Todos los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales se deben concentrar en proteger a las personas que tienen relación con las cárceles y, por supuesto, en garantizar que los médicos y los demás profesionales de la salud tengan elementos de protección para cumplir con su trabajo en los difíciles tiempos del coronavirus.
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En cuanto a las condiciones en las que prestan su trascendental servicio los médicos, siguen siendo demoradas e insuficientes las soluciones que proponen tanto el gobierno como las EPS, las IPS y las ARL, que tienen la obligación compartida de suministrarles tapabocas, trajes bioseguros y otros implementos.
En todo el país hay quejas de médicos, varios de ellos ya dieron su vida en medio de esta dura lucha contra el COVID-19 como el doctor Carlos Nieto en Bogotá y otros dos profesionales de la salud en Cali, además de la crítica situación que se vive en el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, que fue cerrado luego de que cinco enfermeras resultaran contagiadas, y también en la clínica Los Rosales de Pereira, en donde hay 34 profesionales de la salud con la enfermedad.
Capítulo aparte merece la situación en las cárceles del país, en donde además de los tres internos muertos y otros 28 contagiados en el centro de reclusión de Villavicencio, en las últimas horas se confirmaron dos contagios en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá y uno más en la cárcel Las Heliconias de Florencia, sin contar con un guardia de la cárcel Distrital de la capital del país.
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Aunque es comprensible que el esfuerzo debe ser de todos para frenar el avance del coronavirus, el Gobierno tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar la vida de los médicos, de las enfermeras y de quienes hoy se exponen al COVID-19, así como también debe superar las injustificadas demoras para proceder a enviar a detención domiciliaria a cerca de cuatro mil internos con riesgos para su salud. No más retrasos.
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