Los detalles de la reforma política que radicó MinInterior en la Cámara

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en compañía de representantes de varios partidos, radicó la reforma política en la Cámara de Representantes. Cristo explicó que con este proyecto se creará un Consejo Electoral con funciones de policía judicial: podrá allanar e interceptar llamadas en elecciones. "Va a estar presente en todo el territorio nacional, se va a descentralizar su funcionamiento", dijo Cristo. El Consejo tendrá 9 magistrados: 6 elegidos por concurso público de méritos, organizado por las altas cortes, y 3 por el presidente de la República. Habrá rotación por períodos: 3 magistrados ocuparán el cargo por 4 años; 3 por 6 años; y 3 por 8 años. El organismo electoral tendrá un registro de las encuestadoras, agencias de publicidad y de todos los colaboradores de las campañas con las tarifas de los servicios o productos que ofrecen. Se eliminará la circulación del efectivo en las campañas para que todas las transacciones tengan trazabilidad. Las entidades privadas que hagan donaciones a las campañas deberán declarar dichos recursos ante la autoridad electoral y su respetivo origen. Con la reforma política se prohibirá la entrega de regalos o donaciones a los electores con dos tipos de sanciones para quienes lo incumplan: pérdida de investidura y responsabilidad penal. "Hay que acabar con esa costumbre de las rifas de mercados, de electrodomésticos, que es absolutamente vergonzosa para cualquier democracia", explicó Cristo. El Estado asumirá la propaganda electoral y deberá garantizar el transporte en el día de las elecciones. Se le prohibirá a las campañas correr con esos gastos. Los partidos políticos acordaron que la edad mínima para ser senador será de 25 años y para representante a la cámara de 21 años. Los funcionarios que ocupen cargos de elección popular tendrán un período de 2 años. Las listas serán cerradas desde 2019; sin embargo, para las elecciones del próximo año serán cerradas y no bloqueadas, es decir que los ciudadanos podrían votar por el partido o directamente por el candidato. Y ahora no será la Procuraduría quien decida si un funcionario público o ciudadano es inhabilitado sino el Consejo de Estado. "No es sano que funcionarios elegidos por voto popular puedan ser inhabilitados, en ejercicio de sus derechos, por una autoridad administrativa (Procuraduría y Contraloría).