La prueba ácida de la Justicia Especial de Paz, que entrará en funcionamiento, en principio para escuchar testimonios, dentro de unas semanas, será sin duda determinar si los exjefes de las Farc escondieron bienes o mintieron sobre las propiedades de la organización, que son un elemento fundamental para la reparación de las víctimas.
Será la prueba ácida porque en el reciente caso de la cadena de supermercados Merkandrea, Supercundi y Mercafusa, los magistrados de la JEP tendrán que determinar si efectivamente estas propiedades, más de 60 en todo el país avaluadas en más de 600 mil millones de pesos, tienen vínculos claros con la que fuera la cúpula de esa guerrilla.
Esa es la hipótesis de la Fiscalía y por eso envió a la cárcel a los hermanos Mora Urrea, y en caso de demostrarse, dejaría no solo a Romaña, exjefe de secuestros de las Farc, sino a toda la cúpula con un pie en la justicia ordinaria, pues este listado definitivamente no fue entregado en el listado de bienes para reparar a las víctimas.
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Hay un hilo conductor entre los supermercados y una posible gran cantidad de propiedades de las Farc más allá de las fronteras: en las últimas horas en una cumbre de fiscales de Colombia y Ecuador, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que hay un trabajo de auditoría sobre más de 13 millones de archivos electrónicos sobre la posibilidad de que haya bienes de la ex guerrilla en territorio ecuatoriano.
Fuentes oficiales de Colombia confirmaron que Ecuador habría sido uno de los destinos predilectos de los encargados de las finanzas de las Farc para lavar los dineros producto de actividades ilegales.
Los líderes de la Farc no pueden seguir tomando del pelo con los bienes para reparar a sus víctimas, el país requiere un inventario serio y si no lo entregan, pues debería ser capaz la justicia de tomar las medidas necesarias.