Más de 130 personas desplazadas de Urabá le piden protección al Gobierno nacional y garantías a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ocupar y trabajar las tierras que les fueron entregadas el pasado 31 de julio en la hacienda La Antigua, en Venecia, suroeste antioqueño.
Aunque el predio pasó a manos del Estado mediante un proceso de extinción de dominio, las familias denuncian que terceros relacionados con los antiguos propietarios continúan ocupando el terreno, lo que les ha impedido poner a producir las 2,4 hectáreas adjudicadas como medida de reparación.
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La propiedad perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado en 1999 durante la Operación Milenio, condenado y extraditado por narcotráfico. La extinción de dominio fue decretada en 2004 y confirmada un año después. Posteriormente, el inmueble pasó de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la ANT para su adjudicación.
Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, señaló que entre los ocupantes estaría el suegro del antiguo propietario, además de otras dos personas que alegan tener derechos sobre el terreno. Según explicó, no existiría posesión que pueda prevalecer sobre la titularidad estatal.
"Esta otra persona es César Augusto Hernández y Juan Diego Acosta, uno trabajador que alega ser poseedor. Allí no hay ninguna posesión. Los predios del Estado no prescriben, son inalienables y son intransferibles", indicó.
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José Augusto Echeverry, representante de la asociación de víctimas ACUVIC, recordó que sus integrantes son sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y reclaman reparación efectiva, incluso en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Nosotros esperamos que el Estado no abandone las víctimas, ya que venimos de un conflicto y seguimos los conflictos porque aún uno siguen eh respetando nuestros derechos como víctimas. Y el 30 de julio la la Agencia Nacional le entrega a esta asociación este inmueble", señaló.
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Ante la falta de respuestas, el 27 de octubre las familias ingresaron pacíficamente al predio y solicitaron acompañamiento policial para dialogar con los ocupantes. Durante la inspección, las autoridades encontraron un arma sin los permisos correspondientes en poder de uno de ellos.
De momento, desde la asociación piden a la ANT intervenir para garantizar su seguridad, hacer efectiva la entrega material del terreno y avanzar en nuevas adjudicaciones que les permitan desarrollar proyectos productivos y generar ingresos.