La investigación formal y el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al expresidente y todavía senador Álvaro Uribe, tienen como sustento evidencias recaudadas por investigadores al servicio de ese tribunal, entre febrero y julio de este año.
Este caso es distinto al que había llevado a la Corte a iniciar una indagación preliminar contra el expresidente Uribe el viernes 16 de febrero, tras encontrar que no había fundamentos para seguir adelante con la denuncia que había entablado el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda por el cartel de "falsos testigos".
Por ese caso, que se recuerda por los audios de las conversaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y el empresario Juan Guillermo Villegas, que fue investigado por paramilitarismo, en los que se concreta una reunión que todavía no ha sido explicada, en una frutería de Medellín, supuestamente para coordinar testigos frente al caso Cepeda.
El punto en común de los dos casos tiene que ver con un hecho mucho más grave, pues se trata de las denuncias que han hecho varios testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar e hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue de propiedad de la familia Uribe Vélez, sobre los nexos de Álvaro y Santiago Uribe Vélez con las autodefensas, particularmente con el Bloque Metro.
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Por el caso archivado de Iván Cepeda, la Corte Suprema decidió escuchar en versión libre al expresidente Álvaro Uribe, citación que debería cumplirse en los próximos días.
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Frente al nuevo proceso, hay que decir que comenzó tras la llegada profusa de información anónima a la Corte Suprema, muy pocos días después de la indagación abierta contra Uribe, en donde se hablaba de posibles intentos de continuar con la manipulación de testigos.
La pieza clave en este nuevo caso es Diego Cadena, abogado de narcotraficantes como alias "Diego Rastrojo", quien ya había sido mencionado por El Espectador en 2015 como el hombre que supuestamente había sido emisario de su cliente, quien supuestamente iba a declarar en la investigación que fue archivada por falta de pruebas, sobre el supuesto ingreso de dinero de "Los Comba" a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, denuncia que fue promovida por el expresidente Álvaro Uribe.
Cadena, entre otras cosas, habría visitado en La Picota a Juan Guillermo Monsalve para intentar el cambio de sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe.
Pero también habría contactado a la exfiscal Hilda María Niño, hoy detenida por presunta manipulación de casos de reconocidos paramilitares y narcotraficantes como alias "El Mellizo", para que ayudara a desprestigiar la investigación contra Alvaro y Santiago Uribe Vélez.
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En la misma situación se encuentra el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien también se habría reunido con Juan Guillermo Monsalve, incluso según la declaración del testigo, habría puesto en altavoz una llamada del expresidente Uribe, pidiéndole que se retractara de los señalamientos en su contra.
Como testigos en este caso fueron citados entre otros, Hilda Janeth Niño, el "Tuso" Sierra y el abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente Alvaro Uribe, quien ha reconocido que estuvo en La Picota, dice que visitando a un viejo conocido de la justicia y excorredor de bolsa, Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro del padre de Nohora Puyana, exprimera Dama de la Nación.
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No hay claridad sobre esa visita ni sobre si Lombana habló o no con Juan Guillermo Monsalve en la celda, ya que era compañero de Pardo Hasche.
Hay decenas de horas de grabaciones, de audio y video, legalmente obtenidas por la Corte, que ahora merecen una explicación.
La pregunta de fondo es si el expresidente Álvaro Uribe tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando, si efectivamente habló con delincuentes como Monsalve y alias Caliche pidiendo retractaciones, si efectivamente cometió o no delitos como soborno y fraude procesal, que contemplan penas de entre 4 y 12 años de cárcel.
La indagatoria es una oportunidad de defensa, y Uribe tendrá que rendirla ya sea ante la Corte, o ante la Fiscalía, en caso de que decida renunciar al Senado y eluda a su juez natural en este momento.
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Al final de todo, con moderación y con base en la ley, el país requiere toda la verdad sobre este caso, para tener certezas políticas y jurídicas.
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