El juez 29 de ejecución de penas expidió la boleta de libertad del exministro de Protección Social Diego Palacio, quien había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por el escándalo de la 'yidispolitica'.El exministro fue hallado responsable por el delito de cohecho tras comprobarse la entrega de sobornos a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirar a la reelección. Por estos hechos Yidis Medina fue condenada en el 2008. Vea aquí: Juez deja en libertad al exgobernador de Santander Hugo AguilarEl argumento del juez para concederle la libertad condicional es que Palacio ya cumplió las tres quintas partes de la condena, tras haberse entregado a las autoridades en el 2015. Cabe mencionar, además, que Palacio había pedido pista en la Justicia Especial para la Paz argumentando que los hechos por los que fue condenado tienen relación directa con el conflicto armado. Sin embargo, está solicitud le fue negada.
El Partido Conservador informó que, en las últimas horas, murió el excongresista Teodolindo Avendaño, quien fue condenado por la llamada ‘Yidispolítica’. Avendaño fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito por al ausentarse para dar vía libre a la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2004. Le puede interesar: Senador canadiense falleció en Medellín. Al respecto, Ubeimar Delgado, exgobernador del Valle, dijo que el exrepresentante falleció este martes, a los 82 años, producto de un cáncer. “Era un roble del partido”, puntualizó en entrevista con BLU Radio.
La pelea quedó grabada en video. Se ve a la excongresista Yidis Medina peleando fuertemente con el periodista de un canal regional en Barrancabermeja juan Carlos Quiroga. “Yo iba con mi esposa, nos disponíamos a entrar a un establecimiento, cuando me percato que hay un tumulto de gente peleando con la Policía porque les había quitado unos carteles de la revocatoria del alcalde; me acerco y ahí empieza a agredirme la excongresista”, explicó el periodista. En el video también se ve cuando Yidis Medina le arrebata el celular con el que el periodista estaba grabando y lo estrella contra el piso. La excongresista aseguró que su reacción se debió a señalamientos que el periodista ha hecho en contra de su familia. “Yo lo que hago es reclamarle y decirle al señor Juan Carlos que por favor deje de meterse conmigo porque este señor escribió por su Facebook que yo permitía que mi compañero sentimental violara a mi hija menor de edad, a mis hijas, y lo hace porque estamos en un proceso de revocatoria”, dijo Medina. Yidis Medina es una de las líderes del Comité por la revocatoria del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri y el periodista apoya el Gobierno del mandatario, con el que mantiene un contrato de prestación de servicios.
El asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, explicó que el exministro Diego Palacio, condenado por la "Yidispolítica", podrá someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. "La seguridad democrática tuvo que ver con el proceso de paz, es así de sencillo. La reelección tuvo que ver con el proceso de paz y hay pruebas, documentos y declaraciones de la época", explicó Leyva en diálogo con Blu Radio. La Jurisdicción Especial para la Paz estudiará los casos ocurridos en el marco del conflicto armado y según Leyva la condena de Palacio, por ofrecer comisiones a congresistas para que avalaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe, también aplica. "El ministro de Defensa del presidente Uribe dijo que era necesario, para seguir combatiendo exitosamente a las Farc, la reelección. Todo está allí clarito y naturalmente los que trabajamos y armamos esto lo hicimos con la intención de que personas como el doctor Palacio pudieran vincularse", explicó. Su posición contradice a la del representante a la Cámara y coordinador ponente de la JEP, Hernán Penagos, quien dijo que este caso no podrá ser revisado por la jurisdicción especial por tratarse de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. "Quién es él frente a la jurisdicción, esto no está en manos de opinadores sino de los jueces", dijo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la condena de seis años y medio de prisión en contra del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el sonado escándalo de la ‘yidispolítica’. También se mantuvo la decisión para el exsecretario Alberto Velásquez, condenado a cinco años de prisión por los mismos hechos. La Corte Constitucional determinó que no se violó el debido proceso en ninguno de los casos por lo que determinaron dejar en firme la decisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Según trascendió solo dos magistrados votaron a favor de Diego Palacio, para que se anulara el fallo en su contra. Cabe recordar que el exministro fue condenado en abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero radicaba en que se violó el debido proceso puesto que no se permitió que el ministro de Protección Social del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se defendiera adecuadamente.
