A casi un año del aberrante hecho en el que el estadounidense Timtothy Alan Livingston fuera encontrado en un hotel de El Poblado con dos niñas entre los 12 y 13 años de edad, autoridades se siguen pronunciando en medio de las investigaciones por presuntos actos de negligencia que lo rodean.Y es que se conoció la decisión de la Procuraduría General de formular cargos contra dos policías que habrían omitido la realización de algunos procedimientos para lograr la judicialización del extranjero de 36 años de edad que tras permanecer 12 horas en un Centro de Traslado por Protección fue dejado en libertad.Se trata del comandante de la patrulla de vigilancia de la Estación de Policía de El Poblado, Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, sobre el cual el Ministerio Público asegura que “omitió sus deberes al no adelantar las actividades de actos urgentes: prevención, verificación, acordonamiento del lugar de los hechos, protección del material probatorio, y evidencia física en ese hotel”.Por otra parte, está el comandante del CAI El Poblado, Andrés Felipe Montenegro Moreno, quien según la entidad “no habría verificado la ejecución de las actividades de aseguramiento del lugar, protección del material probatorio y evidencia física que debían haberse efectuado por parte de la fuerza pública”.Al primer uniformado se le acusa de una falta gravísima, bajo la forma de culpabilidad dolosa, en concurso heterogéneo, mientras que el segundo es señalado de incurrir en una falta grave bajo la forma de culpabilidad grave culposa.En su momento el alcalde Federico Gutiérrez rechazó las medidas que apenas establecían el cierre temporal del establecimiento que días después por decisión de sus propietarios clausuró sus puertas de manera definitiva."Me parece ridículo que frente a un caso como estos se dé el cierre temporal de tan solo de 10 días de un establecimiento en el cual ocurrieron estos hechos. Pero también hay que aclarar que una cosa es lo que desea uno como ciudadano o como alcalde y otra cosa es lo que la policía puede hacer de acuerdo a la legislación actual", declaró.Tras quedar en libertad por no tener en ese momento una orden de captura o haber sido hallado en flagrancia, Livingston logró abandonar el país y actualmente sigue prófugo de la justicia a pesar de tener en su contra una circular azul de Interpol.
Autoridades en Medellín y la Policía Nacional revelaron que gracias al testimonio de víctimas del caso estadounidense Timothy Livingston, se logró la captura en Miami de otro extranjero que habría utilizado la misma red para explotar menores de edad en la capital antioqueñaEl director de la Dijín, el coronel Edwin Urrego, reveló que los casos de Timothy Alan Livingston y Stefan Andrés Correa, este último capturado en Miami, se relacionan porque habrían utilizado la misma red de prostitución para explotar menores edad en Medellín.Las investigaciones advierten que las niñas de 12 y 13 años halladas en un hotel de El Poblado, habrían sido víctimas de ambos extranjeros. “Ellos dos no se conocían lo que tenemos conocimiento o por lo cual entramos a deducir que fue utilizada la misma red es porque hicieron uso de las mismas víctimas las mismas víctimas fueron abusadas por cada uno de ellos en diferentes situaciones”, afirmó el coronel Edwin Orrego.Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez entregó más detalles sobre Stefan Correa. Indicó que el hombre tiene doble nacionalidad, estadounidense y ecuatoriana. Además, se conoció que se me incautaron 9 dispositivos móviles y un computador que ahora se convierten en material probatorio en contra de Correa que tiene detención domiciliaria en Miami.“En los últimos días cuando entrevistan a las víctimas de Timothy Alan que brindan la información de este sujeto Estefan Andrés Correa, que era quien pagaba el arriendo, que era quien pagaba la alimentación de las niñas”, relató.Sin embargo, no fueron los únicos detalles que se conocieron, porque el coronel Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que Correa realizaba contenido pornográfico con las menores de edad.“Y todo eso que se evidencia en el contenido fílmico se evidencia abuso sexual implícito con menores de edad, estos elementos serán aportados mediante asistencia judicial también a nuestra Fiscalía General de la Nación acá en Colombia para identificar y proteger a las víctimas y judicializar a los responsables”, aseveró el alto oficial.Extradición de Timothy Livingston se enreda: no existe convenio para realizarla, dice PolicíaDestacan las autoridades en Medellín que todos estos casos de explotación sexual con menores de edad están vinculados con una red criminal de la cuál no se dieron mayores detalles, pero donde, aseguró el alcalde Federico Gutiérrez, ya hay identificaciones y material probatorio para actuar contra ellos.Finalmente, manifestó el alcalde de Medellín que siguen pensando en extinción de dominio para los lugares donde se cometa la explotación y que en este sentido ya hay sitios plenamente identificados.
