Ley de paz total le ahorraría al Gobierno trámite de proyecto para sometimiento de grupos ilegales

La prórroga a la Ley 418 de 1997, o Ley de Orden Público, trae más de un tema polémico. En el propósito de lograr la paz total, la apuesta de la bancada de gobierno es lograr agilizar el trámite del marco normativoque permita el desarme y sometimiento a la justicia de los distintos grupos ilegales que operan en el país.

Además de los diálogos con el ELN, desde el arranque del gobierno de Gustavo Petrose viene abonando el camino para enfrentar otros retos en materia de seguridad, con un cambio de enfoque en la lucha contra la criminalidad.

Por esa razón, en la ley de orden público que discuten este miércoles las plenarias de Senado y Cámara, se buscará meter el acelerador a la negociacióncon esos grupos criminales definiendo el marco normativo y las condiciones de sometimiento, con lo cual ya no sería necesario tramitar la ley de sometimiento colectivo.

Esa última iniciativa fue planteada con temas como la posibilidad de que quienes se sometan a la justicia se queden con hasta el 10 % de los bienes conseguidos con rentas ilegales, además de beneficios en lo penal.

La advertencia la hizo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien calificó esa posibilidad como un ‘mico’.

“El proyecto de sometimiento que se filtró en algunos medios de comunicación y que traía todos esos exabruptos, de que solamente iban a tener que pagar 11 meses de prisión y entregar la plata, y que se quedaban hasta con el 10 %, ya no va a venir al Congreso. Lo van a sacar por decreto, según la nueva ponencia”, explicó Valencia.

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Sobre el tema, el senador Iván Cepeda, uno de los arquitectos de la política de paz del actual gobierno, explicó la importancia de que, en medio del debate, se pueda avanzar en esa dirección.

“Si en el debate aparece que la ley que estamos tratando da los suficientes elementos para prescindir de una ley de sometimiento lo diremos claramente, porque creo que aquí de lo que se trata es de avanzar lo más pronto posible, con todas las garantías jurídicas y constitucionales, hacia el sometimiento a la justicia de los grupos armados que están sembrando tanta violencia en el país”, concluyó.

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