El municipio de Uribia fue escenario de un nuevo ataque sicarial este viernes, el cual cobró la vida del indígena wayuu Héctor González Epieyú, de 45 años y quien trabajaba como contratista en la Gerencia Guajira de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, del Ministerio de Minas y Energía.La Policía, en su reporte preliminar, registra que la víctima salía de su casa a bordo de su vehículo, cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.Los pistoleros, quienes vestían de negro y portaban gorras para ocultar sus rostros, lograron escapar mientras la víctima era trasladada a las instalaciones de Unidad Materno Infantil del municipio de Uribia, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.Desde el Ministerio de Minas y Energía exigieron "a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables, para que este crimen no quede en la impunidad"."Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, allegados y a la comunidad wayuu, y reiteramos que la violencia no puede tener cabida en los territorios ni contra quienes dedican su labor al bienestar y desarrollo colectivo", manifestó la entidad.
Al término de un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Uribia, las autoridades de La Guajira concluyeron que una banda criminal, proveniente de Venezuela, sería la responsable de robar una camioneta de la Defensoría del Pueblo y huir en ella rumbo hacia el vecino país.René Lindarte Velázquez, secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos del municipio de Uribia, indicó que este no sería “un ataque específico a la entidad”, sino un “hecho de oportunidad”, en el que los delincuentes habrían aprovechado que los funcionarios estaban desayunando.Es por este modus operandi que, según el secretario, sospechan que se trata de la misma banda que ha robado unos cinco vehículos empresariales en los últimos dos meses, tomando como rehén al conductor y luego abandonándolo en la frontera colombovenezolana, como hicieron este lunes con los funcionarios de la Defensoría."Reconocemos que son de allá (de Venezuela) porque precisamente las víctimas que han sufrido lo mismo, pues, logran percibir que son personas con acento venezolano y en todos los casos huyen siempre hacia la frontera con Venezuela, donde el límite está bastante cerca del municipio y deja sin efectos y sin poder movilizar la Fuerza Pública hacia ese sector", aseguró Lindarte.A raíz del robo, en Uribia se reforzaron los patrullajes de la Policía y el Ejército, y a su vez se evalúa el ofrecimiento de una recompensa que permita identificar y ubicar a los responsables.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunció públicamente que el alcalde de Uribia tiene secuestrados 231.000 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Inversión Colectiva, recursos asignados de manera irregular por la administración anterior de Olmedo López. Según sus afirmaciones este dinero podría ser utilizado para atender las urgentes necesidades de La Guajira, incluyendo la compra de asistencia alimentaria y maquinaria amarilla, pero sigue congelado por la negativa del mandatario local a firmar los documentos necesarios para liberarlo.“Es muy importante recordar que aquí en La Guajira hay 231.000 millones de pesos que hoy están secuestrados por el alcalde de Uribia. Estos recursos fueron entregados de manera irregular por la administración pasada, y podrían ser destinados a mejorar la situación del departamento de forma inmediata”, afirmó Carrillo.A pesar de que la ONG Herede ha ganado todos los procesos jurídicos relacionados con el fondo, el alcalde se niega a desbloquear los fondos. Esto no solo afecta a los proyectos de la ONG, que se ve privada de los recursos necesarios para su labor, sino que también impide que los fondos se inviertan en obras prioritarias para la región y el país.Como parte de este esfuerzo, Carrillo subrayó la necesidad urgente de conformar una mesa de trabajo intersectorial, que involucre a la ONG Herede, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda, encargado del agua y el saneamiento básico, para abordar de manera integral los problemas estructurales de la región. “Es hora de que todos trabajemos juntos para resolver los desafíos que enfrenta La Guajira, una de las regiones más golpeadas por la pobreza y la falta de infraestructura”, concluyó.
