El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, salió en defensa de la intervención de Supersalud en la Subred Centro Oriente Bogotá tras los cuestionamientos del alcalde Carlos Fernando Galán.Para el mandatario, esta decisión los tomó por sorpresa y no hacía parte de lo conversado en reunión que sostuvieron ambos el pasado 29 de abril.“Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo Galán.Ante esto, Leal aseguró que las medidas de su entidad son para el bien de la población y que lo que se había hablado con el alcalde era una negociación y acompañamiento pero, a pesar de los compromisos del distrito, surgieron encontrando falencias."Pero no es posible que la Superintendencia conozca que se están infringiendo normas que ponen en riesgo la salud de las personas y no haga absolutamente nada y mire para otro lado”, puntualizó Leal.El superintendente dejó claro que mantendrán el acompañamiento, pero enumeró varios problemas que llevaron a tomar la decisión, pues no se mejoraron.“Usted sabe, por lo menos, que usted tiene la responsabilidad de nombrar la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y así tener el control de lo que venía ocurriendo en irregularidades financieras. Esto no lo hizo. Sabe que hay unas deudas importantes por parte de Capital Salud y la Alcaldía Mayor que ni siquiera se intentaron subsanar. Sabe que hay muchas oportunidades de mejora, pero esto se comprueba con hechos”, expresó Leal de manera directa al mandatario de los bogotanos.Este choque de versiones se suma al malestar que también manifestó Galán contra los anuncios del Ministerio de Ambiente sobre el POT de la región metropolitana.“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseguró Galán.
A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al Gobierno nacional por las últimas decisiones que se han tomado sobre la ciudad y aseguró que “es un irrespeto” contra la autonomía de la ciudad con este tipo de decisiones.“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, aseveró el mandatario.Y es que Galán se refirió puntualmente a dos temas: la intervención de SuperSalud a la Subred Centro Oriente y el POT que anunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la Región Metropolitana de Bogotá; casos que criticó al decir que son decisiones que pasan por encima de la autonomía del Distrito.“Si bien el Ministerio de Salud en su última calificación consideró que la Subred Centro Oriente representaba un riesgo bajo, sabemos que existen problemas estructurales e históricos que deben ser solucionados (…) Tuvimos una conversación con el superintendente donde le expusimos el Plan de Sostenibilidad Financiera y hablamos de la importancia del acompañamiento y apoyo del Gobierno. Acordamos trabajar en equipo. En ningún momento durante esa reunión se mencionó la posibilidad de una intervención”, dijo el alcalde, quien también aseguró que les tomó por sorpresa la decisión pidiendo que el superintendente primero dialogue con las autoridades del Distrito.Por otro lado, Galán advirtió que “está en riesgo la autonomía territorial en Bogotá” luego de que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, suspendiera tres proyectos de la empresa Acueducto y le recordó que es la Secretaría de Ambiente la encargada y advirtió que la Secretaría Jurídica tomará acciones judiciales para cuidar el bienestar de los ciudadanos.“Nos llama la atención que, mientras estamos enfocados en aliviar la crítica situación del agua, la Superintendencia de Servicios Públicos ha desplegado acciones frente a lo que ha determinado una vigilancia especial, solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas. Información extraordinaria sobre cerca de 100 temas diferentes que no tienen relación con el racionamiento, generando dificultades operativas”, añadió y pidió respeto por la autonomía de Bogotá.¿Qué dijo la ministra de Ambiente?El pasado lunes, 6 de mayo, desde Soacha en medio de un evento con el presidente Gustavo Petro, la ministra aseguró que están preparando el POT de la región metropolitana.“Es mejor que tengamos los determinantes claros antes de entrar a esos procesos. Debemos definir eso y también MinAmbiente tiene la potestad porque la sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional. De definir los polígonos compatibles con minería, definir en donde se hace minería en la sabana de Bogotá y donde no”, detalló Muhammad.En ese espacio, la ministra aseguró que se deberían hacer cambios en tres proyectos de infraestructura de la empresa de acueducto de Bogotá lo cual, según Galán, es una extralimitación del Gobierno nacional.“La autoridad ambiental en Bogotá es la Secretaría de Ambiente, que mucho antes de esta decisión había desplegado todas las acciones encaminadas al desarrollo sostenible de Bogotá, ejerciendo la administración, control y seguimiento ambiental de los 17 humedales ubicados en la ciudad y garantizando así su conservación”, comentó Galán.El alcalde alertó además por lo que sería otra intervención del orden nacional, y es que en la Superintendencia de Servicios inició una vigilancia especial solicitando más de 25 visitas en menos de dos semanas.
