El país necesita conocer toda la verdad de los horrores de la guerra, para comenzar la catarsis del perdón y la reconciliación. Por eso es tan importante que cerca de 900 personas, entre civiles y exparamilitares hayan tocado las puertas de la Justicia Especial de Paz.
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En las últimas horas la presidenta de la JEP Patricia Linares y el fiscal general encargado Fabio Espitia, revelaron que en total 896 personas solicitaron su ingreso a la justicia transicional, de ellas, 733 son civiles, ya sean particulares o agentes del Estado, y 163 son exintegrantes de las autodefensas, la mayoría de ellos provenientes de Justicia y Paz, el sistema creado durante el gobierno de Alvaro Uribe para el proceso de paz con los “paras”
Según Linares, de los casos que recibió directamente la JEP, 540 corresponden a empresarios y contratistas y 117 a agentes del Estado como excongresistas, exconcejales y antiguos funcionarios administrativos y judiciales.
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Entre los nombres de los civiles que se conoce que han pedido pista en la JEP están el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, condenado por el asesinato de Jaime Garzón, los exsenadores Alvaro Ashton y David Char y uno de los hijos de la condenada empresaria del chance Enilce López, conocida con el alias de “La Gata”.
Por el lado de los paramilitares, la lista es bastante larga, pero llaman la atención los nombres de Salvatore Mancuso y alias “Jorge 40”, quienes afirman que pese a que ya recibieron beneficios de un sistema de justicia transicional, tienen muchos asuntos importantes para contar, con el fin de esclarecer la verdad sobre el conflicto.
La JEP tiene en sus manos una “papa caliente”, pues la comparecencia de terceros ante esta jurisdicción es voluntaria y tendrá que evaluar, así como en el caso de los paramilitares, de manera muy juiciosa, caso por caso, para poder determinar en dónde se configuran los postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
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