Durante la mañana de martes inició el proceso de llenado de carrotanques en el parque industrial del municipio de Uribia, exactamente en la planta desalinizadora de esta zona de La Guajira. Por lo menos cinco de estos carrotanques están recibiendo el suministro de agua en este lugar y cinco más serán llenados en el acueducto ubicado en el casco urbano de Uribia. Estos trabajos en Uribia, La Guajira, son operados por la empresa Triple A y, a su vez, se conoció que el proceso de llenado de estos carrotanques se realizara, por lo menos, 3 veces al día, para llevar agua potable a rancherías y veredas del departamento.Los 30 carrotanques restantes, que entrarán a operar el próximo jueves, tendrán la ayuda del acueducto del municipio de Maicao.Vea aquí las imágenes del proceso de llenado:Hay que recordar que el director de la Ungrd, Olmedo López, había anunciado que, a partir de esta misma semana empezarían a distribuir agua con los 40 carrotanques que, desde que se compraron, no habían sido usados y ni siquiera se había contratado a los conductores. Lo anterior generó un sin número de quejas en el país.López había confirmado que estos 40 carrotanques se suman a los 184 que ya prestan servicios de abastecimiento en poblaciones de La Guajira que padecen por la sequía, para garantizar la entrega de más de 2 millones de litros de agua diariamente.
Graves afectaciones en su infraestructura denunció este sábado la empresa Cerrejón, luego de un atentado con explosivos que sufrió la línea ferroviaria y un vagón a la altura del kilómetro 122, en el municipio de Uribia, La Guajira, durante la noche de este viernes. El hecho, que no dejó víctimas mortales ni tampoco personas lesionadas, es materia de investigación por parte de las autoridades, con el objetivo de esclarecer quienes estarían detrás del ataque que, desde la entidad, han rechazado de manera vehemente.A través de un escrito en su página web, la empresa minera confirmó que se encuentra apoyando las labores de investigación, asegurando que este tipo de actos “ponen en riesgo la seguridad de nuestro equipo de trabajo, de las comunidades vecinas y el normal funcionamiento de nuestra operación”. Siendo así, explicó que también se adelantan labores para recuperar, lo más pronto posible, el transporte hacia Puerto Bolívar. "El hecho produjo daños en la vía férrea y en un vagón, pero no hubo víctimas ni heridos. Estamos trabajando para habilitar el transporte hacia Puerto Bolívar lo más pronto posible". Le puede interesar:
Gustavo Petro inició muy temprano un recorrido por el departamento de La Guajira, participó de dos concentraciones en Maicao y Uribia, en ellas habló de sus planes de gobierno de cara a la contienda electoral.El precandidato conservador David Barguil recibió este martes el apoyo de la comunidad judía que vive en el país.Alejandro Gaviria sumo nuevos respaldos de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo, uno de ellos, un grupo de expertos en la academia; también se anunció la llegada del senador Rodrigo Lara.Sergio Fajardo realizó un recorrido por Cúcuta donde presentó su plan de gobierno y aseguró que, si es presidente, los ministros despacharán desde esta ciudad.Enrique Peñalosa difundió en sus redes sociales que el representante Jhon Jairo Cárdenas se une a su campaña presidencial.En la noche, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, David Barguil, Álex Char y Óscar Iván Zuluaga participaron de un debate que organizó una importante empresa de comunicación.Por último, Alex Char hará este miércoles un recorrido en la ciudad de Bogotá, donde se reunirá con empresarios y diferentes sectores con el fin de presentar su plan de gobierno.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El niño de 5 años, ahijado de René Higuita, pasó la noche en la clínica El Rosario de Medellín, tras ser trasladado en una aeronave medicalizada desde el norte del país en una respuesta urgente por darle una mejor atención a sus graves heridas en el rostro y en uno de sus ojos. Esto, producto del ataque con disparos en una vía de La Uribia, en La Guajira.Fue el mismo René Higuita el que había pedido que lo trasladaran a la capital antioqueña.“El llamado que le hago a las autoridades es que me colaboren con mi ahijado, aunque la gente ha estado muy pendiente, los médicos y todo el sistema de salud. Creo que ahora está en muy buenas manos”, dijo el exarquero de la selección.El futbolista también cuestionó la situación de seguridad en el país, pues este hecho se da días después que él, en una situación diferente, denunciara la presión de grupos armados en el Magdalena Medio antioqueño, donde tiene varias propiedades.Con el niño llegó a Medellín su abuela, Martha Delgado, quien contó los momentos de terror en ese retén ilegal.“Hombres uniformados como de policía y yo, 've, están requisando, normal'. Cuando nos fuimos acercando comenzaron a disparar al aire y enseguida nos apuntaron a la camioneta y nosotros les gritamos que, por favor, no nos disparan, les colocábamos las manos que no llevábamos armas, los niños le gritaban mucho y el tipo no tuvo compasión, nos disparó”, relató Delgado.Al menor se le adelantan varios exámenes para determinar qué tipo de intervención requiere, en especial, para atender su visión, pues su ojo derecho está bastante comprometido.
