Consejo Gremial advierte que solicitud de SIC sobre fijación de precios podría ser inconstitucional

El Consejo Gremial se pronunció frente a la solicitud de información que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresarios de distintos sectores, con el objetivo de conocer los parámetros utilizados para la fijación de precios y la adopción de políticas de descuentos. Para el gremio, este requerimiento podría exceder las facultades legales del ente de control y vulnerar garantías constitucionales.Natalia Gutiérrez, presidente de la agremiación, indicó que la Constitución es clara en establecer que el Estado no puede coadministrar empresas privadas. Recordó que el artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial y advirtió que la labor de vigilancia de los mercados no implica exigir cómo se fijan precios, márgenes o estrategias internas de las compañías.“Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.Asimismo, indicó que perseguir abusos y sancionar prácticas anticompetitivas probadas es legítimo y necesario, pero fiscalizar la rentabilidad de las empresas o sus políticas comerciales, sin indicios de ilegalidad, no solo resulta riesgoso sino que podría ser inconstitucional.El Consejo Gremial advirtió que cuando el regulador cruza esa línea, el mercado deja de ser libre. A su juicio, controlar márgenes, fórmulas o algoritmos de precios no constituye supervisión, sino una forma indirecta de control de precios.“La reserva comercial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Obligar a revelar información estratégica sin proceso ni base legal debilita la seguridad jurídica y la confianza”, aseguró.Finalmente, el Consejo Gremial sostuvo que el problema del país no radica en que las empresas generen utilidades, sino en las fallas del Estado en la ejecución de sus funciones. Advirtió que cuando el Gobierno deja de corregir sus propias deficiencias y busca disciplinar al mercado, se afectan el empleo, la inversión y el crecimiento económico.