El movimiento Defensores de la Patria, del abogado Abelardo de la Espriella, radicó una denuncia ante la Procuraduría contra todos los ministros del Gobierno Petro, quienes fueron citados al debate de control político en el Senado para que dieran las explicaciones por la declaratoria de la emergencia económica.La sesión se dio este lunes; sin embargo, ninguno de los ministros llegó, pues argumentan que no se les otorgaron los cinco días que tienen por ley para responder al cuestionario enviado por el legislativo.Ante esta situación, De la Espriella le pidió a la Procuraduría investigar a los ministros por presunto incumplimiento de sus deberes legales.“La justificación posterior dada por el ministro del Interior, según la cual se habrían incumplido supuestamente los términos legales de la citación, no se ajusta a la normativa vigente, toda vez que el artículo 249 de la Ley 5ª de 1992 establece que la citación debe hacerse con una anticipación no mayor a diez días calendario, requisito que fue cumplido por el Congreso”, señala la denuncia del movimiento de De la Espriella.En el mismo sentido, el abogado y precandidato argumenta que los ministros no tenían una excusa válida para ausentarse.“La conducta de los ministros ausentes podría constituir una falta disciplinaria, al incumplir deberes legales claros previstos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), particularmente el deber de cumplir la Constitución y la ley, así como la prohibición expresa de incumplir dichos deberes. Adicionalmente, el artículo 250 de la Ley 5ª de 1992 es categórico al señalar que un ministro solo puede dejar de concurrir a una citación si existe una excusa aceptada previamente, situación que no ocurrió”, se lee en la denuncia de Defensores de la Patria.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una denuncia a través de su cuenta de X en la que expuso los gastos oficiales de los viajes internacionales que ha realizado el Presidente Gustavo Petro durante todo su gobierno y con fecha de corte el pasado mes de noviembre.En total, la senadora expuso que se han invertido más de $20.000 millones en más de 58 viajes, el equivalente a más de $2 millones de dólares.Los gastos fueron divididos en diferentes apartados. Primeramente, la congresista enseñó los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del Presidente, el cual es de un total de $22.128 millones de pesos colombianos o $5,6 millones de dólares.Las cifras se dividen en $82.018,22 dólares de alojamientos (aproximadamente $309 millones), $2.434.206,72 dólares de transporte (aproximadamente $9.000 mil millones) y 80.463,41 dólares en alimentación (aproximadamente $303 millones).En cuanto a gastos de combustible para el avión presidencial, la suma supera los 12 mil millones de pesos ($12.001.819.476). Adicionalmente, la cantidad de CO₂ emitida durante estos trayectos ha sido de 4.289,03 toneladas de dióxido de carbono.La senadora también comentó que Petro habría hecho más de un viaje cada tres semanas, siendo, según ella, el presidente que más viajes internacionales ha realizado.Por: Sebastián Martinelli
En una extensa entrevista radial, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa confirmó oficialmente que irá a la contienda por la Presidencia de la República y que participará en la consulta de la centro-derecha. A lo largo del diálogo, Peñalosa expuso con claridad sus diferencias ideológicas con el gobierno actual y con el senador Iván Cepeda, a quien asocia directamente con el proyecto político de Gustavo Petro.“Totalmente. Claro que sí”, respondió Peñalosa cuando se le preguntó si finalmente aspirará a la Presidencia. Sin embargo, enfatizó que más allá de su candidatura personal, lo fundamental es que “va a salir solo un candidato de este lado para enfrentar a Cepeda”, buscando transmitir tranquilidad a los votantes que se oponen al actual rumbo del país.El exalcalde fue crítico con algunos de sus posibles competidores dentro de la coalición, al señalar que Colombia necesita un candidato “con una hoja de vida de verdad, de servicio al país” y con mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Aunque aclaró que respetará el resultado de la consulta, manifestó que, de tener que elegir, considera que Sergio Fajardo es una mejor opción que Abelardo de la Espriella.Uno de los ejes centrales de su discurso fue la economía y la migración. Peñalosa alertó que en los últimos años “casi un millón cuatrocientos mil colombianos se han ido del país”, principalmente en busca de mejores ingresos. “Claramente no se han ido para Cuba o Venezuela… se van a países donde hay un ambiente favorable a la inversión privada”, afirmó, defendiendo un modelo económico basado en la participación empresarial.En ese sentido, criticó duramente la oposición del petrismo a sectores como la minería y la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que —según dijo— podría generar más de 700.000 millones de pesos anuales para el Estado. “Con esos recursos se pueden hacer carreteras, vivienda y fortalecer la seguridad”, sostuvo, cuestionando que proyectos estratégicos estén bloqueados por razones ideológicas.Peñalosa también apeló a su experiencia como alcalde de Bogotá para contrastarse con Petro. “Yo ya recibí a Petro y recibí un desastre en la salud y en seguridad, y lo arreglamos”, afirmó, recordando la reducción de homicidios y el desmantelamiento de zonas criminales como el Bronx. Acusó además al petrismo de promover el odio y el populismo: “Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio”, dijo, al tiempo que defendió el papel de los empresarios en el desarrollo del país.Para cerrar, Peñalosa resumió en tres razones por qué considera que debe ser elegido en la consulta: resultados comprobados, seguridad con carácter y mayor inversión para generar progreso. “Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos”, afirmó, citando como ejemplo a TransMilenio, que calificó como un proyecto que “construye igualdad”.
