Hay que poner en blanco y negro las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en redes sociales durante este fin de semana, en donde convoca a manifestaciones contra lo que él llama una ruptura institucional.
La Fiscalía no está investigando al presidente Petro, pero sí está en la obligación de adelantar investigaciones penales para determinar si hubo delitos relacionados con la financiación de su campaña presidencial en 2022, por lo tanto, los directivos de campaña y las personas involucradas eventualmente en irregularidades, como no reportar adecuadamente el ingreso de recursos, pueden ser imputados.
El presidente Petro asegura que la Fiscalía imputará cargos contra su exgerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, contra Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de servicios públicos y quien era representante legal de la Colombia Humana en tiempo de campaña y contra un directivo de Fecode, quienes supuestamente serían responsables del uso irregular de 500 millones de pesos donados por ese sindicato a la campaña de Gustavo Petro.
Para el jefe de Estado, la justicia no puede adelantar inspecciones a los sindicatos y compara la situación de su campaña con la situación presentada con el supuesto giro de recursos del cuestionado 'Ñeñe' Hernández a la campaña de Iván Duque y con el escándalo Odebrecht y asegura que se trata de un complot de la extrema derecha y de la Fiscalía, a la que tilda de corrupta y encubridora del narcotráfico.
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Hoy no hay una ruptura institucional en Colombia, ya que todas las instituciones están operando de manera independiente, incluso, si se llegara a confirmar la imputación a los líderes de campaña, una eventual investigación en su contra debe ser tramitada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El telón de fondo de todo este terremoto coincide con la creciente posibilidad de que la hoy vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera, quede como fiscal general encargada a partir del próximo 14 de febrero, en caso de que la Corte Suprema no elija el reemplazo de Francisco Barbosa el próximo jueves 8 de febrero.
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Por eso inquietan las convocatorias del petrismo, incluyendo Fecode, a una manifestación para respaldar al presidente el próximo jueves, el mismo día en que los 23 magistrados de la Corte Suprema se sentarán de nuevo a definir si eligen o no Fiscal General. El país no quisiera pensar que la intención de los simpatizantes del gobierno sea ejercer presiones indebidas a la Corte.
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