Se trata de un recurso de impugnación que presentó el exministro del Interior, en el que solicitaba la revisión de su sentencia de 6 años de prisión por el delito de concusión, tomando él cuenta la decisión de la Corte Constitucional para doble instancia de aforados. La pretensión le falló ya que según fuentes del Alto Tribunal la sala respondió que en su proceso no procede la solicitud pues solo aplica a las condenas proferidas con posterioridad al 24 de abril del 2016 y su sentencia se emitió en abril de 2015. El exministro fue sentenciado por ofrecer dádivas a un grupo de congresistas para que votarán favorablemente el proyecto que cursaba en la cámara de Representantes para crear la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia y que dio paso a un nuevo período en la presidencia para Álvaro Uribe Vélez. La Corte reiteró que "en el estado actual de cosas es imposible cumplir el fallo de la Corte y reiteró que es necesario que el Congreso adelante una reforma para poder darle cumplimiento".
En el documento, Palacio indica que no se someterá a la Jurisdicción Especial pero que sí hay un acercamiento con los abogados asesores del Gobierno que le han sugerido que la ‘Yidispolítica’ está relacionada con el conflicto armado en Colombia. (Lea también: Exministro Diego Palacio dice que no buscó someterse a la justicia transicional) “El editorial de El Espectador planteaba que había solicitado acogerme a la justicia transicional, lo que le digo al director de ese diario es que eso es falso porque uno no puede hacer una solicitud de acogerse a una jurisdicción especial que no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano”. Aclara el exministro que “lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos meses hemos analizado lo que se ha firmado en La Habana, lo he analizado con varios militares que están detenidos conmigo”. En conclusión dice que de momento no ha efectuado la solicitud pero no descarta que en un futuro suceda. “Uno no sabe lo que al fin vaya a quedar (…), la Jurisdicción Especial no va a terminar siendo una jurisdicción voluntaria para el que se quiera someter o no, esta tiene una capacidad preferente frente a las otras jurisdicciones”. En ese sentido, reiteró que no es cierto que a la jurisdicción “se someta el que quiera”, pues el ámbito voluntario solo sería posible en casos como el suyo, “cuando uno ya ha sido condenado”. “Si uno considera que su caso tiene relación con el conflicto podría solicitar la revisión de la condena, siempre y cuando el hecho o no haya ocurrido o haya sido mal calificado por la justicia ordinaria”, añadió. Diego Palacio fue condenado en 2015 a 6 años de prisión vinculado a la ‘Yidispolítica’. Esta es la carta que Diego Palacio envió al diario El Espectador: En el editorial del domingo (El Espectador, "Abusar de la justicia transicional", 02/28/16) se afirma que he solicito ser cobijado por la justicia Transicional. ¿Cuándo lo solicite? ¿Ante quién lo solicite? ¿Quién me pregunto? Lo único real es que existe una carta que firmé, conjuntamente con el general Del Rio, en la que afirmo ante los militares retirados que la interpretación que hacen los asesores de las Farc (Enrique Santiago y Alvaro Leyva) es diferente a la interpretación que hace el Gobierno sobre el alcance juridico de algunos puntos del acuerdo de justicia Transicional. En esa carta, tocamos algunos puntos concretos, como es el caso de la amnistía, el reconocimiento colectivo de responsabilidad, la aceptación de la verdad, etc. Un ejemplo particular, que refleja el alcance que podría tener esa forma diferente de leer los acuerdos, es lo que sucedió en la Guajira. Para el Gobierno, las Farc violaron el protocolo y, para las Farc, ellos estaban actuando dentro de lo acordado con el Gobierno. Al ver semejante diferencia de interpretación, le sugerí al Centro Democrático y a los militares retirados que escucharan la interpretación juridica que Leyva y Santiago hacían pues, creo yo, podría enriquecer la discusión. En la reunión que sostuvimos con Leyva y Santiago ellos mencionaron que, según su criterio juridico, mi caso podría ser cubierto por la Justicia Transicional. Es más, solo fue utilizado como ejemplo, cuando estaban explicando como funcionaria la sala de revisión. Sin embargo, ni mi caso, ni ningún otro caso particular, fue motivo de discusión y análisis profundo por parte de Leyva y Santiago. Por lo tanto, no se dónde, ni cuándo, ni ante quién, solicité ser cobijado por una jurisdicción que, hoy en día, no hace parte del ordenamiento jurídico Colombiano. Creán me que hubiera querido participar activamente en ese debate. Sin embargo, las limitantes que tengo, por mi condición de detenido, no lo permitieron. Diego Palacio
