiones que pasan por encima de la autonomía del Distrito.“Si bien el Ministerio de Salud en su última calificación consideró que la Subred Centro Oriente representaba un riesgo bajo, sabemos que existen problemas estructurales e históricos que deben ser solucionados (…) Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo el alcalde, quien también aseguró que les tomó por sorpresa la decisión pidiendo que el superintendente primero dialogue con las autoridades del Distrito.Por otro lado, Galán advirtió que “está en riesgo la autonomía territorial en Bogotá” luego de que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, suspendiera tres proyectos de la empresa Acueducto y le recordó que es la Secretaría de Ambiente la encargada y advirtió que la Secretaría Jurídica tomará acciones judiciales para cuidar el bienestar de los ciudadanos.“Nos llama la atención que, mientras estamos enfocados en aliviar la crítica situación del agua, la Superintendencia de Servicios Públicos ha desplegado acciones frente a lo que ha determinado una vigilancia especial, solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas. Información extraordinaria sobre cerca de 100 temas diferentes que no tienen relación con el racionamiento, generando dificultades operativas”, añadió y pidió respeto por la autonomía de Bogotá.¿Qué dijo la ministra de Ambiente?El pasado lunes, 6 de mayo, desde Soacha en medio de un evento con el presidente Gustavo Petro, la ministra aseguró que están preparando el POT de la región metropolitana.“Es mejor que tengamos los determinantes claros antes de entrar a esos procesos. Debemos definir eso y también MinAmbiente tiene la potestad porque la sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional. De definir los polígonos compatibles con minería, definir en donde se hace minería en la sabana de Bogotá y donde no”, detalló Muhammad.En ese espacio, la ministra aseguró que se deberían hacer cambios en tres proyectos de infraestructura de la empresa de acueducto de Bogotá lo cual, según Galán, es una extralimitación del Gobierno nacional.“La autoridad ambiental en Bogotá es la Secretaría de Ambiente, que mucho antes de esta decisión había desplegado todas las acciones encaminadas al desarrollo sostenible de Bogotá, ejerciendo la administración, control y seguimiento ambiental de los 17 humedales ubicados en la ciudad y garantizando así su conservación”, comentó Galán.El alcalde alertó además por lo que sería otra intervención del orden nacional, y es que en la Superintendencia de Servicios inició una vigilancia especial solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas.
La Subred Norte, entidad prestadora de servicio de salud de en Bogotá, será investigada por la Procuraduría por irregularidades en la compra de medicamentos vencidos avaluados en 200 millones de pesos.El ente investigador aseguró que busca esclarecer la ocurrencia de estos hechos, los cuales fueron denunciados a raíz de la revisión al sistema de salud de la capital y que, al parecer, sucedieron durante la vigencia del año 2022.Por el momento no hay claridad de los funcionarios que estarían involucrados, sin embargo, el Ministerio Público ordenó los medios probatorios necesarios para determinar la veracidad de la información para determinar si hubo una falla disciplinaria.“La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción, con la finalidad de establecer si existió o no falta disciplinaria, en virtud de lo dispuesto por el Código General Disciplinario, ordenó los medios probatorios necesarios para determinar la veracidad de la información”, señaló el ente de control.Frente al comunicado de la Procuraduría, la Secretaría de Salud del Distrito aseguró que las vigencias de esas auditorías no corresponden al año pasado."Las publicaciones realizadas en los medios de comunicación en meses anteriores, frente a presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos por parte de la Subred corresponden a hallazgos de las auditorias de regularidad realizadas por parte de la Contraloría de Bogotá para las vigencias 2020 y 2021 respectivamente", señaló la entidad.Esta investigación se suma a la que adelantaba la contraloría de Bogotá desde el pasado mes de marzo, cuando se abrió un proceso de responsabilidad Fiscal en contra de las personas involucradas para retornar el dinero al Distrito para que no se pierda la inversión establecida desde el año 2022 en las subredes.Le puede interesar:
