Así se cobrará tasa para seguridad sin EPM, según el gobernador de Antioquia

El 1 de enero de 2025 entrará a regir el proyecto de ordenanza que estableció una tasa de seguridad en Antioquia, tras la aprobación de la Asamblea y ante voces como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que indicó que esto generará problemas con aliados, es decir políticos y empresarios.Ante este panorama en el que el alcalde Federico Gutiérrez y presidente de la junta de EPM reitera que la compañía no va a recaudar este cobro, el gobernador Andrés Julián Rendón aclaró que, si la empresa paisa no accede a hacerlo, en la región existen otras comercializadoras de energía diferentes que lo pueden hacer y que cubren el 1 por ciento de los clientes, además de la empresa Valor Más, que ya adelanta estas labores con el impuesto vehicular. "Hay otros 29 comercializadores distintos de EPM que prestan el servicio de la comercialización de energía en Antioquia y que están dispuestos a hacer el recaudo. Para los demás podríamos utilizar, como ya lo teníamos previsto, a Valor Más. Una cosa es la liquidación del tributo, que esa responsabilidad está en cabeza del gobierno de Antioquia", detalló.Pero, además, y frente a cómo podrían cobrar este monto que, según el ente departamental, más del 60% de los no residenciales, comercio, industria y oficiales, van a pagar menos de 30.000 pesos, Rendón expuso que cuentan con información de los clientes en los estratos que sí tienen que cumplir con esta obligación tributaria. "Nosotros, ¿qué necesitamos como información? Saber cuánto consume un suscriptor del estrato 4, 5 y 6 de energía del sector no residencial, esto es comercio, industria u oficial, y con fundamento en eso le liquidamos el tributo, lo hace la gobernación de Antioquia, no lo hace EPM. Otra cosa es que EPM nos ayudaría muchísimo si nos ayuda a recaudar, pero ya he dicho que no lo va a hacer, aun cuando, repito, lo hacen en otros departamentos con sus filiales", expuso Rendón. Aunque Rendón reiteró que esta medida no afectará al empresariado y que el cobro no será en ningún caso superior al 6 por ciento, desde el gremio empresarial reiteran su descontento. El presidente del comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, calificó como una meta difícil de cumplir el recaudar 1.2 billones de pesos y pidió que se cree una veeduría."Este nuevo impuesto a la seguridad se ha vendido como 1.2 billones de pesos que van a solucionar todos los problemas que tienen nuestros municipios. Al presidente de la asamblea le solicitamos desde la intergremial crear una veeduría que controle y haga un seguimiento a toda la contratación que se va a tener con esos 1.2 billones de pesos que se van a recoger", detalló Posada.Recordemos que este cobro se extendería hasta 2027, según detalló el gobernador. Así las cosas y en caso de que este impuesto se cobre con otro mecanismo, o en otra factura, Rendón detalló que: "los ciudadanos y las personas naturales y jurídicas, cuando tienen la obligación de concurrir con un tributo, pues si no lo hacen, viene una suerte de derivaciones propias de la administración municipal, del cobro coactivo, control fiscal, etcétera".