La Corte Constitucional dio un plazo de 15 días al gobierno para que cumpla con las órdenes dictadas dentro del plan de soluciones de acceso a la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira. La Corte encontró que no se ha cumplido con lo que ordenó en 2017 al gobierno, en cuanto a tomar medidas ante la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de la niñez wayúu de La Guajira, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales que configuraba un estado de cosas inconstitucional (ECI). Lo anterior, en relación con el goce efectivo de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.La Corte, además, compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a la Sala de seguimiento de la sentencia T-302 de 17, del Tribunal Superior de Riohacha, por la presunta omisión del cumplimiento de sus deberes. Lo anterior, teniendo en cuenta que han transcurrido más de dos años desde la notificación de la sentencia sin que existan avances, siquiera mínimos, en el cumplimiento. En tres oportunidades se ha solicitado información al tribunal sin recibir respuesta alguna, lo que bien muestra, no solo la reticencia del Tribunal a atender los requerimientos de esta corporación, sino el grado de importancia que dio a una sentencia declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales que, de acuerdo con la ley, ha de acarrear consecuencias de orden sancionador (penal y disciplinario).
Las lluvias en Colombia han dejado por lo menos 26 muertos en Colombia y más de 60.000 damnificados, según el consolidado de la Unidad de Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, UNGRD.De acuerdo con la información, 308 municipios han presentado algún tipo de afectación desde el 16 de septiembre hasta el 19 de noviembre.La principal emergencia se presenta en San Andrés y Providencia, en donde murieron dos personas por el paso del Huracán Iota. Sin embargo, la temporada de lluvias también se ha recrudecido en otras zonas del país.Chocó: La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, anunció el miércoles un plan de reubicación, salvamento y desarrollo para el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, en el que han resultado 6.771 familias damnificadas.Según el UNGRD, en La Guajira, 6 municipios registran inundaciones y 3 de ellos, Maicao, Uribia y El Molino, decretaron la calamidad pública. Cúcuta: Al menos seis personas murieron y otras ocho están desaparecidas por las fuertes lluvias que azotaron a Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres en Cúcuta informó que tres personas murieron al colapsar una vivienda en el barrio Cuberos Niños y que los cuerpos de otras tres personas fueron hallados al borde de la quebrada Tonchalá.Uno de los barrios con mayor afectación es el 23 de Enero en donde 77 viviendas fueron destruidas, 87 familias resultaron damnificadas y 50 personas fueron evacuadas, informó la Alcaldía en redes sociales.Ante la situación, la Alcaldía de Cúcuta instaló en ese barrio un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la búsqueda y rescate de ocho personas desaparecidas a causa de las lluvias.Dabeiba, Antioquia: 28 equipos de maquinaria amarilla se dispusieron en la zona para la limpieza de escombros y se han entregado 74.000 litros de agua potable en los últimos 3 días.Se habilitaron 5 albergues temporales en donde 185 familias están instaladas. Se realizó un inventario para disponibilidad de vivienda y asignar subsidios de arrendamiento para que se puedan instalar en una vivienda digna. La UNGRD realizó hoy la socialización en los albergues de los trámites de arriendo para estas familias.Cartagena también está siendo atendida, la UNGRD dispuso allí más de 47.000 elementos de asistencia humanitaria para complementar las acciones ya desarrolladas por el Consejo de Gestión del Riesgo de Cartagena y se tienen 23 equipos de maquinaria amarilla para la remoción de material.Magdalena también ha visto la respuesta por parte del Gobierno Nacional por la afectación en 8 municipios. La UNGRD dispuso del RUD y el EDAN y se entregaron 25.000 paquetes de asistencia humanitaria de emergencia, entre alimentos, elementos de aseo y cocina, frazadas y colchonetas. Se entregó a la gobernación 30.000 sacos de polipropileno para generar y taponar los rompimientos causados por los diferentes afluentes.