La Subred Norte, entidad prestadora de servicio de salud de en Bogotá, será investigada por la Procuraduría por irregularidades en la compra de medicamentos vencidos avaluados en 200 millones de pesos.El ente investigador aseguró que busca esclarecer la ocurrencia de estos hechos, los cuales fueron denunciados a raíz de la revisión al sistema de salud de la capital y que, al parecer, sucedieron durante la vigencia del año 2022.Por el momento no hay claridad de los funcionarios que estarían involucrados, sin embargo, el Ministerio Público ordenó los medios probatorios necesarios para determinar la veracidad de la información para determinar si hubo una falla disciplinaria.“La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción, con la finalidad de establecer si existió o no falta disciplinaria, en virtud de lo dispuesto por el Código General Disciplinario, ordenó los medios probatorios necesarios para determinar la veracidad de la información”, señaló el ente de control.Frente al comunicado de la Procuraduría, la Secretaría de Salud del Distrito aseguró que las vigencias de esas auditorías no corresponden al año pasado."Las publicaciones realizadas en los medios de comunicación en meses anteriores, frente a presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos por parte de la Subred corresponden a hallazgos de las auditorias de regularidad realizadas por parte de la Contraloría de Bogotá para las vigencias 2020 y 2021 respectivamente", señaló la entidad.Esta investigación se suma a la que adelantaba la contraloría de Bogotá desde el pasado mes de marzo, cuando se abrió un proceso de responsabilidad Fiscal en contra de las personas involucradas para retornar el dinero al Distrito para que no se pierda la inversión establecida desde el año 2022 en las subredes.Le puede interesar:
La Contraloría Distrital abrió una indagación preliminar de responsabilidad fiscal por la presunta perdida de recursos por más de 5.062.092.562 de pesos, al encontrar irregularidades en la gestión de cobro de cartera de los años 2015 y 2016 a cuatro exgerentes en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.Los presuntos responsables son Claudia Prieto, Jeannette Pava, Gloria Polania y Ricardo León, quienes para la época fueron los gerentes de esta subred en los hospitales que comprende el hospital el Tunal atendiendo a los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme.Estos cobros de cartera obedecen a servicios de salud prestados como hospitalizaciones, prestación de ambulancia, entre otros.La Contraloría Distrital lleva la investigación de 100 procesos de responsabilidad fiscal por recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, irregularidades en la contratación, problemas de facturación y pago de sanciones e intereses.La decisión se tomó luego de la indagación a las cuentas por más de varios meses por parte del ente de control y encontrar algunas anomalías.Le puede interesar:
La Contraloría de Bogotá adelanta 100 Procesos de responsabilidad fiscal por $85.243 millones sobre las subredes Centro Oriente, Norte, Sur y Suroccidente, por hechos registrados desde cuando fueron creadas en el año 2016.Los procesos son por temas como la falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, irregularidades en la contratación, problemas de facturación y pago de sanciones e intereses.Por ejemplo, la Subred Norte tiene hallazgos por 38.734 millones de pesos, seguida por la Subred Sur Occidente con 15.789 millones; Subred Sur con 15.602 millones y Subred Centro Oriente con 15.116 millones en hallazgos,El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, dio la instrucción de impulsar esos 100 procesos para salvaguardar los recursos de la salud y garantizar una óptima prestación del servicio a los ciudadanos.“He dado la orden de priorizar cerca de 100 procesos de responsabilidad fiscal por más de $85,000 millones sobre las cuatro subredes integradas de servicios de salud por hechos ocurridos desde cuando fueron creadas en el año 2016, por temas como falta de gestión en la recuperación de cartera, sobrecostos en insumos y servicios, problemas en la contratación y en la facturación, pérdidas de equipos médicos y vencimientos de medicamentos, entre otros”, indicó el jefe del organismo de control.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
