Un robusto operativo desarrollado por la Policía Nacional permitió dar otro golpe contra las estructuras delincuenciales que tienen presencia en diferentes zonas del departamento de Antioquia y que, en este caso, atemorizaban a las comunidades en Amalfi y Santa Rosa de Osos.El procedimiento afectó a La Oficina y Los Chatas, después de que las autoridades realizaran 31 diligencias de allanamiento que dejaron como resultado la captura de 25 personas señaladas de pertenecer a estas organizaciones.De acuerdo con la información entregada por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, 19 de los detenidos tenían órdenes judiciales vigentes, mientras que otros seis fueron sorprendidos en flagrancia.Entre los capturados se encuentra alias ‘Santa María’ o ‘Señor’, señalado por las autoridades como cabecilla urbano de una de estas estructuras en Amalfi y, según la investigación, este delincuente tendría bajo su responsabilidad el abastecimiento de expendios de droga y la coordinación de homicidios selectivos en el municipio.Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 10.250 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, además de cuatro armas de fuego y 70 cartuchos de diferentes calibres, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.Además, el operativo también permitió afectar las finanzas de estas organizaciones, con la incautación de más de 19 millones de pesos en efectivo, dinero que, según las pesquisas iniciales, estaría relacionado con las actividades ilícitas en el departamento de Antioquia.El mandatario aseguró en su cuenta de X, “les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal. En la era del Tigre, los narcoterroristas caerán uno tras otro”.
En las últimas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta X que alias ’Leíto’, uno de los supuestos responsables de asesinar a 13 policías en el municipio de Amalfi, habría fallecido mientras instalaba un campo minado.Según el mandatario este hombre, también conocido como alias 'Eléctrico', se encontraba con un grupo de delincuentes haciendo la instalación de diversos artefactos explosivos en zona rural del Nordeste antioqueño cuando ocurrió el accidente.Al parecer, producto de la misma explosión en la que habría muerto alias 'Leíto' otros seis disidentes de alias 'Calarcá' resultaron heridos sin que hasta ahora las autoridades no conozcan mayores detalles sobre su estado de salud.Hay que recordar que por alias 'Leíto' se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con su captura tras el ataque al helicóptero Black Hawk, propiedad de Estados Unidos, en donde fallecieron los 13 uniformados.Rendón también aseguró en sus redes sociales que este hombre de las disidencias de alias 'Calarcá' tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado; porte ilegal de armas de fuego; utilización ilegal de uniformes e insignias; y empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal.Por ahora la labor de las autoridades departamentales se centra en consolidar las cifras que dejó el accidente y cuál es el estado de las personas heridas en lo que el gobernador de Antioquia calificó como, “algún sosiego y justicia para las familias de los 13 policías asesinados por 'Calarcá'”.
Un campesino de 46 años de edad resultó gravemente herido en su pierna izquierda tras activar una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas en zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño.Debido a las difíciles condiciones del terreno, el hombre tardó más de tres horas en llegar al casco urbano para recibir atención médica en el Hospital El Carmen y, posteriormente, fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín.Este hecho encendió nuevamente las alarmas sobre el riesgo de minas antipersonal en el departamento. De acuerdo con las cifras oficiales con corte al 30 de junio de 2026, el Nordeste y el Bajo Cauca se consolidan como las subregiones antioqueñas con mayor exposición a este peligro, siendo este el segundo caso registrado en esa localidad en lo corrido de este año.A nivel departamental, Antioquia continúa ocupando el primer lugar histórico a nivel nacional con 2.707 víctimas acumuladas.En el contexto de todo el país, las estadísticas de 2026 registran 54 nuevas víctimas en el sistema de información, una problemática que históricamente ha dejado un saldo de 81% de personas heridas y un 19% de fallecidos lo que equivale a que aproximadamente uno de cada cinco afectados pierde la vida. Asimismo, el panorama nacional histórico muestra que el 59% de las víctimas han pertenecido a la fuerza pública y el 41% restante corresponde a población civil.