Del Castillo aseguró que “nada de lo que dice la Fiscalía en este escrito guarda relación con la realidad”, por lo que dijo que sigue en evidencia la supuesta relación que tiene la Fiscalía General con la política. “Esperaba, que en un acto de grandeza, la Fiscalía al margen de los temas políticos los dejara a un lado y decidiera no radicar ese escrito de acusación, aquí estamos y aquí vamos para adelante”, manifestó Del Castillo. “Esperaba que en un acto de grandeza, la Fiscalía desistiera de radicar el escrito de llamado a juicio”, agregó el exsecretario de Prensa del Gobierno Uribe, diciendo que le pondrá la cara a la justicia hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, dijo que seguirá respondiendo ante la justicia como lo ha hecho hasta el momento.Lea también: Fiscalía imputa cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez. “Lo que le he dicho al país es que aquí estoy y aquí sigo, este tema es simplemente parte del trámite que sigue en el tema penal”, finalizó. Para la Fiscalía es claro que hubo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno Nacional y funcionarios del DAS, cuyo fin primordial fue desprestigiar o desacreditar a altos funcionarios del Estado, concretamente a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, periodistas y en general opositores del Gobierno a quienes se catalogó y trató como “blancos políticos”. Incluso, para el ente de investigación, tanto Edmundo Del Castillo como César Mauricio Velásquez “conocieron y participaron en las ilícitas actividades ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución del propósito criminal”.
Blu Radio tuvo acceso al escrito de acusación de 26 páginas, en el que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo y al exsecretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, por concierto para delinquir y otros delitos. Para la Fiscalía es claro que hubo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno Nacional y funcionarios del DAS, cuyo fin primordial fue desprestigiar o desacreditar a altos funcionarios del Estado, concretamente a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, periodistas y en general opositores del Gobierno a quienes se catalogó y trató como “blancos políticos”. (Vea además: Edmundo del Castillo dice que desconocía que se iba a reunir con un paramilitar). El documento de la Fiscalía, radicado en los juzgados de Paloquemao, relata lo sucedido en un desayuno llevado a cabo el 12 de Septiembre de 2007 en el Club Metropolitan entre el secretario general de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. En ese desayuno, según los investigadores, Moreno transmitió a Hurtado, condenada por este escándalo, para que mantuviera informado al alto Gobierno sobre cuatro aspectos específicos: la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell. Para la Fiscalía, César Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo “conocieron y participaron en las ilícitas actividades ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución del propósito criminal”. Luego señalan que Velásquez y Del Castillo “fueron receptores o consumidores de la información recaudada por el DAS, la UIAF y algunos particulares y además intervinieron en su posterior divulgación”. Igualmente, el fiscal del caso señala que los actos cometidos por César Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo, “claramente desbordaba sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias”. En el documento, la Fiscalía hace un recuento del choque institucional desde 2006 entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por las decisiones en contra de congresistas presuntamente vinculados con el paramilitarismo. (Lea también: Fiscalía imputa cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez). Se recuerda el ‘Plan Escalera’ en el que se instalaron grabadoras en la Sala Plena de la Corte y se reclutaron fuentes humanas para obtener información de los procesos que allí cursaban, “información que era de interés para el Gobierno Nacional”. En el ‘Plan Escalera’ entra en escena Alba Luz Flórez Gélvez, la famosa ‘Mata Hari’ del DAS que reclutó fuentes adentro de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de averiguar sobre los procesos contra el expresidente del Senado Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe y contra la exsenadora Piedad Córdoba. Posteriormente recuerda el caso ‘Paseo’, en el que la UIAF y el DAS recopilan información sobre un viaje Bogotá – Neiva de varios magistrados a un homenaje al expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez, con el fin de vincularlos con Ascencio Reyes, empresario que en algún momento fue cuestionado por supuestos nexos con el narcotráfico y posteriormente al fallecido narcotraficante italiano Giorgio Sale, famoso por sus restaurantes y por sus nexos con Salvatore Mancuso. En este caso, la Fiscalía señala que el 21 de Abril de 2008, el entonces Secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez convocó a la directora del DAS a una reunión en la Casa de Nariño para conocer la información obtenida sobre Ascencio Reyes. Luego recuerda que el 24 de Abril de 2008 se llevó a cabo en la Presidencia de la República otra reunión convocada por el Secretario General a la que asistieron entre otros el Senador José Obdulio Gaviria y el entonces secretario jurídico Edmundo Del Castillo en la que se analizaron los seguimientos del DAS y de la UIAF a los magistrados que habían viajado a Neiva. Dice el expediente que en esa reunión, “el secretario jurídico de Presidencia Edmundo Del Castillo confirmó la identificación de José María Ortiz, alias “Chepe Ortiz” y entregó documentación sobre su extradición. La Fiscalía concluye que Edmundo Del Castillo y César Mauricio Velásquez “conocieron las actividades desarrolladas por los organismos de inteligencia del Estado para acopiar información financiera, privada y semiprivada de los magistrados de la Corte Suprema y de otras altas corporaciones”. Adicionalmente dice que ellos dos “requirieron los resultados de esas averiguaciones, recibieron parte de la información recaudada por los organismos de inteligencia estatal y además participaron en la divulgación o filtración a medios de comunicación con el ánimo de desprestigiar a los funcionarios judiciales ante la opinión pública”. Posteriormente se menciona el caso Tasmania que también involucra al DAS, y que tendría como fin el desprestigio del jefe investigador de la “parapolítica”, Iván Velásquez. En el escrito de acusación también se hace referencia al ingreso de Antonio López, alias ‘Job’, exparamilitar, a la Casa de Nariño por el sótano con el fin de crear montajes contra la Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía, Diego Álvarez, abogado de alias ‘Don Berna’ y Edmundo Del Castillo, “acordaron realizar grabaciones ocultas o clandestinas, supuestamente para preconstituir pruebas sobre ofrecimientos indebidos provenientes de la Corte Suprema”. Uno de los hechos más graves que relata la Fiscalía es que las grabaciones que hacía ilegalmente el abogado Diego Álvarez, “eran remitidos a la Presidencia de la República, con destino, entre otros, al entonces Secretario Jurídico Edmundo Del Castillo”. Agrega que grabaciones hechas a exparamilitares como Pablo Hernán Sierra o Rafael García, eran remitidas al entonces Secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo Del Castillo. Posteriormente se hace referencia a reuniones convocadas por Edmundo Del Castillo con presencia de personajes investigados por nexos con paramilitares como el exgobernador del Cauca Juan José Chaux y alias ‘Job’, con el fin de definir estrategias para hacer las grabaciones ilegales. El expediente narra el ingreso de alias ‘Job’ a la Casa de Nariño el 23 de Abril de 2008, luego de que Edmundo Del Castillo hubiera convocado a la entonces subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, a los abogados encartados y al entonces Secretario de Prensa de Presidencia César Mauricio Velásquez. Luego hacen un recuento del espionaje y desprestigio a la excongresista Yidis Medina, quien denunció que había sido comprada para votar a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe y que salpica a Edmundo Del Castillo y a Sergio González. Edmundo del Castillo Se llama a juicio “por requerir el recaudo de información relacionada con el máximo tribunal de la justicia ordinaria y la citada exparlamentaria (Yidis Medina) sin motivo legítimo, participar directamente en su recolección, recibir documentos o datos recopilados e intervenir en la entrega para ser publicados a través de medios de comunicación, con el propósito de desacreditar ante la opinión pública a las autoridades judiciales y a la exparlamentaria citada”. César Mauricio Velásquez Los actos desarrollados para “obtención y difusión furtiva de información” principalmente sobre la Corte Suprema de Justicia y la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, “no hacían parte ni guardaban relación con las funciones y competencias discernidas al cargo que desempeñaba”. Agrega que “el exsecretario