A partir de este viernes, 2 de septiembre, los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Blas, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, serán clausurados.Esta decisión se da después de que la Sub-Red de Centro Oriente, que administra los servicios que presta ese y otros centros de salud, recibiera luz verde por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá.Durante la mañana del viernes se llevó a cabo una reunión en la que se notificó a los médicos e intensivistas que se iniciaría el proceso de “reconversión de 10 camas de cuidados intensivos adulto”. Esto en la práctica implicaba que el Hospital San Blas contaría más con ese servicio y que los pacientes que necesitaran de una UCI serían trasladados a la de los Hospitales Santa Clara y la Victoria.Con esta decisión, el Hospital San Blas, que cuenta con 10 camas para Unidad de Cuidado Intensivo y 6 de cuidado crítico, deshabilitaría las primeras. De esta manera, se reconvertirán a cuidado básico como funcionaba antes de la pandemia.A través de un comunicado la Subred Centro Oriente aseguró que “la reconversión de las Unidades de Cuidados Intensivos en el Hospital San Blas no afectará la calidad ni la prestación de los servicios de salud a los usuarios y hace parte del proceso habitual ante la disminución de la demanda de este servicio”. Le puede interesar, escuche el podcast: Los Serfardíes
La Subred Centro Oriente afrontaba una crisis debido a la falta de recursos, lo cual ponía en riesgo cerca de 4.500 empleos y la cobertura de 2 millones de usuarios, pues habría cierre de 6 centros de salud.El Consejo Superior de Política Fiscal y el coordinador del Sistema Presupuestal de la Administración Distrital (Confis) de Bogotá les negó la adición de recursos, ya que, según ellos, no había garantías para aprobarlo debido a las irregularidades que se presentaron en Subred.Sin embargo, este jueves, 11 de agosto, la alcaldesa Claudia López confirmó la adición presupuestal por 14.000 millones de pesos, después de la suspensión de la gerente de Subred Oriente, Claudia Ardila.Anteriormente, la Secretaría de Salud había pedido esta adición, pero fue rechazada por el Confis del Distrito.Finalmente, la crisis fue solucionada por lo que ya no hay riesgo para los empleados de Subred, ni en la prestación de servicios para los usuarios.Le puede interesar: Al pelo con Tata
Este miércoles en la mañana, varios usuarios se reunieron en el hospital La Victoria para denunciar la falta de recursos y mala atención al paciente. Esto después de que el Distrito negara el aumento presupuestal para la Subred Oriente, pues argumentan que hay “falta de garantías” para tomar la decisión.Ante esto, la Secretaría de Salud informó que en la auditoría que finalizó en julio se evidenció faltas en la atención a los usuarios y de los trabajadores. Además, se mostró que la gerente, Claudia Ardila, les dio mal manejo a los recursos financieros necesarios para el pago de proveedores de medicamentos y personal.“En consecuencia con los graves hallazgos, la dirección distrital de asuntos disciplinarios de la Alcaldía Mayor le ha notificado una nueva suspensión en su cargo, la tercera desde 2020, a la gerente Claudia Ardila. Por Ley, el cargo de gerencia de la Subred es de periodo fijo por lo cual no es posible aplicar la destitución, a pesar de las reiteradas denuncias e irregularidades”, explicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.Gómez agregó que la gerente será relevada de su cargo por al menos tres meses más y se garantizará la continuidad de los servicios médicos a los usuarios y el trabajo al personal. Asimismo, volverán a enviar la propuesta presupuestal para la adición de recursos a la Subred Oriente.“La Secretaría Distrital de Salud volverá a elevar esta misma semana al CONFIS Distrital la solicitud de asignación presupuestal necesaria y también la continuación de un estricto plan de mejoramiento que garantice el correcto funcionamiento y calidad de servicio en la Subred Centro Oriente”, agregó el secretario de Salud.
Estos son los puntos habilitados por el Distrito para la realización de pruebas COVID-19 gratis en Bogotá para este viernes, 5 de mayo.Esta es la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar en los siguientes puntos de la Subred Sur:Los Mártires, San Cristóbal, Santa Fe, Antonio Nariño, La CandelariaBosa, Kennedy, Fontibón y Puente ArandaEngativá, Suba, Teusaquillo, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos
El Decreto que buscaba generar recursos para salvaguardar el MIO con el cual se haría efectivo el cobro por contribución por el servicio de parqueadero fuera de vía pública ya no se aplicará en la ciudad de Cali.Así lo dio a conocer el concejal Edison Giraldo, quien fue uno de los integrantes de las mesas de diálogo entre la Alcaldía y los administradores de los parqueaderos del centro de Cali y resto de la ciudad."La directriz que se ha dado es que se está avanzando con el decreto hasta que se tenga las condiciones necesarias para su implementación, sin embargo, por el momento hay dos opciones contempladas: una aplazar o suspender la entrada en vigencia del decreto, pero lo que queda claro es que éste no va”, expresó el concejal de Cali.Esta decisión también contó con el apoyo de Fenalco y distintos gremios de la ciudad. Además, cabe destacar que algunos de los mínimos que se deben cumplir para reanudar el decreto es contar con la veeduría por parte de Inspección, Vigilancia y Control a los parqueaderos informales y tener controles por parte de los agentes de tránsito para los que parquean en vía pública.