Pese a que hace casi una semana se emitió la circular azul de Interpol para lograr la captura y extradición a Colombia desde los Estados Unidos de Timothy Alan Livingston, el proceso podría enredarse, según recientes precisiones respecto al caso de altos mandos de la Policía.Así lo señaló el coronel Edwin Urrego, director de la Dijin, quien manifestó que en este momento “no hay un convenio vigente para extraditar ciudadanos norteamericanos” por lo que la llegada a Colombia del extranjero podría no darse pronto para que responda por el caso de abuso sexual de menores de edad en un hotel de El Poblado por el que es señalado.El alto mando policial precisó que trabajan ahora en buscar alternativas para lograr este objetivo a través de articulaciones con agencias internacionales."Estamos trabajando con algunos grupos interagenciales que trabajan con nosotros en Colombia para mirar la ruta a seguir porque hasta el momento no existe un convenio para extraditar ciudadanos norteamericanos", precisó Urrego.Acerca de un mayor nivel de búsqueda, Urrego afirmó que la circular roja de Interpol no es posible toda vez que el estadounidense no se sometió a una audiencia de imputación de cargos ni mucho menos se ha emitido condena por parte de la justicia colombiana.
Un compromiso de Estados Unidos por la cero tolerancia con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no fue el único resultado de la reunión entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el embajador de ese país en Colombia, Francisco Palmieri.El mandatario paisa reveló que esta semana llegaron a Medellín investigadores del país norteamericano para tomar testimonios y poder procesar a Timothy Alan Livingston, el estadounidense que está siendo buscado con circular azul de interpol, por el delito que habría cometido con dos menores de edad de 12 y 13 años en un hotel de El Poblado.Según Gutiérrez, Livingston está en Ohio y parte de la colaboración entre ambos países es que se pueda cursar el doble proceso, con lo que el estadounidense deberá enfrentar un proceso judicial en su país y otro en Colombia."Parte de la colaboración que ya venimos recibiendo es que los investigadores que toman los testimonios para poder también procesar a este tipo en territorios estadounidense ya están en Colombia. Logré hablar con ellos también y esto los dos procesos se llevan se lleva el proceso en Colombia y también se lleva el proceso en Estados Unidos"El alcalde insistió en que seguirán buscando la extradición de este ciudadano estadounidense a Colombia para que responda por los delitos que se le acusan. Mencionó, además, que no importa el color de la circular que tenga, lo que importa es dar con el paradero del ciudadano estadounidense.El pasado miércoles, en las llegadas internacionales del aeropuerto José María Córdova de Rionegro se activó la campaña ¡Ni lo intentes, es un delito!, dirigida a los turistas que visitan la capital antioqueña, con el fin de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y advertirles que este es un delito que se penaliza hasta con 25 años de cárcel.