El Servicio Geológico Colombiano informó que se registró un sismo de 5.4 grados de magnitud en la frontera con Venezuela de una profundidad menor a los 30 kilómetros. La capital más cercana al movimiento telúrico es Riohacha a una distancia de 363 kilómetros. Hasta el momento no hay reporte de víctimas ni de daños materiales de consideración.
El descenso en el nivel del río Magdalena no solo está afectando la navegación y la actividad pesquera en Barrancabermeja. La aparición de extensos bancos de arena en sectores donde habitualmente corre el agua también encendió las alarmas de las autoridades, ante el riesgo de que algunas personas estén ingresando a estas zonas sin tener en cuenta que las condiciones del río pueden cambiar en cualquier momento.Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja hicieron un llamado a no confiarse de los espacios que hoy permanecen secos. Didier Rodríguez, su director, explicó que el comportamiento del río Magdalena es variable y que una zona que actualmente parece estable puede volver a quedar cubierta por el agua.La advertencia está dirigida especialmente a quienes están caminando, transitando o incluso permaneciendo en los bancos de arena que han quedado expuestos por la reducción del caudal.Rodríguez insistió en que la temporada seca no elimina las condiciones de riesgo. Además del posible aumento del nivel del río, existe la posibilidad de que el terreno presente inestabilidad, por lo que recomendó evitar este tipo de lugares y mantener las medidas de precaución.La situación también está teniendo consecuencias para las comunidades que dependen del río. En el caño Cardales, por ejemplo, la falta de agua se ha prolongado y actualmente dificulta el desplazamiento hacia la zona pesquera y otros sectores conocidos como la comuna del río.El panorama se extiende a varios afluentes del Magdalena. “Los ríos Opón, Sogamoso y Carare también registran una disminución en sus niveles, lo que reduce el aporte de agua al Magdalena y agrava las condiciones de sequía”, señaló Rodríguez.Para Gestión del Riesgo, esta situación está relacionada con la disminución de las lluvias y con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que ya empieza a generar efectos en la región.
El nombramiento de Carolina Soto como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se cayó anoche, pocas horas después de que la economista confirmara públicamente que había aceptado el cargo. Soto debía asumir como presidente del gremio el primero de septiembre de este año.Soto había sido elegida por la Junta Directiva Nacional de la Cámara de Infraestructura en una sesión extraordinaria realizada ayer 25 de agosto, luego de la renuncia de María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia del gremio para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.Anoche estaba prevista una cena de su Junta Directiva de la Cámara para celebrar la llegada de Soto. De hecho, sobre las 7:20 de la noche, Carolina Soto publicó en su cuenta de X un mensaje en el que agradeció la confianza de la junta y confirmó que aceptaba esa responsabilidad. Sin embargo, horas después, la Junta Directiva le pidió que desistiera del cargo.La caída de la designación de Soto se produjo después de las presiones políticas alrededor de la relación entre la Cámara de Infraestructura y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.Uno de los argumentos que habría pesado es que ella es la esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro.El asunto había comenzado horas antes con un mensaje de Carolina Gómez, vocera del Gobierno nacional, quien cuestionó en su cuenta de X que la Cámara eligiera a una persona sin cercanía con la administración de Abelardo De La Espriella, después de la salida de María Consuelo Araújo hacia la embajada en Estados Unidos.“Torpeza gremial? Con esa pregunta cuestionó la vocera si la decisión de la CCI implicaba romper el acercamiento que había existido entre Araújo y el Gobierno nacional.Luego borró ese trino.La Cámara de Infraestructura representa a empresas de cuatro sectores principales de la infraestructura: concesionarios, constructores, consultores y proveedores. La organización reúne empresas vinculadas con carreteras, transporte, infraestructura pública y proyectos de desarrollo del país.
