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Tres departamentos de Colombia, muy golpeados por la desigualdad y la pobreza, hoy son noticia por la captura de algunos de sus más emblemáticos líderes políticos.
Comenzamos en San Andrés, el paradisiaco archipiélago, olvidado por los gobierno centrales y en donde a pesar del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que nos quitó 75 mil kilómetros cuadrado de mar territorial, hoy sigue sumido en el abandono, en el narcotráfico y en la corrupción.
La Fiscalía capturó en la tarde de ayer a 11 personas, entre ellas al actual gobernador Ronald Housni, integrante de una de las más tradicionales familias políticas de la isla y a su antecesora Aury Guerrero, quien tuvo que enfrentar el fallo de La Haya, por haber presuntamente recibido sobornos por más de 11 mil millones de pesos para adjudicar a determinadas firmas, obras públicas que o nunca se realizaron o tienen un evidente retraso.
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El modus operandi ya lo tienen montado los corruptos: usan el mismo sistema que sirvió para el desvío de cuantiosos recursos de la valorización en Armenia. Las obras que estarían manchadas de corrupción son varios colegios y parques en San Andrés, que costaron la "bicoca" de 120 mil millones de pesos, de los bolsillos de los sanandresanos.
Los funcionarios habrían manipulado las licitaciones y se habrían descartado otros proponentes con el pretexto de que no cumplían con los requisitos legales.
Entre otras decisiones, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que determine si hay méritos para investigar al representante a la Cámara Jack Housni, hermano del gobernador de San Andrés, porque presuntamente hay evidencias que lo involucran en la red de corrupción.
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En Quindío y en Córdoba fueron capturados el excandidato a la Cámara de Representantes Anuar Oyola, a su esposa y a otras personas, por haber formado parte presuntamente de una red de compra de votos.
Y para completar la ecuación, en Córdoba, tan golpeado por la corrupción, se conoce un nuevo juicio disciplinario contra el exgobernador Edwin Besaile por su presunta participación en pagos millonarios con recursos de la salud a pacientes inexistentes de hemofilia.
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