Según explicó la Superintendencia, la decisión se sustentó en que la información financiera disponible no permite establecer la viabilidad de mantener las operaciones de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S ni concluir que dicha medida sea la más adecuada para proteger los derechos e intereses de los acreedores.Como parte de las actuaciones, la Supersociedades ordenó, además, verificar un posible estado de control o la existencia de un grupo empresarial, de conformidad con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, teniendo en cuenta la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad.Asimismo, se dispuso mantener las medidas cautelares decretadas desde el inicio del proceso de liquidación judicial y adoptar otras determinaciones orientadas a garantizar el adecuado desarrollo del trámite concursal y la protección del crédito.En cumplimiento de estas decisiones, la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos, así como el inventario de activos, pasos clave para avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la prelación legal.“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, hoy en liquidación judicial, esta Superintendencia ha adelantado actuaciones que responden al interés permanente de fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal”, señaló la Supersociedades.
El panorama del comercio digital en Colombia se prepara para un cambio estructural tras el anuncio de medidas que buscan regular el pago del IVA (19%) para productos importados a través de plataformas digitales.Según María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), esta decisión responde a una discusión de casi ocho años sobre la necesidad de establecer condiciones equitativas entre los productores nacionales y los competidores internacionales.Hasta ahora, las compras realizadas en plataformas como Amazon, Temu o Shein que no superaban los 200 dólares estaban exentas de este impuesto, una interpretación de los tratados comerciales que, según la CCCE, generó una disparidad significativa. Mientras un productor nacional debe tributar el IVA por cualquier venta sin importar el monto, las plataformas internacionales aprovechaban esta "extensión" para ofrecer precios más bajos, muchas veces triangulando envíos desde Estados Unidos para acceder al beneficio.Competitividad y el auge de plataformas internacionalesLa variable fundamental que hoy define la competencia en el mercado colombiano es el precio, el cual está directamente impactado por ese 19% de carga tributaria. Quiñones señala que, de no ser por esta diferencia impositiva, la producción nacional y las plataformas localizadas en el país (como Mercado Libre) tendrían condiciones muy equitativas, especialmente porque Colombia ha avanzado significativamente en logística de última milla, logrando entregas en 24 horas.El auge de aplicaciones como Temu ha sido notable, especialmente por su capacidad de atraer usuarios mediante tendencias de gaming y digitalización. Los colombianos acuden masivamente a estos sitios para adquirir principalmente moda, textiles, tecnología y accesorios para el hogar. No obstante, el comercio nacional mantiene su liderazgo en categorías de bienes de mayor tamaño, como los electrodomésticos grandes, donde la logística internacional es menos competitiva.Impacto fiscal y derechos del consumidorDesde la perspectiva del recaudo, se estima que el país deja de percibir cerca de 2 billones de pesos anuales por cuenta de este IVA no cobrado en envíos menores a 200 dólares. Esta cifra, aunque requiere un acotamiento más preciso con el Gobierno Nacional, subraya el detrimento fiscal que supone la normativa actual.Finalmente, un punto diferenciador que favorece al comercio digital residente en Colombia es la protección legal. Solo en el ámbito nacional aplican figuras como el derecho al retracto y la reversión del pago.Estas herramientas permiten que el consumidor recupere su dinero directamente a través del banco o el comercio si no está satisfecho, una garantía que no siempre es exigible a plataformas que no tienen residencia legal en el país.Escuche aquí la entrevista:
