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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso de solicitud de información a empresas de distintos sectores para conocer los criterios que utilizan en la fijación de precios, descuentos y márgenes de ganancia, una decisión que generó reparos inmediatos por parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Fenalco.
El requerimiento, que consta de siete preguntas, pide a las compañías detallar los procedimientos jurídicos, técnicos y comerciales usados para definir precios, así como explicar cómo influyen variables como los costos de importación, la logística, el inventario, la tasa de cambio y la vigencia de promociones. También se indaga sobre el uso de sistemas automatizados o algoritmos para la fijación de precios.
Desde la Andi señalaron que, si bien la Superintendencia tiene la facultad de requerir información, esta debe ejercerse dentro de los límites que establece la ley.
“Excede las facultades de la Superintendencia solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales. Requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales”, indicó el gremio.
Por su parte, Fenalco expresó inquietudes similares y señaló que, si bien la protección al consumidor es fundamental, cualquier actuación de la autoridad debe realizarse dentro de los límites que establece la ley.
“Atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno, a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía. Pretender que un establecimiento comercial desglose la forma en que fija los precios de más de 40.000 referencias es, sencillamente, una exigencia imposible de cumplir”, indicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la entidad.
Ante las críticas, la Superintendencia confirmó que el proceso está en marcha y anunció que la superintendente, Cielo Rusinque, se pronunciará formalmente para explicar los objetivos y alcances de la recolección de esta información. En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa y afirmó que no debe haber preocupación frente a la transparencia.
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“No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia por parte del consumidor la estructura de formación de precios del oferente”, afirmó el mandatario a través de X.
El debate abre un nuevo pulso entre el Gobierno y los gremios empresariales sobre los límites de la intervención estatal en la formación de precios y el equilibrio entre la protección al consumidor y los derechos de las empresas.
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