La Contraloría Distrital abrió una indagación preliminar de responsabilidad fiscal por la presunta perdida de recursos por más de 5.062.092.562 de pesos, al encontrar irregularidades en la gestión de cobro de cartera de los años 2015 y 2016 a cuatro exgerentes en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.Los presuntos responsables son Claudia Prieto, Jeannette Pava, Gloria Polania y Ricardo León, quienes para la época fueron los gerentes de esta subred en los hospitales que comprende el hospital el Tunal atendiendo a los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme.Estos cobros de cartera obedecen a servicios de salud prestados como hospitalizaciones, prestación de ambulancia, entre otros.La Contraloría Distrital lleva la investigación de 100 procesos de responsabilidad fiscal por recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, irregularidades en la contratación, problemas de facturación y pago de sanciones e intereses.La decisión se tomó luego de la indagación a las cuentas por más de varios meses por parte del ente de control y encontrar algunas anomalías.Le puede interesar:
La Contraloría de Bogotá adelanta 100 Procesos de responsabilidad fiscal por $85.243 millones sobre las subredes Centro Oriente, Norte, Sur y Suroccidente, por hechos registrados desde cuando fueron creadas en el año 2016.Los procesos son por temas como la falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, irregularidades en la contratación, problemas de facturación y pago de sanciones e intereses.Por ejemplo, la Subred Norte tiene hallazgos por 38.734 millones de pesos, seguida por la Subred Sur Occidente con 15.789 millones; Subred Sur con 15.602 millones y Subred Centro Oriente con 15.116 millones en hallazgos,El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, dio la instrucción de impulsar esos 100 procesos para salvaguardar los recursos de la salud y garantizar una óptima prestación del servicio a los ciudadanos.“He dado la orden de priorizar cerca de 100 procesos de responsabilidad fiscal por más de $85,000 millones sobre las cuatro subredes integradas de servicios de salud por hechos ocurridos desde cuando fueron creadas en el año 2016, por temas como falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, problemas en la contratación y en la facturación, pérdidas de equipos médicos y vencimientos de medicamentos, entre otros”, indicó el jefe del organismo de control.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
Una ruptura repentina de una tubería de agua puede convertirse en una situación de alto riesgo para quienes transitan por el lugar. La presión del agua puede provocar una salida violenta del líquido, afectar la superficie y poner en peligro a conductores, motociclistas y peatones que se encuentren cerca.Eso fue lo que ocurrió en el suroeste de Venezuela, donde la fractura de un ducto del Acueducto Regional dejó al menos dos personas heridas. El momento de la emergencia quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.Así ocurrió la ruptura del tubo en VenezuelaDe acuerdo con la información conocida, la tubería del Acueducto Regional del Táchira, de aproximadamente 40 pulgadas, sufrió una fractura mientras sobre la vía circulaban vehículos y personas.En las imágenes se observa que, segundos antes de la ruptura, varios carros pasaban en ambas direcciones justo por encima del lugar donde se encontraba el ducto. Al mismo tiempo, algunas personas caminan por los andenes, muy cerca del punto en el que posteriormente se produjo la emergencia.De un momento a otro, el tubo se rompió y provocó una fuerte explosión de agua que alcanzó más de 3 metros de altura. Un motociclista que avanzaba en dirección al sitio alcanzó a frenar antes de ser lanzado por el aire debido a la fuerza del agua. Luego abandonó la motocicleta y corrió en dirección contraria para alejarse del lugar.Asimismo, otro vehículo alcanzó a pasar por la zona. El conductor continuó algunos metros y finalmente frenó, aparentemente confundido por lo que acababa de ocurrir. Otras personas que caminaban cerca también salieron corriendo ante la explosión.La ruptura de la tubería dejó al menos dos heridos y también ocasionó daños en siete inmuebles y un vehículo. La fuerza del agua destrozó una parte de la vía por lo que escombros de pavimento también volaron por el aire.Autoridades locales y entidades responsables acudieron al lugar para atender la emergencia, hacer el drenaje de las aguas y comenzar las labores de excavación necesarias para sustituir el tramo de tubería afectado.
