El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) suspender hasta el próximo 7 de agosto, cuando asume el nuevo gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, los nombramientos y entregar un informe completo sobre los procesos administrativos que se adelantan.
Restrepo lanzó lo que denominó una "segunda alerta nacional" relacionada con la expedición del Decreto 0670 de 2026, emitido por el Gobierno saliente a 40 días de entregar el poder.
Según explicó, la norma modifica los requisitos para el nombramiento de oficiales de protección de la UNP, funcionarios que tendrán la responsabilidad de integrar el esquema de seguridad del presidente electo y de su gabinete.
Sostiene que la protección del jefe de Estado, de su equipo de Gobierno y de los altos funcionarios no puede definirse en los últimos días de la administración saliente.
Considera como "absolutamente inadmisible" que en la recta final del mandato se modifiquen las reglas para definir quiénes integrarán el esquema de protección del jefe de Estado y de los ministros del próximo Gobierno.
"No vamos a permitir que decisiones de última hora condicionen al nuevo Gobierno en un asunto tan delicado como la protección del presidente de la República y de sus ministros", señaló.
La protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente. Hemos solicitado a la UNP suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto y entregar toda la… pic.twitter.com/jN4sUINJLx
— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 28, 2026
Restrepo, quien además ejerce como director del proceso de Empalme Anticorrupción, aseguró que velará para que todas las actuaciones durante la transición se ajusten estrictamente a la Constitución y la ley.
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"Con estricto apego a la Constitución y la ley, ninguna decisión de última hora puede comprometer la capacidad del nuevo Gobierno de cumplir el mandato que le otorgaron los colombianos", manifestó.
A toda la justificación contra el decreto gubernamental Restrepo le sumó que la seguridad del jefe de Estado y de las principales autoridades del país debe manejarse como un asunto institucional y no puede verse afectada por decisiones adoptadas durante el proceso de empalme.
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