El ICBF entregó nuevos detalles sobre las niñas de 12 y 13 años que fueron halladas con el estadounidense Timothy Alan Livingston en un hotel de Medellín. Por ejemplo, reconoció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ambas menores fueron abusadas previamente y que, incluso, uno de los hermanos de las niñas está en las instalaciones del instituto, ya que fue hallado en estado de mendicidad.Además, reportan las autoridades que una de las niñas ya había tenido la oportunidad de estar en un proceso de restablecimiento, pero que se había escapado del lugar y había vuelto a la calle, donde asegura el ICBF es donde permanecen la gran parte del día.Adriana Velázquez, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aceptó que las menores vivían en una casa con otras menores que eran, aparentemente, explotadas sexualmente."La Policía está haciendo esta indagación, encontramos otras niñas que estaban viviendo en un mismo espacio con estas dos niñas, entonces, todas son menores de edad, seguramente ya han sido víctimas de violencia sexual y por otras personas", contó Velásquez.Sobre el proceso que se lleva a cabo con estas dos menores que fueron halladas con Livingston, el ICBF reconoció que están hablando con las madres, amigas y otros actores para determinar el nivel de vulnerabilidad, pero que lo que se evidencia hasta el momento es que ninguna de las dos tenían protección en su hogar.Precisamente por estos factores de riesgo y como confirmó la directora de la institución, Astrid Cáceres, una de las menores realizó un abandono irregular del centro de paso y es buscada por la Policía.Sobre esto, el ICBF indicó que estas modalidades de atención no tienen la presencia permanente de uniformados y que se rigen por la voluntad del niño o niña de permanecer, pero que si los menores identifican una posibilidad de huida pueden hacerlo como lo hizo la niña el pasado 8 de abril.Ante el riesgo latente de otro abandono y que no puedan ser reubicadas, Velásquez informó que podrían ser trasladadas a otra ciudad. Además, manifestó que una de las víctimas es de nacionalidad extranjera y que están acompañándola de manera más cercana, "es de nacionalidad venezolana, es extranjera. Estamos identificando con Migración Colombia si su familia y ella, luego de varios años que han permanecido aquí en Colombia, ya ha encontrado una regularización de su estado o su permanencia aquí en territorio nacional. Identificamos que tenía una deserción alta en su entorno escolar".Sin embargo, llama la atención que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habló en reiteradas ocasiones de cuatro menores de edad y al ser consultados confirmaron que son cuatro los niños que hacen parte del proceso y que están directa o indirectamente relacionadas con Timothy Alan Livingston. Uno de ellos, precisamente, el hermano de una de encontradas en el hotel Gotham.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
La investigación por la muerte de una madre y su pequeña hija de tres años tomó un rumbo inesperado luego de que las autoridades determinaran que existen serias inconsistencias en la versión entregada por el esposo de la mujer, quien inicialmente aseguró que todo se trató de un accidente.Las víctimas fueron identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 años, y María Laura Roman Talaska, de apenas tres años. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil de la familia, que terminó sumergido en el río Paraná, en el municipio de Puerto Rico, en el estado de Paraná, en Brasil.Por estos hechos fue detenido Márcio Talaska, de 38 años, esposo de Iria y padre de la menor. La Policía Civil de Paraná lo considera el principal sospechoso, luego de contrastar su testimonio con imágenes de cámaras de seguridad y con los resultados de la reconstrucción del recorrido realizado la noche de la tragedia.De acuerdo con las autoridades, Márcio aseguró en un primer momento que su esposa era quien conducía el vehículo y que habría perdido el control antes de caer al agua. Sin embargo, la evidencia recopilada apunta a que era él quien estaba al volante.Las grabaciones de seguridad muestran que el trayecto hasta la rampa desde donde el automóvil se precipitó al río duró cerca de ocho minutos. Según los investigadores, durante ese recorrido no hubo señales de desorientación ni indicios de que la familia estuviera perdida, lo que debilitó la hipótesis de un accidente fortuito.Los cuerpos de Iria y de la niña fueron localizados por los bomberos en la madrugada del 3 de mayo. El informe forense concluyó que ambas murieron por ahogamiento, lo que indica que seguían con vida en el momento en que el vehículo cayó al río.Otro elemento clave en la investigación es el comportamiento del sospechoso después del hecho. Según la Policía Civil, Márcio logró salir rápidamente del automóvil y tardó alrededor de un minuto y medio en solicitar ayuda.Horas antes, la familia había asistido a una reunión social. Testigos afirmaron que el ambiente entre la pareja era tenso y que Iria eligió una canción relacionada con una traición amorosa, situación que habría provocado incomodidad y pudo desencadenar una discusión.Aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, las autoridades analizan si la muerte de Iria puede ser tipificada como feminicidio, mientras que la de la menor es investigada como homicidio.La defensa de Márcio Talaska indicó que sus familiares se encuentran conmocionados por lo sucedido. Entretanto, la Policía continúa reuniendo pruebas para establecer si la caída del vehículo al río fue un acto intencional y no un accidente, como se creyó en un principio.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.
