El 65 % de las activaciones de ruta por Código Fucsia en la ciudad corresponden a niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas, una realidad que evidencia una crisis profunda de salud mental y vulneraciones que requiere atención urgente y diferencial.
El panorama fue advertido tras un seguimiento de la Personarería de Medellín, que deja al descubierto graves problemáticas como conductas suicidas, violencia sexual, violencia basada en género, explotación sexual comercial, mendicidad y trabajo infantil.
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Según Elkin Gallego, personero delegado, estas situaciones se ven agravadas por el desplazamiento, el confinamiento y la constante movilidad territorial de las familias.
"De acuerdo con lo documentado por esta Personería distrital, persisten una serie de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas, adolescentes indígenas en el distrito relacionados con casos de violencias sexuales, violencias basadas en género, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, habitanza de calle, mendicidad forzada, así como un aumento de los casos de intento de suicidio", agregó Gallego.
Además, el informe señala que existen profundas barreras que invisibilizan parte de la problemática, entre ellas la falta de traductores, el temor a las autoridades y las dificultades culturales para denunciar, sumado a la escasez de atención psicológica especializada, la discontinuidad en los contratos de los profesionales y la fragmentación entre las entidades encargadas de proteger a las comunidades.
Por esto, la Personería Distrital emitió una Alerta Institucional dirigida a la Alcaldía de Medellín, las diferentes secretarías del Distrito, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación.
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La solicitud de los organismos de control exige que la respuesta estatal no se limite a atender las emergencias puntuales, sino que implemente modelos de salud intercultural, garantice seguimiento real a cada caso y articule el trabajo con las propias autoridades indígenas para frenar la vulneración de derechos de la niñez.