Mientras gran parte del planeta aún se alistaba para despedir el 2025, en otras latitudes el calendario ya marcaba el inicio del Año Nuevo 2026. La razón es conocida: los husos horarios hacen que la medianoche no llegue al mismo tiempo en todo el mundo, permitiendo que algunos territorios celebren antes que el resto. Como es tradición, las primeras imágenes del nuevo año llegaron desde Oceanía y Asia, donde los festejos quedaron registrados en videos que rápidamente se viralizaron.Países que ya recibieron el Año Nuevo 2026El primer lugar habitado en recibir el 2026 fue Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, ubicada en la República de Kiribati. Esta remota isla del Pacífico volvió a ser protagonista al convertirse en la primera región del mundo en darle la bienvenida al nuevo año, un momento que fue seguido con atención a nivel internacional.Poco después, Samoa y Tonga se sumaron a la celebración. Ambos países despidieron el 2025 y recibieron el 2026 “a lo grande”, con llamativos espectáculos de fuegos artificiales en algunos de sus puntos más representativos. Los videos mostraron cielos iluminados y celebraciones multitudinarias cargadas de música y tradición.En tercer lugar apareció Nueva Zelanda, donde la ciudad de Auckland, en la Isla Norte, se convirtió en una de las primeras grandes urbes del planeta en entrar al 2026. El icónico show de luces en la Sky Tower fue el centro de atención y marcó el inicio oficial de los festejos en el país.La celebración continuó en Australia, con Sídney como uno de los escenarios más esperados. Miles de personas disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales alrededor del Puente de la Bahía y la Ópera de Sídney, en un evento que pudo verse en vivo y que volvió a posicionar a la ciudad como uno de los epicentros mundiales del Año Nuevo.Más tarde, Brisbane, en el estado de Queensland, y Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, se unieron a la bienvenida del 2026 con rituales y actividades enfocadas en la naturaleza, resaltando la conexión cultural y espiritual de estas regiones con su entorno.El Año Nuevo también llegó a China, Malasia y Taiwán. Ciudades como Hong Kong, Kuala Lumpur y Taipéi recibieron el 2026 con espectaculares fuegos artificiales que iluminaron el cielo y quedaron registrados en imágenes que recorrieron el mundo.
Un proceso contractual de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, tras denuncias que advierten presuntas irregularidades. Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las acusaciones y actuaciones preliminares, sin que exista una decisión judicial o disciplinaria en firme.Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Casur informó, en mayo de 2020, a cerca de 105.000 afiliados sobre la elección de la plataforma de Dibanka, antes de que la empresa estuviera legalmente constituida. De acuerdo con registros mercantiles, Dibanka solo formalizó su existencia ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año, meses después de haber sido recomendada tras un supuesto estudio de conveniencia elaborado por la firma Digital Consulting Group.Según las denuncias, entre 2020 y 2023 Dibanka habría recibido ingresos estimados en 18.000 millones de pesos anuales, producto de descuentos realizados directamente a pensionados. Sin embargo, durante ese periodo no existía un acuerdo de reciprocidad económica con Casur, situación que es señalada como irregular por permitir el uso de la infraestructura y la base de datos de la entidad sin un retorno financiero.En medio de estos cuestionamientos, la Junta Directiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía elevó una solicitud formal a su director, en la que pide información y transparencia sobre el proceso mediante el cual Casur invitó y evaluó a las empresas interesadas en operar la plataforma tecnológica de libranzas. En concreto, solicitan conocer cómo se tomó la decisión y quiénes participaron en ella, a partir de inquietudes expresadas por afiliados y denuncias conocidas públicamente.Documentos conocidos por este medio indican que la Junta Directiva habría solicitado expresamente no avanzar en la contratación con Dibanka, recomendación que, según las quejas, no fue acatada. A esto se suman solicitudes formales de representantes de oficiales, suboficiales y agentes, quienes han pedido suspender nuevos contratos hasta que se garantice la transparencia del proceso.Fuentes cercanas al caso, consultadas por Blu Radio, señalaron que la denuncia presentada ante la Procuraduría se fundamenta en el proceso adelantado por Casur en mayo de 2025 para la contratación de una plataforma tecnológica destinada a la gestión de libranzas.Entre las presuntas irregularidades denunciadas se encuentra la simulación de una licitación bajo la figura de un estudio de mercado, mediante la exigencia de requisitos técnicos, jurídicos y financieros propios de un proceso competitivo formal, así como el uso de criterios de evaluación de “cumple/no cumple”, sin posibilidad de subsanación por parte de los proponentes.En este medio contactamos a varios miembros de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, pero no obtuvimos respuesta.
