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La marcha convocada por el Centro Democrático en respaldo al expresidente Álvaro Uribe, una semana después de haber sido condenado en primera instancia a 12 años de detención domiciliaria, es un abrebocas de la polarización política que marcará el camino a las elecciones presidenciales de 2026.
Hubo marchas en más de 28 ciudades y municipios de Colombia y en algunas ciudades en el exterior. Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en la capital del país se movilizaron 29.000 personas este jueves, sumadas a 55.000 manifestantes en Medellín, unas 10.000 personas en Cali, que representaron las marchas con mayor éxito en la convocatoria.
No es casualidad que la marcha convocada por el uribismo se haya realizado el 7 de agosto, exactamente a un año del final del periodo del presidente Gustavo Petro, por lo que la manifestación envía un mensaje político claro que marcará la campaña electoral que apenas está comenzando y que muy seguramente tendrá un duro pulso entre los sectores afines a la izquierda y los simpatizantes de las ideas de derecha.
Luego de las marchas, el expresidente Álvaro Uribe publicó un video en redes sociales de 4 minutos de duración, en el que agradece el apoyo de los ciudadanos que le manifestaron su respaldo en las calles y de nuevo habló de la necesidad de buscar la victoria de un “gobierno de transición” en las urnas en el 2026, según dice, para la reconstrucción del país.
A propósito, sectores de izquierda y en particular del Pacto Histórico han comenzado a hacer una solicitud para que la juez 44 de Bogotá le prohíba al expresidente el uso de redes sociales desde su lugar de reclusión, que es su finca en Rionegro, Antioquia. A propósito, el Inpec confirmó que el expresidente Uribe ya fue reseñado y permanece bajo su custodia desde este miércoles 6 de agosto.
El presidente Gustavo Petro publicó fotos y videos en redes sociales intentando bajar el tono a la cantidad de personas que se manifestaron apoyando al expresidente Álvaro Uribe, señalando que pese a eso, su gobierno respeta la protesta pacífica y además garantizará la independencia de las decisiones judiciales.
La manifestación del 7 de agosto no afecta el curso de las decisiones judiciales, que ahora están en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que antes del 8 de octubre tendrá que definir si confirma o no la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, pero sí muestra la fortaleza política que tienen los sectores opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro.