Líderes de ocho veredas del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, hicieron un pronunciamiento público en el que rechazaron el bombardeo realizado en la noche del pasado 10 de julio en la vereda La Areiza y exigieron al Estado garantías para proteger a la población civil durante las operaciones militares.
El comunicado fue respaldado por representantes de las veredas Arenas Blancas, San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía, Pavas, El Crucero y Castillo, que conforman el núcleo zonal Arenas Blancas y agrupan a por lo menos 743 habitantes rurales.
Según las comunidades, la operación dejó como saldo la muerte de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, además de afectaciones a bienes de los campesinos, generando zozobra para la comunidad.
"Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio", señaló una de las lideresas campesinas.
Freddy Pineda, un ganadero de 48 años, fue uno de los más afectados por esta acción militar pues asegura que 43 de sus vacas murieron durante el bombardeo adelantado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
"Requiero ver qué solución me dan también con mi casa, resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada. El bombardeo yo no sé de qué parte vino ni para quién era. En este momento, no sé qué camino, qué trabajo coger, porque yo con con harto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando", afirmó el ciudadano.
Los líderes aclararon que su petición es independiente de las investigaciones que adelanten las autoridades sobre la legalidad de la operación. En ese sentido, solicitaron una investigación "independiente, imparcial y transparente", la reparación integral de los daños ocasionados, garantías de no repetición y medidas efectivas de protección para las comunidades rurales.
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Asimismo, anunciaron que su representación jurídica iniciará las actuaciones necesarias para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que el Estado adopte medidas urgentes para proteger a la población campesina del núcleo zonal Arenas Blancas.
En el video difundido, las comunidades insistieron en que su posición no busca cuestionar las estrategias militares, sino reclamar el respeto por las normas del derecho internacional humanitario.
"No estamos discutiendo una estrategia militar, estamos defendiendo un principio fundamental del derecho internacional humanitario: la población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades", afirmaron.
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Finalmente, los voceros enfatizaron que "no defendemos a ningún actor armado. Defendemos la vida, la dignidad humana, el derecho a vivir en paz y el respeto por la población civil", al tiempo que reiteraron su llamado para que "nunca más" se realicen bombardeos en territorios donde habitan comunidades campesinas.
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