El expresidente Álvaro Uribe Vélez se desmarcó de los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” al llegar este viernes al Búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde fue citado a diligencia de indagatoria por una investigación relacionada con las masacres de La Granja y El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
En su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de Petro-uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la Nación. Al Gobierno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.
El exmandatario también se refirió a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro: “A pesar de que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó.
Uribe agregó que acude a la diligencia en medio del dolor que, según manifestó, le produce la condena de su hermano, Santiago Uribe. “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos. Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima”, señaló.
La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de un expediente en el que el expresidente y exgobernador de Antioquia es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado, concierto para delinquir agravado y hechos relacionados con la conformación de grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro.
El caso tiene como antecedentes denuncias iniciadas desde el año 2000 y una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.
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La investigación también contempla la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia, así como señalamientos sobre un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.