Lo que pretendía ser un día de descanso en las playas de La Heroica para Óscar Benavides, un ciudadano oriundo de Tumaco, terminó en un altercado con la Policía y una denuncia pública que ha puesto sobre la mesa la vigencia y los límites de las concesiones hoteleras en el país.El incidente ocurrió cuando Benavides y su grupo intentaron instalarse en un sector de la playa que se encuentra frente a uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Según su relato, apenas pasaron dos minutos antes de que la Policía llegara para retirarlos del lugar, bajo el argumento de que esa zona estaba concesionada."Las playas son públicas, son del pueblo y no son de los poderes económicos de este país", afirmó Benavides, quien, incluso, organizó un "paseo de olla" como acto de protesta para demostrar que cualquier colombiano tiene derecho constitucional a disfrutar de estos espacios. Benavides cuestionó que se utilicen cercas o delimitaciones que impiden el libre tránsito, asegurando que ha recibido denuncias similares en Tumaco, San Andrés y Barranquilla."Hay un flagelo que se está presentando a nivel nacional, no le están permitiendo ni siquiera a los nativos y ni siquiera a las personas del común sentarse y poder disfrutar de sus familias", indicó Benavides. Ante la controversia, el Hotel Las Américas aclaró que cuenta con una concesión otorgada por la autoridad marítima desde 1994, la cual se renueva cada 10 años. Según el hotel, este permiso les permite instalar mobiliario (sillas, carpas y sombrillas) para beneficio del turismo, pero recalcaron que son conscientes de que las playas son bienes de uso público.Versión de la DimarEl capitán de navío, Alberto Luis Vuelvas, fue enfático al señalar que "las playas en Colombia no pueden ser privatizadas". El oficial explicó que, si bien existen actos administrativos que autorizan a los hoteles el uso de mobiliario, los ciudadanos mantienen intacto su derecho al tránsito y al uso del mar.Escuche la entrevista aquí:
Uno de los hechos más relevantes de la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol y BLU Radio, es la medición por primera vez de los escenarios electorales en el que el gran número de precandidatos (casi 27 aspirantes) compitan en tres posibles consultas para escoger a los candidatos únicos de diferentes coaliciones.En el caso de la eventual consulta de los sectores de izquierda y centro-izquierda, el llamado Frente Amplio; el director del DPS y exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se impondría con ventaja en todos los escenarios.En un tarjetón con ocho precandidatos, Bolívar obtendría un 47 % de intención de voto, seguido por el exalcalde Daniel Quintero con un 16.1 %, el senador Iván Cepeda con un 14.8 %, la senadora María José Pizarro con un 8.6 %, el exgobernador Carlos Caicedo con un 4.7 %, la exministra Susana Muhammad con un 4.1 %, el excanciller Luis Gilberto Murillo con un 2.5 %, y el embajador Roy Barreras 2.3 %.En un escenario en el que compiten los tres candidatos, Bolívar sigue liderando con un 56.6 % de los votos, seguido por Quintero (22.8 %) y Pizarro (20,6 %).Frente a los sectores que representan el centro político, el exgobernador Sergio Fajardo también se impone con un 35.5 %, seguido por la exalcaldesa Claudia López (27.7 %), el exsenador Juan Manuel Galán (15.8 %), el senador Jota Pe Hernández (11.2 %), el exalcalde Enrique Peñalosa (3.8 %), el exministro Alejandro Gaviria (3.3 %), el concejal Juan Daniel Oviedo (1.8 %), y el exministro Juan Fernando Cristo (0.9 %).Si se redujera a los tres primeros candidatos de centro, Fajardo obtendría 44.8 %, López 30.8 % y Galán 24.3 %.Finalmente, en el caso de una eventual consulta de la derecha y centro-derecha habría un empate técnico entre la periodista Vicky Dávila con un 30.7 % y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con un 30.2 %, seguidos por el senador Miguel Uribe (12.1 %), la senadora María Fernanda Cabal (8.8 %), el exembajador Juan Carlos Pinzón (5.8 %), el abogado Abelardo De La Espriella (4.1 %), el exsenador David Luna (3.6 %), la senadora Paloma Valencia (3.2 %) y el exministro Mauricio Cárdenas (1,3%).Si se hiciera el mismo ejercicio y se redujeran las opciones a los cuatro primeros precandidatos, Vargas Lleras se impondría con un 38,6 %, seguido de Dávila (32,9%), Uribe (16,7%) y Cabal (11,8%).Esta es la ficha técnica de la encuesta
En conversación con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, se mostró firme sobre su postura respecto a la consulta popular que busca hacer el Gobierno nacional para implementar puntos de la reforma laboral hundida en el Congreso. Según la senadora, este mecanismo de participación ciudadana es legal y está consagrado en la Constitución, pero su uso actual genera dudas y preocupaciones. "La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana legal, legítimo, que se encuentra establecido en la Constitución, que puede ser convocado por el presidente, un gobernador o un alcalde. Sin embargo, lo que está en juego no son solo las preguntas, sino también la oportunidad de asegurar que las consultas realmente representen la voluntad del pueblo", comentó Holguin. La senadora describió la consulta como un proceso que permite preguntarle al ciudadano sobre temas generales sin posibilidad de respuestas en blanco. Pero subrayó que hay una falta de claridad en cuanto a qué preguntas se formularán y cuándo se llevará a cabo el referendo. Mencionó que las preguntas aún no están definidas, aunque el Gobierno ha indicado que se podría realizar una consulta centrada en la reforma laboral. "Lo primero es que no hay claridad completa sobre cuáles serán las preguntas ni cuando se erradicará la consulta. Tiene que pasar por el Senado, que es el encargado de determinar si se aprueba o no, y luego, en caso de ser aprobada, tendrán cuatro meses para organizar toda la logística para la votación", agregó la senadora. Recordó que para que la consulta sea válida, debe participar el 50% del censo electoral, lo que equivale a más de 13 millones de personas, y que, hasta el momento, históricamente este tipo de procesos no han alcanzado el umbral necesario. La senadora Holguin, representando al Centro Democrático, indicó que están en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno, y han comenzado una campaña informativa para explicar a los ciudadanos por qué dicho cambio no beneficiaría la generación de empleo en el país. También señaló que habría una estrategia política detrás de la consulta, sugiriendo que puede ser un intento del Gobierno por eludir la legitimidad del Congreso y utilizar la consulta como un mecanismo de presión e influencia. "Nosotros creemos que es una opción válida llamar a la abstención frente a esta consulta, pues si no conocemos las preguntas y estas están diseñadas para inducir una respuesta en favor del Gobierno, no contribuirá a un debate democrático sincero. Es vital que llamemos a la sensatez al ciudadano", concluyó la senadora Holguín. Escucha una entrevista completa aquí:
Aunque se esperaba que la elección del reemplazo del renunciado magistrado César Lorduy en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtiera en fuerte pulso entre el Gobierno y la oposición; tal parece que el Congreso dejó el camino libre para que el nuevo magistrado sea un abierto integrante de la coalición petrista.Y es que esta elección es clave, ya que ese es el voto decisivo frente al proceso administrativo que cursa contra el presidente Petro y su campaña por irregularidades en la financiación de la misma y que hasta la salida de Lorduy contaba con los seis votos necesarios para emitir una eventual sanción; pero también porque ayudaba a mantener cierto nivel de independencia en la autoridad electoral de cara a la elección del 2026.A la Secretaría del Senado llegaron solamente dos nombres para la elección que se dará el próximo 8 de abril: Álvaro Echeverry, actual director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa postulado por Col. Justa y Libres y Plinio Alarcón Buitrago, jefe de la oficina jurídica del CNE postulado por el MIRA.Lo que llama la atención es que ningún otro partido postuló candidatos, salvo estos dos partidos cristianos; lo que deja con una amplia ventaja a Echeverry quien es un abierto militante y activista del Pacto Histórico a pesar de haber sido postulado por otra colectividad.Incluso las críticas están sobre Cambio Radical, que pudo haber peleado esa candidatura, ya que pertenecía a ese partido; pero decidió finalmente no postular buscando respetar los acuerdos del año 2022 en la plancha presentada para el CNE que incluye una cláusula que señala que si se presenta una renuncia muerte de alguno de los magistrados, el candidato elegido sería el siguiente en la lista consecutiva.