Avanza la cuenta regresiva para las elecciones que definirán el nuevo mapa político local y regional en Colombia este domingo, en medio de un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosapor el plan anunciado por el Gobierno Nacional para el pago de recompensas a quienes entreguen información confirmada sobre personas que compren votos.
El fiscal Barbosa cuestionó la estrategia presidencial porque considera que podría estimular el pago de recompensas por información no verificada, lo cual podría ocasionar un efecto contrario al que se busca, porque podría haber una simple intención por ganar dinero, inculpando de manera injusta a personas que no tienen nada que ver con la compra de votos.
Barbosa fue más allá y tras señalar que para el pago de recompensas debe participar una autoridad judicial, advirtió que podría iniciar investigaciones penales por peculado contra funcionarios públicos que decidan empezar a pagar recompensa por los responsables de comprar votos de cara a las elecciones del próximo domingo.
Desde China, el presidente Gustavo Petro le respondió desafiante al fiscal Barbosa señalando: “yo mismo, entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero”.
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también salió en defensa del presidente Petro aunque su interpretación pareciera diferente a la del jefe de Estado, porque advirtió “no es que la policía va a andar con una maleta entregando plata al que dé información”.
Pero el fiscal Barbosa también lanzó una alerta frente a la posibilidad de que la mitad del país esté en riesgo electoral, con 261 municipios en alto riesgo de acciones violentas durante los comicios. También reveló que más de 60 policías y militares han muertos por inseguridad, 1519 casos abiertos que atentan contra la seguridad de los colombianos, con 7 investigaciones, seis de las cuales son por asesinato de aspirantes al Concejo.
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La Constitución del 91 consagra como uno de sus principales objetivos, que haya un trabajo armónico entre las diferentes ramas del poder público, respetando su autonomía, por eso resulta inaceptable que el Presidente y el Fiscal no puedan trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y evitar los delitos durante las elecciones. Es el momento de la grandeza, sin cálculos políticos y lejos de la calentura del Twitter.
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