Líderes de ocho veredas del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, hicieron un pronunciamiento público en el que rechazaron el bombardeo realizado en la noche del pasado 10 de julio en la vereda La Areiza y exigieron al Estado garantías para proteger a la población civil durante las operaciones militares.El comunicado fue respaldado por representantes de las veredas Arenas Blancas, San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía, Pavas, El Crucero y Castillo, que conforman el núcleo zonal Arenas Blancas y agrupan a por lo menos 743 habitantes rurales.Según las comunidades, la operación dejó como saldo la muerte de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, además de afectaciones a bienes de los campesinos, generando zozobra para la comunidad."Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio", señaló una de las lideresas campesinas.Freddy Pineda, un ganadero de 48 años, fue uno de los más afectados por esta acción militar pues asegura que 43 de sus vacas murieron durante el bombardeo adelantado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación."Requiero ver qué solución me dan también con mi casa, resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada. El bombardeo yo no sé de qué parte vino ni para quién era. En este momento, no sé qué camino, qué trabajo coger, porque yo con con harto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando", afirmó el ciudadano.Los líderes aclararon que su petición es independiente de las investigaciones que adelanten las autoridades sobre la legalidad de la operación. En ese sentido, solicitaron una investigación "independiente, imparcial y transparente", la reparación integral de los daños ocasionados, garantías de no repetición y medidas efectivas de protección para las comunidades rurales.Asimismo, anunciaron que su representación jurídica iniciará las actuaciones necesarias para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que el Estado adopte medidas urgentes para proteger a la población campesina del núcleo zonal Arenas Blancas.En el video difundido, las comunidades insistieron en que su posición no busca cuestionar las estrategias militares, sino reclamar el respeto por las normas del derecho internacional humanitario."No estamos discutiendo una estrategia militar, estamos defendiendo un principio fundamental del derecho internacional humanitario: la población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades", afirmaron.Finalmente, los voceros enfatizaron que "no defendemos a ningún actor armado. Defendemos la vida, la dignidad humana, el derecho a vivir en paz y el respeto por la población civil", al tiempo que reiteraron su llamado para que "nunca más" se realicen bombardeos en territorios donde habitan comunidades campesinas.
A cuatro horas y media del casco urbano de Amalfi, Nordeste de Antioquia, se registró una grave denuncia por parte de la comunidad que quedó en medio de combates entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo.Se trata del caso de Freddy Pineda, un ganadero de 48 años que asegura que 43 de sus vacas murieron durante la operación militar adelantada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la vereda La Areiza. En ese operativo fueron abatidos dos presuntos integrantes de esa estructura criminal.Sin embargo, el campesino afirma que el bombardeo también acabó con todo su hato ganadero. Dice que más de diez de las reses estaban preñadas y que eran de las razas Holstein y Brahman. Algunas producían entre 10 y 12 litros de leche al día, actividad de la que dependía económicamente su familia.En videos grabados por el propio campesino, horas después del operativo, se observan las reses muertas en el potrero. Según relata, hoy no sabe de qué va a vivir. Además, asegura que aún no ha podido interponer una denuncia formal porque la presencia de grupos armados ilegales en la zona le impide movilizarse. En ese sector tienen injerencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc."Requiero ver qué solución me dan también con mi casa, resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada. Yo no sé de qué parte vino ni para quién era. En este momento, no sé qué camino, qué trabajo coger, porque yo con con harto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando", afirmó el ciudadano.Por su parte, defensores de derechos humanos como Óscar Yesid Zapata de nuevo alertaron sobre el riesgo que padecen las comunidades de zonas rurales en el Nordeste, ante el abandono de las autoridades."El municipio de Amalfi no es la excepción, y el abandono del Estado ha permitido que los grupos armados se apoderen de esos territorios totalmente e impongan ese control territorial, incluso normas de conducta, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y diferentes formas de violencia que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", explicó Zapata.También aseguró que este punto, al ser un corredor estratégico hacia Remedios y Segovia, es vulnerable por la disputa territorial de los ilegales, lo que hace que la violencia contra la población civil sea reiterativa.Consultada por este caso, la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que los hechos son materia de investigación y que, una vez se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido, se tomarán las acciones correspondientes.
En medio de la compleja situación de orden público en el Nordeste antioqueño, el Ejército Nacional confirmó que adelanta una operación militar en zona rural del municipio de Amalfi en donde se cuenta con la ayuda de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el procedimiento está dirigido contra la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que se disputa el terreno con las disidencias y el ELN.En la zona del Nordeste antioqueño algunas personas han reportado fuertes detonaciones desde hace varias horas, uno de esos relatos lo conoció BLU Radio."Está prendido, están dando bombas y de todo, pero hay un voleo el berriondo de tres helicópteros y avionetas que están bombardeando por por todo esto", expresó.Mientras el operativo militar continúa en la zona rural de Amalfi, se espera un consolidado sobre los ataques contra el Clan del Golfo que, de momento, ha dejado a dos presuntos delincuentes abatidos.Hay que recordar que en el Nordeste antioqueño, como aseguran las autoridades departamentales, es en la única zona de Colombia en donde el Clan del Golfo se pelea el territorio contra una alianza de las disidencias y el ELN.
