Las serias advertencias de la fiscal general a la JEP

A pocas semanas de conocerse las primeras sanciones de la JEP contra exintegrantes del secretariado de las Farc y contra un grupo de militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, la fiscal general Luz Adriana Camargo envió a los magistrados de esa jurisdicción. Una dura carta haciendo advertencias sobre tres grandes riesgos que identifica sobre sus actuaciones que abrirían la puerta de la impunidad.La fiscal habla del riesgo ante la necesidad de un “cierre definitivo y completo de todos los procesos del conflicto armado en un plazo razonable” por parte de la JEP y revela una situación preocupante: a pesar de que la Fiscalía entregó a esa jurisdicción 17 informes sobre delitos cometidos en el marco del conflicto armado con un panorama dramático: 223.282 casos identificados, 280.471 indiciados y 196.768 víctimas, las decisiones de la Sección de Reconocimiento de Verdad “impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, sin hacer referencia de forma completa a los expedientes judiciales que en la Fiscalía reposan sobre los hechos y conductas priorizadas y seleccionadas”.La Fiscal pone como ejemplo el macrocaso 001 sobre “toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP”. La Fiscalía reportó 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados, mientras que la JEP identifica 21.396 víctimas y solo cobija a 7 comparecientes, integrantes del último secretariado de las Farc.También revela que en el tema de reclutamiento de niños, en 2017, la Fiscalía reportó 4.219 investigaciones atribuibles a las Farc con 5.043 procesados. La JEP identificó 18.677 víctimas de reclutamiento forzado y que “únicamente se han identificado 440 radicados de la jurisdicción ordinaria en contra de integrantes de las antiguas Farc-EP, de los cuales 294 se encuentran a disposición del despacho relator”.El documento señala que “para la Fiscalía resulta preocupante que las decisiones de la Sección de Reconocimiento no incluyan la totalidad de las investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso, ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición de la situación jurídica de los procesados”.La segunda preocupación de la fiscal gira en torno a la definición de la situación jurídica de los comparecientes ante la JEP y revela que según las cifras de la JEP, de 15.020 comparecientes que han suscrito acta de sometimiento, 9.925 son exmiembros de las Farc, de los cuales 9.689 recibieron amnistía por delitos políticos y 179 han recibido amnistías otorgadas por la Sala de Amnistía o Indulto.La Fiscalía expresa preocupación porque varios procesos de la sala de reconocimiento solo abarcan los hechos cometidos en determinado territorio y en determinado tiempo para identificar a los máximos responsables, “dejando las demás investigaciones existentes en contra de esos mismos sujetos por otros fenómenos delictivos perpetrados en otras temporalidades y territorios en la indefinición jurídica”, “todo lo cual afecta e impacta el avance de las investigaciones en la justicia penal ordinaria debido a las limitaciones jurisprudenciales en materia de competencia”La tercera preocupación de la fiscal general en torno a la JEP tiene que ver con la falta de una ruta clara para saber cómo se va a manejar la situación jurídica de los comparecientes que no sean hallados como máximos responsables de los crímenes más graves. “No hay una ruta clara de selección negativa que permita la toma de decisiones de cierre definitivo de manera masiva”, agrega la carta.Y dice que “se reitera la necesidad de trabajar de forma articulada con la justicia penal ordinaria, para que se defina quienes van a ser seleccionados negativamente, con el fin de que la sala de definición solicite a la fiscalía la remisión de todos los expedientes relativos a estas personas”. Concluye con una advertencia: “los órganos de la JEP no están tomando decisiones sobre la totalidad de los registros penales de los comparecientes”.

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Fiscalía General de la Nación

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