Tras la llegada de 100 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas, la Alcaldía de Medellín confirmó que activó una ruta de atención integral para estas familias.Entre los desplazados se encuentran 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos, por lo que indicaron que la Gerencia Étnica dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que las autoridades mantienen comunicación con entidades nacionales y la Fuerza Pública para evaluar las condiciones de seguridad en el territorio de origen. El Ejército informó su disposición para brindar acompañamiento y protección en la zona, con miras a un eventual retorno cuando existan condiciones seguras y este sea voluntario."Venimos brindándole todas las garantías. Se va a hacer todo un diagnóstico y se está hablando con la con el ejército para saber la situación real de seguridad para un posible retorno, un posible regreso, brindándole toda la seguridad", destacó Arcila.La respuesta busca identificar requerimientos en salud, alimentación, protección y alojamiento, como lo explicó el gerente de Etnias, Johnatan David Hernández Serna."Desde acá estamos acompañando a los niños también en una atención integral con enfoque étnico y esperamos que se puedan resolver la esta contingencia lo más pronto posible para garantizar la vida, sobre todo, y la etnidad y los derechos de estos grupos étnicos", dijo.La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 25 de agosto de 2026:Las actrices Marggy Valdiris y Paola González hablaron sobre su participación en 'María, la caprichosa' del Canal Caracol. Recordaron algunas de las escenas y cómo llegaron a interpretar a la protagonista de esta historia de perseverancia.El astrónomo Germán Puerta contó historias de eclipses de la Luna.
Tras varios días de salir de las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis, del corregimiento de El Aro en Ituango, ante el temor por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, todavía no hay garantías para el retorno de los desplazados.El censo de afectados cerró en 143 familias integradas por 301 personas desplazadas de sus viviendas, las cuales están siendo atendidas en albergues del municipio, uno de ellos el Centro Cultural "Orfa Machado de Gallo" del municipio.Entretanto, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada mantienen presencia en El Aro pero aún no han logrado llegar hasta los puntos en los que se dieron los combates, acción necesaria para el retorno seguro de las familias."Son, por ejemplo, una mujer de 80 años de edad y otras personas en situación de discapacidad, que esto no les ha permitido poder salir de de la vereda. Según el censo que se tiene, van 300 personas que han llegado al municipio de Ituango. Se están ubicando en 3 albergues que ha dispuesto la administración municipal", indicó Abdón López es el personero de Ituango.Mientras sigue el drama humanitario, el personero reveló información que ha suscitado una polémica que involucra a Empresas Públicas de Medellín, que presuntamente habría dificultado el traslado de los desplazados que han venido saliendo de sus veredas.Sobre el caso, la compañía señaló en un comunicado que un bus llegó a la portería a las 4:29 de la tarde del 24 de agosto sin aviso previo ni autorización, por lo que debió esperar mientras la Alcaldía formalizaba la solicitud, trámite que tomó cerca de una hora. La empresa destacó que otros vehículos sí habían transitado por la vía con los permisos correspondientes y aseguró que actuó de manera oportuna, garantizando tanto la movilidad para el apoyo humanitario como la seguridad de la central y de su personal.EPM precisó que la vía Puerto Valdivia–Sitio de Presa es una vía industrial y no está habilitada para el tránsito frecuente de vehículos particulares. Para utilizarla, las personas o administraciones deben informar previamente y contar con la autorización correspondiente. Finalmente, aseguraron que este procedimiento es conocido por las autoridades municipales y la comunidad, y que han facilitado el ingreso y salida de vehículos en el marco de los acuerdos establecidos con la Alcaldía de Ituango.