de Prensa de la Presidencia de la República se habría valido de la autoridad que ostentaba para que servidores públicos de otras entidades del Estado y algunos particulares desarrollaran actividades ilegales con el fin de beneficiar intereses ajenos a la función pública”. La Fiscalía concluye diciendo que César Mauricio Velásquez recibió documentos o datos recopilados para luego “intervenir en su entrega a algunos medios de comunicación para que fuera conocida por la opinión pública y afectar negativamente la imagen de estas personas”. Sergio González Se le acusa de concertarse con servidores públicos y particulares para cometer delitos en contra de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la excongresista Yidis Medina. Adicionalmente dice la Fiscalía que “se puede afirmar con probabilidad de verdad que participó en la grabación no autorizada de comunicaciones privadas y diligencias judiciales practicadas por la Corte Suprema de Justicia, en actuaciones que tenían reserva legal”. También se le acusa por hacer montajes y difusión de información falsa contra funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en el montaje con el fin de desprestigiar a Yidis Medina. Diego Álvarez Participó en la grabación no autorizada de comunicaciones privadas y diligencias judiciales practicadas por la Corte Suprema de Justicia en actuaciones que tenían reserva y en la “realización de montajes y difusión de información falsa para desacreditar funcionarios de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
En la tutela, interpuesta en octubre pasado, Palacio pedía que se tumbara la condena en su contra de 80 meses de prisión. Sin embargo, el alto tribunal afirma que la decisión basasa en la"abundante prueba testimonial y documental, recogida por el ente instructor y trasladada desde otros asuntos". Palacio, así como Sabas Pretelt de La Vega, exministros del gabinete en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fueron condenados a 80 meses de prisión y una multa de 167 millones de pesos tras haberlos encontrado responsables de entregar dádivas a congresistas para que favorecieran el acto legislativo que aprobó la reelección del expresidente. El alto tribunal tomó la decisión al considerar que los tres exfuncionarios sí son responsables por haber ofrecido prebendas a varios excongresistas para que favorecieran con su voto el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata en 2004, del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la decisión de la Corte Suprema:
El sector automotor en Colombia enfrenta una serie de desafíos que están moldeando el panorama actual de la industria, retos alineados a la coyuntura económica por la que ha pasado el país desde hace meses.En marzo de 2024, la venta de vehículos disminuyó un 22.6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de Fenalco, lo que pone de manifiesto las tensiones y cambios a los que se enfrenta el sector.Juan Carlos Rodríguez, gerente comercial de Opel, destaca que hay marcas que han consolidado su presencia en el país y que continúan ofreciendo nuevas formas de movilidad con diferentes modelos para mantenerse vigentes en el mercado, como el caso de ellos. “En Opel, hemos logrado consolidar una marca que se mantiene en el sector. Pues a marzo las ventas se mantienen y junto a nuestros modelos Mokka y Grandland, continuamos ofreciendo al país nuevas formas de movilidad que permitan ser 100 % alemán, 100 % alcanzables”, explicó.Principales claves y retos del sectorPara comprender mejor los retos y oportunidades del panorama automotor en Colombia, desde Opel establecieron seis claves esenciales:Producción y ventas: Colombia cuenta con una industria automotriz sólida, aunque orientada principalmente al ensamblaje de vehículos en lugar de la fabricación integral. Las ventas pueden variar según factores económicos y políticos.Marcas y modelos: Las marcas más populares en Colombia incluyen tanto fabricantes locales como internacionales. Los vehículos más vendidos son generalmente automóviles compactos y SUV.Tendencias de mercado: Las ventas de modelos eléctricos e híbridos aumentaron un 20% en marzo de 2024 en comparación con el año anterior, según Fenalco. Esta tendencia muestra una creciente preferencia por vehículos eficientes y respetuosos con el medio ambiente, aunque su adopción general aún es baja debido a costos y una infraestructura de carga limitada.Importación y exportación: Colombia importa una cantidad significativa de vehículos de Estados Unidos, Asia y Europa, y exporta vehículos ensamblados localmente a otros países de América