En una operación militar desarrollada en el Nordeste antioqueño, tropas de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar un depósito ilegal que, al parecer, pertenecería al grupo armado organizado ELN y que también tendría vincula con el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.El hallazgo se produjo en la vereda Salazar del municipio de Amalfi, en donde depósito fue encontrado en zona boscosa. Hasta allí llegaron los soldados que adelantaron labores de registro e inspección en este punto estratégico para el accionar criminal de grupos armados.En el lugar fueron halladas más de 130 municiones de diferentes calibres, tres baterías de carga, un equipo de campaña, seis chalecos y otros elementos como destacó el teniente coronel Carlos Romero, comandante del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná."Sido reportado el hallazgo de abundante munición de guerra de diferentes calibres, barras de explosivos, radios de comunicación, material de intendencia y banderas alusivas al ELN y a la estructura residual 36", manifestó el uniformado.Según las autoridades, este material sería utilizado para fortalecer las capacidades logísticas y armadas de la organización ilegal y facilitar la ejecución de actividades delictivas en el Nordeste antioqueño contra la Fuerza Pública y la misma población civil.El Ejército señaló que con este resultado operacional se afectan las capacidades del grupo armado y se previenen posibles acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.
En medio de los críticos problemas de orden público que hay en la zona rural del municipio de Amalfi, la Gobernación de Antioquia reconoció que en esa zona del departamento no hay autoridad y que ni siquiera las autoridades pueden hacer las inspecciones para poder investigar crímenes.La Administración Departamental hace referencia al homicidio de una madre y su hija en la vereda Los Toros en donde, al parecer, llegaron ilegales en busca de la mayor de edad que presuntamente sostenía una relación sentimental con un integrante del ELN, motivo que podría haber ocasionado el ataque armado.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que en esa zona rural del Nordeste antioqueño es sumamente difícil que haya autoridad debido a la alta presencia de ilegales como, por ejemplo, las disidencias de alias 'Calarcá'."Ahí no entra la autoridad. Nosotros nos dimos cuenta de ese asesinato. Cuerpo de Bomberos recogió los cadáveres, no hubo una inspección, al lugar de los hechos, y ahí se pierden muchas evidencias", detalló el funcionario.Hay que mencionar que fue en la misma vereda Los Toros en donde hace más de seis meses fue atacado un helicóptero de la Policía Nacional, dejando como saldo 13 policías asesinados en este sector que está dominando por la delincuencia y que con el reciente doble homicidio quedó en evidencia la injerencia criminal en el Nordeste antioqueño.Las autoridades en esta subregión del departamento de Antioquia y, en especial la comunidad en la ruralidad de Amalfi, espera una intervención pronta de la Fuerza Pública para poder llevar seguridad a la zona en donde siguen bajo el yugo de las disidencias de alias 'Calarcá' y otros grupos delincuenciales.
Persiste el complejo panorama de seguridad en varias zonas del Nordeste de Antioquia afectadas por la influencia de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.El hecho más reciente se produjo en la vereda Los Trozos del municipio de Amalfi, a unas cinco horas del casco urbano, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres que serían madre e hija.Según indicó a Blu Radio el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, aún no se conoce las identidades ni edades de estas personas, pues aún organismos judiciales están en camino a esta apartada zona del territorio.El alto mando policial también indicó que no hay reporte sobre amenazas previas a las víctimas. Sin embargo, hay indicios de una posible relación sentimental que la madre sostenía con un presunto integrante del ELN."Es una información que allá hay presencia del frente 36 de las disidencias, es lo único que se sabe hasta el momento. La única verificación que se ha hecho de eso es que la señora como que tendría una relación con algún integrante del ELN", Afirmó Muñoz.A la espera que los cuerpos puedan ser extraídos de la zona, se conoció un comunicado de la Alcaldía de Amalfi donde rechazaron estos hechos y pidieron celeridad a las autoridades en las investigaciones para determinar las causas del doble crimen.“Reiteramos nuestro compromiso firme con la promoción de una vida libre de violencias, la equidad de género y la protección de los derechos humanos. Reafirmamos la voluntad de seguir trabajando para que Amalfi sea un territorio seguro para todas y todos; no podemos, bajo ninguna circunstancia, normalizar la violencia”, se lee en el comunicado.
El presidente Gustavo Petro pidió al alto comisionado de paz, Otty Patiño, verificar si Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', cabecilla de las disidencias de las Farc, ha incumplido los compromisos adquiridos con el Gobierno en el marco de la política de paz total.“Si el señor 'Calarcá' incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó fue a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de la Estado Mayor Central (la facción de alias 'