Objeciones a la JEP, una derrota anunciada para el Gobierno: opinión de Ricardo Ospina

Hablamos ahora de lo que era una derrota anunciada para el gobierno, relacionada con las seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, norma que es la “columna vertebral” del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición creado tras la firma del acuerdo con las Farc. Le puede interesar: Se reactiva moción de censura contra MinDefensa: opinión de Ricardo Ospina Como lo anticipamos ayer en Mañanas Blu, la mayoría de magistrados acogió la ponencia de su colega Antonio José Lizarazo, que resolvió la consulta que elevó el Senado sobre cuántos votos se necesitaban para considerar que los reparos presidenciales se habían hundido.Las cuentas fueron claras para la Corte: en el Senado hay 108 curules, se aceptaron 14 impedimentos para votar las objeciones, entre ellos los del partido Farc, y se restaron las curules de la conservadora Aida Merlano, hoy detenida por fraude electoral y de “Iván Márquez”, quien nunca se posesionó.Así, el número mágico fue 92: sobre ese número de congresistas, la Corte definió que la mitad más uno, es decir 47, era el número de votos requeridos para hundir las objeciones presidenciales, como efectivamente sucedió.Hay que señalar que la Corte no entró de fondo a estudiar si las objeciones del presidente Duque eran inconvenientes o inconstitucionales, a pesar de la petición del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien al final decidió votar en contra de la mayoría de sus compañeros.Las consecuencias de esta decisión pasan por la orden al presidente Iván Duque para que sancione la ley estatutaria de la JEP, que una vez entre en vigencia podría acelerar los procesos que tienen en su despacho los magistrados, según dijo Patricia Linares.Anoche el presidente confirmó que sancionará la ley estatutaria, aunque dejó claro que insistirá en buscar salidas legales para cerrar el paso a amenazas relacionadas con reincidentes y con posibles narcotraficantes “colados” al amparo de las normas para el fin del conflicto, sobre todo teniendo como telón de fondo una posible burla a la figura de la extradición.Por supuesto hay una gran avalancha de voces políticas a propósito del fallo de la Corte, muy duras contra las decisiones judiciales desde el uribismo, mientras que desde sectores afines al acuerdo de paz, pidiéndole al presidente que sancione cuanto antes la ley.Ahora el camino que puede emprender el presidente Duque es impulsar cambios de fondo a la Justicia Especial de Paz vía Congreso por medio de una reforma constitucional, que era para muchos expertos, el camino que debía haber tomado desde el principio: haber sancionado la ley estatutaria e iniciar un trabajo de fondo en el legislativo para sacar adelante esas modificaciones.Haciendo sumas y restas, ¿habrá valido la pena todo este desgaste institucional y político para el presidente Iván Duque, cuando al final, como estaba previsto, las cosas volvieron al punto inicial, es decir, antes de las objeciones, el pasado 10 de marzo?Escuche esta columna: