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Gobierno instaló mesa para proteger derechos de 700 empleados ante cierre de MinIgualdad

En medio del proceso de liquidación se realizará un proceso de reorganización administrativa, manejo de bienes e información institucional.

Ministerio de Igualdad.
Suministrada.

El futuro laboral de más de 700 funcionarios del Ministerio de Igualdad y Equidad comenzó a discutirse formalmente este miércoles, luego de que el Ministerio del Trabajo instalara una mesa de acompañamiento para garantizar que el proceso de liquidación de esa cartera se desarrolle sin vulnerar los derechos de sus trabajadores.

La iniciativa surge en medio de la incertidumbre generada por el cierre de la entidad ordenado tras una decisión de la Corte Constitucional.

Durante una reunión en Bogotá, representantes del Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y las organizaciones sindicales SUNET y SINTRAIGUALDAD acordaron crear una mesa permanente de seguimiento que servirá como espacio de diálogo entre el Gobierno y los empleados afectados por la transición institucional. El objetivo será monitorear las medidas adoptadas y resolver inquietudes relacionadas con la estabilidad laboral de los servidores públicos.

MinIgualdad
Foto: MinIgualdad

“He asumido el compromiso de llevar estas preocupaciones directamente al Presidente de la República. Nuestro propósito es que la ruta para MinIgualdad se construya con las organizaciones sindicales, con garantías para las y los trabajadores y con una visión de futuro que fortalezca la institucionalidad y los derechos laborales”, señaló el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino

La desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad responde a la sentencia Sentencia C-161 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional anuló la ley que creó la entidad por irregularidades en su trámite legislativo. Al no completarse dentro del plazo otorgado un nuevo proceso para corregir esos errores, el Gobierno expidió el decreto que ordena su liquidación, un proceso que deberá concluir en un máximo de un año mientras sus funciones son redistribuidas entre otras entidades del Estado.

Uno de los principales puntos abordados fue la implementación de las directrices emitidas para adelantar el proceso de reorganización administrativa, incluyendo el manejo de archivos, bienes e información institucional. Las autoridades insistieron en que estas actividades corresponden a tareas preparatorias para la liquidación y no implican, por sí solas, desvinculaciones laborales ni decisiones definitivas sobre el personal.

La nueva instancia de articulación también contará con la participación del agente liquidador que será designado por el Gobierno Nacional para liderar el cierre de la entidad. Su función será coordinar las acciones necesarias para culminar el proceso dentro del plazo establecido y garantizar que las decisiones se adopten bajo criterios de transparencia, concertación y respeto por los derechos de los trabajadores.

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