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Congresistas piden al Gobierno la renuncia del general Sanabria, director de la Policía Nacional

Para los congresistas firmantes, los mensajes del general Sanabria reproducen fuertemente un direccionamiento confesional católico que viola el principio constitucional de laicidad del Estado.

General Henry Sanabria
General Henry Sanabria
Foto: AFP

Las polémicas declaraciones hechas por el director general de la Policía, general Henry Sanabria, a la revista Semana acerca de que en la institución hay cerca de 12.000 casos de VIH, de que el uso del condón es un método abortivo y de que se practican exorcismos ocasionó el malestar de varios congresistas.

En una carta, enviada por la representante por el Partido Dignidad & Compromiso Jennifer Pedraza, junto con otros 13 congresistas de diversos partidos políticos, le solicitan al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que impida que el general Sanabria “continúe violando sistemáticamente la Constitución Política, bien sea retirándolo de su cargo o exigiéndole respetar la Constitución”.

Para los congresistas firmantes, los mensajes del director de la Policía reproducen fuertemente un direccionamiento confesional católico que viola el principio constitucional de laicidad del Estado y discursos confesionales que discriminan a mujeres e integrantes de la población LGBTIQ+.

“Resulta particularmente grave que el máximo jefe de la Policía Nacional estigmatice, con cifras que se alejan de la realidad, a la población LGBTIQ+ como la responsable de la presencia de VIH en las filas; desincentive el uso del condón, actuando en contra de la evidencia científica y la salud pública y reproche a las policías que ejerzan su derecho a abortar”, se puede leer en el documento.

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Los parlamentarios también rechazan las declaraciones efectuadas por el presidente al cierre de la Cumbre Iberoamericana en las que señaló que no hay problema alguno con la creencia respetable del general Sanabria, siempre que no afecte a la institución; ya que, según ellos, son reiteradas las ocasiones en las que el general ha violado la Constitución de 1991.

“La ciudadanía debe tener la garantía de que la Policía respete sus libertades y derechos, de lo contrario, se deslegitima esta institución ante la sociedad”, cierra la carta.

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