Latina.Financiamiento y seguros: El acceso al financiamiento es clave para el mercado automotor colombiano. Empresas como Opel ofrecen una variedad de planes de financiamiento en sus concesionarios ubicados en diferentes ciudades del país. Además, el seguro automotor es obligatorio y presenta una amplia gama de opciones.Impacto económico y social: El sector automotor contribuye significativamente a la economía colombiana, generando empleos y aportando ingresos fiscales. Además, el acceso a vehículos influye en la movilidad y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.En resumen, aunque el sector automotor en Colombia enfrenta diversos retos, también cuenta con oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible, especialmente en el ámbito de vehículos eléctricos e híbridos.Le puede interesar:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este jueves 24 de abril, que Colombia entregará a Chile al venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, señalado de asesinar a un carabinero en Chile el pasado 10 de abril en Santiago y detenido el miércoles en Colombia."Le entregaremos a Chile el asesino, capturado en Colombia, del mayor Emmanuel Sanchez del cuerpo de Carabineros", indicó Petro en su cuenta de X.Orozco, que también utilizaba el nombre Yendris Segundo Paz Pérez, fue detenido por la Policía en Popayán, la capital del convulso departamento del Cauca (suroeste) cuando se desplazaba en un bus intermunicipal.Supuestamente el capturado pretendía llegar a Cali, Valle del Cauca, para luego seguir a Santa Marta, en el norte del país, y de allí tratar de ingresar a Venezuela.En el momento de la retención, se identificó con una cédula falsa, pero los investigadores tenían certeza de que se trataba del presunto autor material del crimen, que había ingresado a pie horas antes a Colombia a través del puente fronterizo de Rumichaca, informó la Policía colombiana en un comunicado este jueves.El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Colombia para iniciar el respectivo trámite de extradición.El director de Carabineros de Chile, general Ricardo Yáñez Reveco, y el director general de la Policía de Colombia, general William René Salamanca Ramírez, hablaron telefónicamente y destacaron la eficaz cooperación bilateral para ubicar al último de los cinco señalados responsables del crimen.El carabinero fue asesinado el pasado 10 de abril cuando intentaba frustrar un robo en la capital chilena. Desde ese entonces, Orozco Castillo, de 29 años, había emprendido la fuga y era buscado por varios países.
Una joven mexicana ha generado un debate al cuestionar las recientes actualizaciones de WhatsApp, pues aseguró que estas podrían facilitar el engaño en las relaciones de pareja por medio de un video.Marlenee Marín, conocida en las redes sociales por su cuenta de TikTok, expresó su descontento con algunas de las nuevas herramientas introducidas por la popular aplicación de mensajería. En un video que ha acumulado más de 6.5 millones de visualizaciones y 340 mil me gusta, la joven señaló dos características en particular que, según ella, podrían ser aprovechadas por aquellos que buscan ocultar información a sus parejas."Nosotras solo queremos saber quién rayos es el responsable de las actualizaciones de WhatsApp y por qué cada vez les dan más armas a los infieles”, dijo. La primera función mencionada por Marlenee es la capacidad de enviar fotografías y audios efímeros, los cuales solo pueden ser vistos una vez por el destinatario. Esta característica, en opinión de la joven, podría ser utilizada para enviar contenido comprometedor que desaparezca rápidamente, evitando así que la pareja descubra la infidelidad.Otra herramienta criticada por Marlenee es la posibilidad de bloquear chats y ocultarlos mediante un código secreto, accesible solo para el propietario del dispositivo. Para demostrar lo fácil que sería ocultar una conversación comprometedora, la joven proporcionó un tutorial paso a paso en su video. "Solo un infiel haría esto”, aseguró.La crítica de Marlenee ha provocado un debate entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos comparten su preocupación por las posibles implicaciones de estas características en las relaciones de pareja, otros argumentan que estas actualizaciones son simplemente parte del avance tecnológico y mejorar la experiencia del usuario."Propongo como próxima presidenta de México que los hombres no tengan WhatsApp 🫵🏻", "y los que no sabían ya saben gracias jajaja", "y los que no sabían ya saben gracias jajaja", son algunas de las reacciones que se leen en el video.