“El partido, en mi criterio, es una víctima más de las acciones de César Lorduy. Al presentar su renuncia al Consejo Nacional Electoral, que fue inconsulta, no se logró articular previamente para poder organizar y planear el eventual reemplazo en esa entidad. (...) Cambio Radical no pretende romper los acuerdos, entre otras cosas, porque tenemos también en pocos días la elección de mesas directivas, en la Cámara de Representantes nos corresponde la presidencia de la corporación, aunque hay un ambiente hostil particularmente del Partido de la U y algunos integrantes del Partido Liberal para romper los acuerdos”, señaló el senador Carlos Motoa.Entre los partidos independientes y de oposición se lanzan entre ellos la responsabilidad de este “regalo” para el presidente Petro. BLU Radio consultó con Alex Vega, codirector del Partido de la U, quien señaló que el responsable de esta polémica es el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que decidió no postular y que con eso también se puede romper el acuerdo para la Presidencia de la Cámara en el que La U podría buscar meter un candidato para el último año de la legislatura.Por su parte, el partido Centro Democrático señaló a través de un comunicado que “esta elección no solo representa una flagrante violación de los acuerdos políticos previamente establecidos, sino que también se constituye en una preocupante maniobra de toma hostil y subrepticia por parte del Gobierno Nacional de un organismo fundamental en las garantías democráticas que requiere el país”.Es por eso que algunos congresistas están pidiendo que se suspenda el proceso hasta que haya garantías para que todos los partidos puedan postular a sus aspirantes y lograr un acuerdo. Mientras tanto, el MIRA espera poder comenzar a promover al candidato Alarcón como una opción viable a Echeverry.
El registrador Hernán Penagos advirtió que la consulta popular que propone el Gobierno no puede realizarse si coincide con otro proceso electoral como el que está cercano a vivirse en el país con las elecciones del año 2026.Este mecanismo promovido por el Gobierno de Gustavo Petro ha desatado un fuerte debate en el país, con opiniones divididas sobre su viabilidad, costos y el impacto que podría tener en el panorama político y económico de Colombia. En medio de este conflicto, tanto el procurador general, Gregorio Eljach, como el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, han expresado preocupaciones sobre la consulta, que podría tener consecuencias significativas para la democracia y la estabilidad fiscal del país.Eljach se mostró firme en la importancia de que el Senado de la República no se quede atrás en el proceso. Aseguró que el futuro de la consulta popular es un asunto fundamental para la democracia colombiana y que el Congreso no debe subestimarlo. "Tenemos que ponernos serios porque este es un asunto de la democracia, el Senado de la República no va a ser inferior en ese proceso", afirmó Eljach. Para el procurador, el proceso debe basarse en la legitimidad y en el interés de los millones de colombianos, no solo en la ideología de una sola persona, refiriéndose al presidente Petro.En esta misma línea, las voces críticas no se han hecho esperar. Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, advirtió que la consulta popular no podrá llevarse a cabo si coincide con las elecciones presidenciales de 2026. Penagos hizo un llamado a evitar cualquier superposición entre la consulta y los comicios, dado que esto podría generar confusión y afectar la claridad del proceso electoral. La coincidencia de ambos eventos podría comprometer la transparencia y la eficacia de ambos procesos, lo que pone en duda la viabilidad de llevar a cabo la consulta en la fecha propuesta.Además, la preocupación por el alto costo de la consulta ha sido uno de los puntos más críticos en el debate. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, destacó que la consulta popular, cuyo costo podría ascender a unos 700.000 millones de pesos, se llevaría a cabo en un contexto de alto endeudamiento estatal. Rodríguez expresó su inquietud sobre cómo este gasto podría agravar aún más la situación fiscal del país, ya que existen otras deudas que el Estado debe enfrentar. En su opinión, la consulta no debería llevarse a cabo si no se evalúan adecuadamente sus consecuencias económicas sobretodo teniendo en cuenta que hay un presupuesto que no permitiría llevar a cabo esto.