Un atentado terrorista sacudió el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, dejando un saldo de más de 200 viviendas afectadas. Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, la explosión generó pánico entre los habitantes de la zona, quienes han sufrido importantes daños materiales.Las autoridades locales ya se encuentran en el lugar evaluando los daños y brindando asistencia a las familias damnificadas. Se desconoce aún el grupo responsable del ataque. Video de los habitantes de Timbiquí es estremecedor: Noticia en desarrollo...
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) impuso una multa de $212.940.000 a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil (Acuasan), tras comprobarse fallas graves en la calidad del agua suministrada a los usuarios de este municipio entre los días 12 y 14 de diciembre de 2023.La investigación reveló que el agua distribuida a 2.500 habitantes de San Gil no cumplió con los parámetros químicos y microbiológicos establecidos para el consumo humano. Ariel Lozano Gaitán, director de Investigaciones de Acueducto y Alcantarillado de la Superservicios, señaló que el incumplimiento de los valores aceptables para cloro residual libre, coliformes totales y la bacteria E. Coli generó problemas de salud en la población, como enfermedades gastrointestinales.Además de los problemas en la calidad del agua, Acuasan fue sancionada por la tardanza en el reporte de información financiera al Sistema Único de Información (SUI) durante 2022, así como por la omisión en la entrega de los informes de Información Financiera Especial (IFE) correspondientes a los tres primeros trimestres de 2023.La empresa fue notificada de la sanción el 5 de agosto de 2024 y aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición.En paralelo, la Superservicios investiga a Emvarias, empresa del Grupo EPM, por presuntas deficiencias en la disposición final de residuos en el servicio de aseo.
A través de una carta, el Ministerio de Defensa respondió un cuestionario enviado por la senadora Jahel Quiroga Carrillo, en abril de 2024, en el cual niega que alguna de las instituciones de seguridad del Estado haya adquirido el software espía Pegasus.“¿Es cierto que se adelantó esta negociación y fue adquirido el software “Pegasus”? ¿Bajo qué normas de contratación? ¿Cuál fue el medio de pago? ¿Qué organismo de control hizo la fiscalización de este contrato? ¿En manos de qué Institución de la Comunidad de Inteligencia se encuentra este equipo?”, preguntan en el cuestionario, a lo que el MinDefensa respondió con negativa.La respuesta de MinDefensa por software PegasusEn el documento, MinDefensa es reiterativo y claro en que, de acuerdo con la información de Policía Nacional y de la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia del Ejército Nacional, no se adquirió un software que corresponda a la denominación “Pegasus” y tampoco se había obtenido un equipo o software de la empresa NSO Group.“El Ministerio de Defensa Nacional se permite indicar que la Inteligencia Militar y Policial no utiliza software o equipos con capacidad de intrusión en telefonía o dispositivos de cómputo”, aclaró enfáticamente la cartera de Defensa en abril de este año.Respecto a la adquisición de equipos para inteligencia y contrainteligencia, indicó el ministerio que siempre se realizaba en línea con los mandatos de la Constitución Política, la ley de inteligencia y de contratación pública.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, emitió una resolución que busca acelerar el Programa de Reincorporación Integral de los firmantes del acuerdo de paz del año 2016.“Un aspecto innovador de esta política pública es su alcance, ya que se centra en la construcción y fortalecimiento de capacidades para las personas y colectivos en proceso de reincorporación. Esto implica dotarlas de herramientas, conocimientos y habilidades que les permitan alcanzar una ciudadanía plena”, señala la ARN.Lo ejes del nuevo programa de firmantes de pazEl Programa de Reincorporación Integral tiene cuatro ejes en los cuales se involucra a los firmantes del acuerdo, sus familias y sus comunidades.Uno de estos ejes es el de la reincorporación comunitaria que busca fortalecer el tejido social y garantizar la participación de las comunidades para lograr la reconciliación, la idea también es lograr la superación de la estigmatización. Por su parte, Reincorporación Económica busca garantizar el acceso al empleo y la sostenibilidad de los proyectos productivos.Asimismo, está la Reincorporación Social que incluye la promoción para el acceso y el goce efectivo de los derechos como salud, educación, hábitat, y el acompañamiento para el bienestar psicosocial. A través de la participación activa."Reincorporación Política: busca la inclusión en la participación política y ciudadana de las personas en proceso de reincorporación en el marco de la democracia colombiana. Este aspecto es vital para la promoción de la participación y la diversidad, a partir del fortalecimiento de liderazgos, apertura en los espacios de planeación a través de la incidencia y el fortalecimiento en las capacidades para la construcción de veedurías”, explica la ARN.