Caso Montoya y ultimátum a exjefes de Farc, la JEP a prueba: opinión de Ricardo Ospina
Dos noticias de nuevo pusieron la lupa de los colombianos sobre la Justicia Especial para la Paz.
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Dos noticias de nuevo pusieron la lupa de los colombianos sobre la Justicia Especial para la Paz: la primera fue el fracaso temporal de la audiencia en la que se pretendía que iniciara el camino del general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, ante esa jurisdicción por el asesinato de miles de jóvenes que fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combates inexistentes, dentro de lo que se ha llamado de manera eufemística el caso de los "falsos positivos".
La otra noticia desde la JEP, estuvo relacionada con el ultimátum de diez días que comenzaron a correr el pasado diez de septiembre para 31 exjefes de las Farc, que tendrán que ratificar por escrito que siguen sometidos a la justicia transicional y al acuerdo de paz y además deberán contarle a los magistrados, qué tareas han llevado a cabo para cumplir sus compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a sus crímenes, en particular en este caso, en relación con los secuestros.
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En medio de un muy pesado ambiente, en donde familiares de asesinados por militares, al parecer en medio de las órdenes de Montoya a sus subalternos para que los resultados se dieran en número de muertos en combate y con varios ONG presentes, Montoya permaneció mudo, vestido de civil, y al final no firmó el acta de sometimiento a la JEP, porque se negó a reconocer a dos víctimas de ejecuciones extrajudiciales posteriores a 2007.
Montoya además dijo por medio de su abogado que está absolutamente convencido de su inocencia y que por eso no pedirá disculpas a las familias de los jóvenes asesinados por integrantes del Ejército.
El camino que decidió escoger el general Montoya es arriesgado, porque si no va a admitir responsabilidades en delitos, la JEP comenzará a valorar el arsenal de pruebas que la Fiscalía tiene en su contra, entre otras cosas, testimonios de altos oficiales que dan cuenta de las presiones que había para que las bajas fueran el termómetro de éxito en brigadas y divisiones, además de las órdenes de trabajo y las conferencias en las que según se ha conocido, Montoya decía que: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”.
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Si la JEP no encuentra méritos y sale avante la tesis de Montoya, sería absuelto, pero si llegara a comprobar que cometió delitos, particularmente haber dado órdenes que llevaron al homicidio de inocentes, podría pagar una pena de hasta 20 años de prisión efectiva, lo cual en últimas podría ser un buen negocio judicial, pues en la justicia ordinaria, se podría exponer a penas de hasta 60 años de prisión, en caso de ser hallado culpable.
En el otro caso, la sala de reconocimiento de la JEP emitió una providencia clara, en la que dentro de la investigación por los secuestros cometidos por las Farc, y teniendo en cuenta la actual coyuntura, incluyendo pronunciamientos preocupantes de la ONU, pide de manera perentoria a 31 exjefes de Farc, incluyendo a Iván Márquez, El Paisa, Romaña, Aldinever y otros presuntos renuentes, que envíen un documento escrito, firmado, en el que ratifican su sometimiento a la jurisdicción y explican cómo cumplen el acuerdo de paz.
Esto lo habían pedido a gritos muchos sectores a la JEP, que ahora, tendrá en sus manos el futuro de estos exguerrilleros, y tendrá de primera mano la respuesta sobre si Márquez y El Paisa, volvieron o no a las armas.
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