El exgobernador y precandidato Camilo Romero ha levantado una fuerte voz de protesta y alarma frente a lo que describe como una "vulneración grotesca" y un "atropello inaudito" en su proceso judicial. El caso, que se centra en un convenio de 18.000 millones de pesos relacionado con la distribución de aguardiente en Nariño, ha tomado un giro controvertido tras la reciente audiencia en la que su abogado titular, Miguel Ángel del Río, no pudo asistir por motivos de salud y, en su lugar, se le asignó una abogada de oficio. Romero insiste en su inocencia y advierte que lo ocurrido "está rompiendo la historia judicial de Colombia en dos".
El proceso judicial contra Camilo Romero se originó por supuestas anomalías en la adjudicación de un convenio para la distribución de aguardiente en el departamento de Nariño, una acusación sostenida por la Fiscalía. Romero, por su parte, ha mantenido firmemente su inocencia a lo largo de los ocho años que lleva el caso.
Romero relató con indignación lo sucedido: "Estábamos por empezar la audiencia el día de ayer y fuimos notificados una media hora antes, tanto en mi caso como también la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría, de la ausencia de Miguel Ángel por un tema de incapacidad médica".
La sorpresa y el rechazo se intensificaron cuando, a pesar de la ausencia justificada de su abogado titular, el magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, decidió proceder con una abogada de oficio.
Romero denunció: "De un momento a otro me entero que la Corte Suprema y hablo puntualmente del magistrado que se llama Ariel Augusto Torres había pedido desde julio una defensora pública, una defensora de oficio, una defensora de la Defensoría del Pueblo para que acudiera como suplente, primera vulneración bastante grave".
Según Romero, esta acción constituye una "vulneración total a la ley 906", que rige los procedimientos penales en Colombia. La ley establece que "solo el abogado titular, es decir, Miguel Ángel del Río, puede poner un abogado suplente, solo él, con autorización de Camilo Romero. Y eso no ocurrió, eso no pasó". Además, enfatizó que ni él ni su equipo fueron notificados de esta decisión desde el mes de julio. El exgobernador subrayó la excepcionalidad del caso: "Solo los abogados de oficio están cuando no se puede contratar a un abogado de confianza para que esté allí, con la persona que enfrenta un proceso judicial".
Un llamado a la justicia y a la comunidad internacional
Frente a este escenario, Camilo Romero ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados. "Acudiré a todas las instancias nacionales y, por supuesto, también internacionales", afirmó, revelando que ya ha contactado a Raúl Baroni, un reconocido experto a nivel continental, para iniciar las acciones correspondientes.
El exgobernador concluyó su intervención con un llamado vehemente: "Sepan que esta es una alerta democrática. No puede pasar eso con la justicia de Colombia... Espero que haya una instancia judicial que le ponga freno a este atropello que no solo es contra Camilo Romero, mi abogado Miguel Ángel del Río, sino que es un irrespeto a Colombia y a nuestra justicia". Su denuncia resalta la preocupación por el debido proceso, el derecho a la defensa y la integridad del sistema judicial colombiano.
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