A través de su cuenta de ‘X’ en una publicación hecha en la tarde de este miércoles, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar críticas en contra de la Fiscalía al revelar un pantallazo de un documento de órden de policía judicial de la Fiscalía, sobre una investigación que adelanta el ente acusador por dos presuntos delitos: financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.“Esto es violar la constitución. Al presidente de la república no lo investiga la fiscalía”, señaló el presidente Petro en su red social.Sin embargo, lo afirmado por el presidente Petro dista mucho de la realidad. Blu Radio pudo acceder al Acta de Audiencia No. 058 del Juzgado 54 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en el que la jueza María Isabel Parada Ayala, acepta la solicitud hecha por el fiscal anticorrupción Elkin Javier Ardila Espinosa, para realizar una búsqueda selectiva en base de datos, en el marco de la investigación preliminar que se adelanta por las presuntas ilegalidades en la financiación de la campaña contra el exgerente de la misma y hoy Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y los integrantes no aforados de la campaña, en el marco que se encontraron méritos para adelantar estas indagaciones.Incluso fuentes consultadas por Blu Radio señalaron que la revelación del documento hecha por parte del presidente Petro pone en riesgo la investigación y en riesgo la seguridad y la integridad del fiscal Ardila Espinosa, y dejan claro que se trata de una indagación a la campaña con la que fue elegido Presidente de la República y a los integrantes no aforados; más no al Primer Mandatario ya que cuenta con el fuero constitucional de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.El documento en cuestión deja claro que es una orden para que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) obtenga “todos los soportes financieros, contables, contractuales, comerciales (Contratos, facturas de venta, recibos de caja, soportes de transferencias electrónicas, facturas anuladas, contratos, órdenes de servicio, certificación estado actual de los servicios prestados, entre otros), referente a los servicios prestados a la coalición Pacto Histórico, a la Colombia Humana o a la Campaña Presidencial del candidato Dr. Gustavo Petro 2022 o su gerente de Campaña Ricardo Roa”, por parte de 19 empresas.Estas empresas fueron catalogadas en tres grupos de la siguiente manera:Grupo 1: Galviz Ramírez y Compañía S.A.Marketing Print de Colombia S.A.S.Hanford S.A.S.Mi Colombia Travel S.A.S.Seguridad Jamaro LTDA.La Red ILM S.A.S.Grupo 2:Caracol S.A.Plural Comunicaciones S.A.S.A&C Solutions E.U.Cultura Popular S.A.S.Neuro Data S.A.S.LAP Especialista en Análisis de Datos S.A.S.Grupo 3:Rumbos LTDA.RCN Radio.RBA Logistic Service S.A.S.Cinema Colors S.A.S.Publicaciones Semana S.A.Hoteles Estelar S.A.Conttactica Contexto & Táctica S.A.S.La orden de la jueza, imparte control de legalidad por 30 días calendario contados a partir de la fecha de la expedición de la orden (25 de marzo de 2025), para que se realicen estas diligencias.Con estas diligencias se avanza en el proceso de indagación preliminar que tuvo como nuevo episodio este miércoles, ya que el despacho del fiscal Ardila Espinosa recibió la declaración de Eduardo Ávila, actual embajador de Colombia en España, y quien tuvo información sobre la avioneta que habría sido usada por el entonces candidato presidencial y que estaba relacionada con 'Papá Pitufo'.