En Barranquilla fue desarticulada una banda identificada como 'Los Pepes- Mafiosos', la cual estaría al servicio de Digno Palomino, cuya actividad estaba presuntamente encaminada al cultivo hidropónico de cannabis, para la comercialización de este y de drogas sintéticas. Según información a la que tuvo acceso Blu Radio, la líder de este grupo fue identificada como Liliana Monsalve, alias 'Lili', quien es directora del plantel Star Kids, un colegio de preescolar y primaria que funciona en el norte de Barranquilla. Además, se conoció que Monsalve es la madre de la Reina Nacional del Bambuco 2023.La mujer, al parecer, lideraba el grupo en coordinación con alias 'Pablito', quienes le rendían cuentas a alias 'Hanner', hermano de Digno Palomino, quien es el líder de la banda delincuencial Los Pepes, y en el pasado estuvo vinculado a Los Costeños.Junto a ella fueron capturadas 10 personas más, en medio de un operativo que se desarrolló con diferentes diligencias de allanamiento adelantas en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Manatí y Repelón. Vale la pena mencionar que en estos últimos dos municipios tenían una granja de cannabis, de la que extraían aceite CBD para exportar ilegalmente. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. A lo que se suma que dos de los capturados fueron hallados en flagrancia con armas y drogas. Entre otros elementos, a estas personas les fue hallado en su poder 13.75 kilos de marihuana, ocho pastillas de éxtasis, 25 frascos de ketamina de 30 ml. Según la investigación, este material hace parte de los elementos que comercializaban, ya fuera con entrega a domicilios y con entregas a países como Suiza, Alemania y Estados Unidos. Según el registro, estas personas suman 17 anotaciones judiciales, vinculadas a delitos como homicidio, hurto, amenazas, violencia intrafamiliar y violación de derechos patrimoniales de autor.
El Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que, una vez firmado por el presidente Joe Biden, obligará a la empresa china ByteDance a vender TikTok en un plazo de nueve meses si no quiere que la plataforma sea prohibida en Estados Unidos, donde tiene alrededor de 170 millones de usuarios.Por ahora, ByteDance no ha reaccionado a la aprobación de ese proyecto, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, al igual que los otros tres aprobados anoche en el Senado, entre los cuales está el esperado paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán.Pero hace unos días la compañía matriz de TikTok indicó que si se prohíbe en EEUU, no solo se habrá "pisoteado" el derecho a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses, sino que la plataforma dejará de aportar 24.000 millones de dólares al año a la economía del país.ByteDance también alegó que no es una compañía china, pues un 60 % de su capital está en manos de firmas de inversión internacionales, y negó que TikTok sea "un agente de China o de otros países" en EEUU, como afirman los promotores del proyecto de ley, quienes consideran un riesgo para la seguridad nacional que los datos de los millones de usuarios estadounidenses caigan en manos chinas.La iniciativa fue aprobada en el Senado por 79 votos a favor frente 18 en contra y en la Cámara de Representantes la votación fue de 360 a favor y 58 en contra."Le estamos dando a la gente una opción: mejorar esta plataforma y tener la oportunidad de que los estadounidenses se aseguren de que nuestros adversarios extranjeros no los difamen", dijo la senadora demócrata María Cantwell, presidenta del Comité de Comercio del Senado, la semana pasada.El presidente Biden ha declarado en varias ocasiones su intención de firmar la ley en cuanto llegue a su despacho.Según CNN, el proyecto de ley aprobado el martes, una versión actualizada del aprobado en marzo en la Cámara de Representantes, le da a la matriz china de TikTok, ByteDance, 270 días para vender la plataforma.No hacerlo tendría consecuencias importantes: TikTok quedaría prohibido en las tiendas de aplicaciones de EEUU y en los “servicios de alojamiento de Internet” que lo respaldan.Eso supondrá restringir nuevas descargas de la aplicación y la interacción con su contenido.CNN señala que si Biden firma el proyecto esta semana, la fecha límite para una venta sería enero de 2025. Sin embargo, según la ley, podría extender la fecha límite otros 90 días si determina que ha habido avances hacia una venta, lo que le daría a TikTok potencialmente hasta un año antes de enfrentar una prohibición.