Una nueva controversia se desató en las últimas horas entre el presidente Gustavo Petro y las Altas Cortes, por cuenta del decreto 0799 de 2025, que firmaron el jefe de Estado y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que le quita la facultad al Consejo de Estado para conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente de la República.
A partir de ahora, las acciones de tutela contra las actuaciones del presidente, incluso las relacionadas con asuntos de seguridad nacional y con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas en primera instancia a jueces del circuito y no al Consejo de Estado.
El gobierno sustenta su decisión en dos autos de la Corte Constitucional que señalan que la persona interesada en entablar una tutela es libre para elegir el juez o tribunal al que acude, eso sí, en la jurisdicción donde se presenta la violación o amenaza al derecho que se apresta a denunciar.
Según el gobierno, el decreto busca aplicar el principio de desconcentración funcional, para “fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial, al evitar que una misma corporación deba conocer previamente de un asunto en sede de tutela y, posteriormente, como juez natural del control objetivo de legalidad de los actos administrativos del presidente de la República, lo cual podría generar causales de impedimento”.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió echar para atrás un decreto que había sido expedido en el 2015, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, que había decidido que las tutelas contra el presidente debían ser estudiadas y decididas por el máximo tribunal del Contencioso Administrativo, es decir, por los magistrados del Consejo de Estado.
Aunque a primera vista, expertos juristas consideran que se trataría de una decisión legal, no deja de ser polémica porque vía decreto, que algunos consideran como el “segundo decretazo”, Gustavo Petro siendo presidente en ejercicio está cambiando la forma de elegir a sus propios jueces, en este caso, jueces de tutela.
Y el asunto más controvertido tiene que ver con la lectura que diferentes sectores hacen frente a la posibilidad de que este decreto sea leído como una retaliación del Gobierno del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, que ha tomado recientemente varias decisiones que no son favorables a los intereses del Ejecutivo, como por ejemplo el congelamiento del “decretazo” con la convocatoria a la consulta popular, además de haber tumbado el nombramiento de embajadores o de comisionados de la CREG y de haber prohibido la transmisión de los consejos de ministros en los canales privados.
Ante la controversia originada, ya se anuncia una cascada de demandas contra este decreto, que curiosamente tendrá que ser decidida por el propio Consejo de Estado, al que hoy pretende eludir el jefe de Estado en materia de tutelas.
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