La historia tras la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de detención domiciliaria apenas comienza, porque esta decisión judicial, inédita en la historia de Colombia, tendrá desarrollos jurídicos y políticos en los próximos meses.
Hablando del proceso judicial, vienen varias “movidas”: la defensa del expresidente Álvaro Uribe buscará que se revoque vía tutela la medida de casa por cárcel que pesa sobre el exjefe de Estado, argumentando que la decisión de la juez Sandra Heredia, viola varios derechos fundamentales del exjefe de Estado, cuyos abogados consideran que no hay motivo sólido para que no se le permita permanecer libre mientras se conoce la decisión sobre el proceso en una segunda instancia.
La otra “movida” jurídica es la apelación a la condena proferida por la juez Sandra Heredia, que según confirmó el abogado Jaime Granados, será presentada antes del próximo 13 de agosto, que es la fecha límite interpuesta por el despacho judicial. Esa apelación será estudiada por una sala del Tribunal Superior de Bogotá, conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, quienes iniciarán una carrera contrarreloj para decidir si confirman o revocan la sentencia de primera instancia.
La carrera contrarreloj del Tribunal corre por cuenta del fantasma de la prescripción del caso: los magistrados tendrán hasta el próximo 8 de octubre para tomar una decisión en el caso Uribe, porque si no lo hacen, el proceso tendría que ser archivado, toda vez que se habrán cumplido seis años después de la fecha de indagatoria rendida por el exjefe de Estado sin que se hubiera proferido una sentencia ejecutoriada.
En materia política, el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe moviliza al uribismo y al petrismo, sectores que representan polos opuestos del espectro político y que han intensificado sus enfrentamientos en redes sociales desde el viernes pasado, una vez conocida la sentencia contra el exjefe de Estado.
El Centro Democrático está convocando a una marcha para el próximo jueves 7 de agosto, a la que han llamado la “marcha de la Gallardía”, en respuesta a la alusión que hizo la juez Heredia en la lectura del fallo, cuando aseguró que a los hijos del expresidente le faltó gallardía para acompañarlo en el juicio.
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