La estructura política sigue siendo determinante para llegar al Senado de la República. Así lo revela un análisis de Sonar, una herramienta de seguimiento a la rama ejecutiva y legislativa de la agencia Orza.El estudio evaluó entre 21 y 25 candidatos por partido o coalición, con opciones reales o parciales de elección, para un total de 204 aspirantes en nueve listas distintas. Cada candidato fue clasificado según su experiencia previa y el tipo de candidatura: de opinión, mixta o de maquinaria.Juliana Ocampo, socia de la agencia Orza, explicó que actualmente el 85 % de los curules en el Congreso están ocupados por siete partidos políticos, por lo que después del análisis estadísticos entre los votos disponibles y los escaños existentes se desprenden los resultados, tomando en cuenta los líderes locales que impulsan votación, alcaldes, concejales y diputados.Los resultados muestran que el 77% de los candidatos analizados están ligados a estructuras políticas.Además, 6 de cada 10 aspirantes cuentan con experiencia legislativa directa o reciente.Pero vayamos a los números. Según este análisis, el Pacto Histórico tendría una curul menos, al pasar de 20 a 19, el Centro Democrático subiría 6 y pasaría de 13 a 19 curules.El partido Conservador pasaría de 15 a 14, el Partido Liberal se mantendría en 14, Cambio Radical bajaría de 11 a 9, a la Alianza Verde-En Marcha le iría peor, pasaría de 13 a 8, Partido de La U de 10 a 8, Mira y Nuevo Liberalismo aumentaría de 4 a 5, mientras que Comunes quedaría sin ninguno.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Una nueva encuesta aplicada al interior del Congreso de la República midió la percepción de desempeño entre senadores y representantes durante el último periodo legislativo. Los resultados confirman el liderazgo del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y de la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, como las figuras con mayor reconocimiento entre sus pares.El estudio, realizado entre 264 congresistas —104 senadores y 160 representantes—, señala que ambos legisladores aspiran a continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de 2026, en las que buscarán repetir curul.De acuerdo con la encuesta, Alejandro Carlos Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores consultados. Su agenda legislativa se ha caracterizado por abarcar temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.Entre los proyectos que mayor reconocimiento le otorgaron se destacan la Ley Sara Sofía, orientada a la defensa y protección de la niñez; la mesada 14 para maestros, considerada una reivindicación histórica del magisterio; y el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, una medida largamente esperada por servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.También figuran iniciativas como Colegios sin madrugón, con impacto nacional en el bienestar y rendimiento de los estudiantes, y la inembargabilidad de animales de apoyo emocional, valorada por su alto contenido social. A esto se suman sus debates de control político, que fortalecieron su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada del paísEn la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes encuestados. La congresista del Partido Verde se ha destacado por dos grandes pilares: su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, uno de los temas más sensibles y urgentes para el país, y su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.Su rol como voz de articulación, vigilancia y responsabilidad, sumado a su presencia constante en plenarias, capacidad de interlocución y solvencia técnica, la posicionan como una de las cartas fuertes de su partido de cara a las elecciones de 2026.La población objetivo de la encuesta fueron senadores y representantes a la Cámara, con un tamaño de muestra de 264 congresistas (104 senadores y 160 representantes. El trabajo de campo fue los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en comisiones y plenarias.El nivel de confianza de la medición es del 96 % y el margen de error de 2,6 %. La medición fue realizada por la firma encuestadora W.W.A. SAS.El senador Alejandro Carlos Chacón agradeció el reconocimiento dado por sus compañeros. “Agradezco al Congreso de la República y a mis colegas por la confianza depositada, que no asumo como un logro personal, sino como el resultado de un trabajo colectivo construido desde el debate serio, el respeto por las diferencias y la vocación de servicio al país”, expresó en un comunicado.El senador nortesantandereano afirmó que el reconocimiento “es de todos: de quienes creen en la democracia como camino, en la concertación como método y en el valor del diálogo aun en la discrepancia. Gracias por respetar las convicciones en las que creo y las banderas que defiendo, porque ese respeto fortalece las instituciones y dignifica la política. Como liberal, reafirmo mi compromiso con la justicia social, la defensa de las libertades y la protección de los más vulnerables”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.