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La Procuraduría reiteró la urgencia de aprobar el proyecto de ley que cursa en el Congreso para evitar la prescripción de más de 12.000 procesos que se encontrarían en riesgo de quedar en la impunidad. A ello se le suma que actualmente no es claro el juzgamiento de funcionarios elegidos popularmente.
En diálogo con BLU Radio, la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Sonia Téllez, explicó que, de no aprobarse la reforma antes del 1 de julio, entraría a regir el código disciplinario único que fue aprobado en 2019 y que establece la prescripción del término de 5 años para más de 12.000 procesos de funcionarios elegidos popularmente.
“El proyecto que está radicado lo que pretende es volver a aplicar la ley 1474 de 2011, que hoy está vigente, en la medida en que existan plazos mayores para efectos de la investigación y una respuesta clara desde el Estado contra la corrupción. De ahí creemos que algunos sectores están interesados en generar controversia por una supuesta ampliación de cargos, como una cortina de humo, para que esta reforma no pase en el Congreso de la República y, por eso, esperamos que su aprobación sea una respuesta contra la impunidad”, indicó la delegada.
De no aprobarse el proyecto también quedaría en el limbo la manera en que la Procuraduría juzgaría disciplinariamente a senadores, concejales, gobernadores y alcaldes ya que, de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, la Procuraduría solamente adelantaría la investigación, pero no podría fallarlo sino que debería entregárselo a un juez y este tema aún no está consagrado en la ley.
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