Starbucks ha confirmado oficialmente la clausura de aproximadamente 250 establecimientos en toda la región de Norteamérica. La decisión, detallada a través de una presentación regulatoria este jueves, forma parte de una política corporativa orientada a optimizar el rendimiento financiero de la marca. Según informaron fuentes de la compañía, estos cierres se llevarán a cabo en el transcurso de esta misma semana.El criterio principal detrás de esta medida es el rendimiento operativo, pues la cadena ha identificado locales que, bajo el análisis actual, presentan un desempeño inferior a las expectativas y carecen de una "ruta clara" hacia la rentabilidad a mediano plazo. Al eliminar estos activos, la dirección busca concentrar sus recursos y esfuerzos en aquellas sucursales con un mayor potencial de crecimiento y una trayectoria financiera sólida.El impacto de la gestión de Brian NiccolEsta nueva ola de cierres constituye un paso decisivo en el plan de transformación iniciado por el CEO de Starbucks, Brian Niccol. Desde su llegada, el directivo ha priorizado la eficiencia operativa y la mejora en la experiencia del cliente como ejes para revertir la tendencia actual de la empresa. La reducción del 1% de su inventario total de cafeterías en Norteamérica se interpreta como una señal de que la directiva está dispuesta a realizar ajustes estructurales profundos.El mercado ha observado con atención estos movimientos, ya que la cadena se enfrenta a un entorno altamente competitivo y a cambios significativos en los hábitos de consumo post-pandemia. A pesar de la relevancia del anuncio, la empresa se ha mantenido cautelosa respecto a los detalles específicos sobre la ubicación geográfica de los locales afectados o la proporción exacta de establecimientos que se encuentran bajo convenios sindicales.Antecedentes y contexto en el sector cafeteroLa medida anunciada hoy se produce apenas un año después de un ciclo de cierres masivos que ya había afectado significativamente la presencia física de la marca en el mercado norteamericano. En aquel entonces, Starbucks también argumentó que la decisión respondía a la necesidad de renovar su modelo de negocio ante la saturación de ciertos puntos de venta y los altos costos operativos.Este patrón de cierre de locales de bajo rendimiento se alinea con una tendencia observada en la industria de la restauración y el retail en Estados Unidos. La presión inflacionaria y el aumento en los costos de mano de obra han obligado a grandes cadenas a realizar auditorías exhaustivas sobre sus activos físicos. El objetivo final es alcanzar un equilibrio entre la presencia masiva y la viabilidad económica de cada unidad.Incertidumbre para empleados y clientesHasta el momento, Starbucks no ha facilitado una lista pública de los establecimientos que cesarán sus operaciones en los próximos días, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se gestionará la reubicación del personal afectado por los cierres. Históricamente, en procesos de reestructuración a gran escala, las empresas suelen ofrecer alternativas de transferencia a otras sucursales cercanas, aunque la compañía aún no ha emitido un comunicado detallado sobre el protocolo de recursos humanos para este caso específico.Para los clientes habituales, la noticia supone un cambio en la accesibilidad de la marca, especialmente en mercados urbanos donde la densidad de locales ha sido un sello distintivo por décadas. Con este ajuste, la empresa espera no solo mejorar sus márgenes de beneficio, sino también consolidar una estructura más ágil y adaptada a las nuevas demandas operativas de la compañía bajo la dirección de Niccol.
El Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate la iniciativa presentada por el alcalde Alejandro Char, para la creación del Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en los estratos 1, 2, y el 3, siempre y cuando esté en condición de vulnerabilidad.El mandatario explicó que el proyecto busca aliviar la economía de más de 200.000 hogares a los que se les busca garantizar el acceso a una cantidad esencial de agua para atender necesidades básicas como hidratación, preparación de alimentos, higiene y salubridad.La medida contempla que el Distrito reconozca el valor correspondiente a los primeros 6 metros cúbicos mensuales de consumo.“Estoy muy feliz de que el Concejo de Barranquilla ya haya aprobado hoy, en primer debate, el Mínimo Vital de Agua para cerca de 700.000 personas en Barranquilla. Esto significa salud, significa vida”, comentó Char.De acuerdo con el anexo técnico financiero que acompaña el proyecto, la medida tendría una cobertura potencial inicial de 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2, de los cuales 186.474 cuentan también con el servicio de alcantarillado.Para 2027, el Distrito estima destinar $66.209 millones para la financiación del programa, recursos que estarán sujetos a las condiciones tarifarias, el consumo efectivamente reconocido, la verificación de los beneficiarios y las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.El esfuerzo fiscal estimado se distribuiría en aproximadamente $36.624 millones para los usuarios del estrato 1 y $29.586 millones para los del estrato 2. Estos recursos no sustituirán los subsidios vigentes para ambos estratos, sino que se sumarán a ellos para cubrir exclusivamente el componente de consumo correspondiente a los 6 metros cúbicos reconocidos como mínimo vital.El mandatario explicó que este beneficio representa mucho más que un alivio en la factura de los servicios públicos, especialmente para las familias con menores ingresos. “Es agua para el abuelito que necesita estar limpio, para hidratar a los bebés, para limpiar los alimentos, para tener bien limpio lo que consumimos; o sea, para estar saludable”, explicó el mandatario de los barranquilleros, al señalar que el acceso al agua constituye una condición fundamental para la salud y el bienestar de las familias.
Tras cuestionamientos planteados por el gobernador Andrés Julián Rendón frente a las acciones de Cornare que darían viabilidad ambiental a obras estratégicas para la movilidad del Oriente de Antioquia, en las últimas horas la autoridad ambiental se pronunció frente al estado de cinco proyectos que avanzan en su jurisdicción.Según Cornare, en los últimos meses han ejecutado 13 mesas técnicas con la Gobernación y sus consultores para revisar estudios, resolver inquietudes y analizar los requerimientos de cada iniciativa. Esto, en medio de las recientes declaraciones del mandatario departamental donde solicitaba agilidad en los trámites."Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándole la cara. Si usted les da la espalda, pues, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos", afirmó el mandatario sobre las obras.Frente a la vía Aeropuerto - SIKA, en el municipio de Rionegro, que hace parte de la modificación de la licencia ambiental del Túnel de Oriente, desde Cornare destacaron que el trámite permanece suspendido por vacíos en la información entregada como la falta de diseños detallados, algunas inconsistencias en el balance de materiales y una caracterización insuficiente de cuerpos de agua en la zona.Por su parte, sobre la vía El Santuario - Providencia, la entidad indicó que en siete mesas técnicas sigue el estudio de su trazado, pues las tres alternativas propuestas hasta el momento “atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas, corredores ecológicos y otros elementos ambientales que requieren especial consideración”, dijo Cornare.En el caso de la vía El Carmen de Viboral - El Canadá, las dificultades se encuentran en la falta de diseños de detalle, soportes cartográficos y claridad sobre las intervenciones previstas, situaciones que identificaron tras una revisión al avance del proyecto en agosto.“La Corporación tiene la responsabilidad de administrar y proteger los recursos naturales y sustentar técnicamente sus decisiones, una misión que ha guiado su gestión durante 42 años. En ese marco, los trámites se atienden de manera oportuna y con el rigor necesario: cuando la información lo permite, los procesos avanzan y, cuando requiere complementarse, se solicitan los ajustes correspondientes, siempre bajo premisas de diálogo y socialización”.
La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.
