Bastante indignación en el mundo político desató la demanda de pérdida de investidura en contra del senador Miguel Uribe Turbay -quien lucha por su vida en la Fundación Santa Fe-; presentada en el Consejo de Estados por dos sindicatos, la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia UTC y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional, ambas con el mismo demandante, Carlos Alberto Sánchez Grass.
Es por eso que el Centro Democrático, partido de Uribe Turbay, emitió un comunicado calificando la demanda como “infame y oportunista”.
En el mensaje sostienen que es inaceptable que sectores radicales “pretendan arrebatarle su investidura (a Uribe Turbay) mediante una acción jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa”.
Y es que el rechazo a esta demanda responde a lo insólito de los argumentos jurídicos presentados y en los que prácticamente afirman que el senador Uribe estaba inhabilitado por su investidura como senador de la República para realizar actos de proselitismo de su legítima aspiración presidencial y que por ese tipo de actos fue que terminó siendo víctima del atentado el pasado sábado 7 de junio y que hoy lo tiene en estado crítico.
“Esta acusación, traída de los cabellos, es una afrenta a la razón y a la dignidad humana. No se trata únicamente de una instrumentalización burda de la justicia para legitimar un acto de violencia política. Es, además, un intento cruel de revictimizar a un hombre valiente, insinuando de forma cobarde que merecía el atentado que casi le cuesta la vida. Buscan aprovechar su momento de vulnerabilidad para destruirlo, no solo físicamente, sino también moral y políticamente, silenciando su voz y la de millones de colombianos que representa con firmeza”, se puede leer en el comunicado.
Cierra este mensaje el Centro Democrático exigiendo respeto por la vida del senador Uribe Turbay, por su causa y por el derecho de representar a quienes hoy claman justicia y rechazan la persecución judicial sin fundamento. “Colombia no puede permitir que la violencia y el odio se impongan sobre la verdad y la democracia”, concluye.
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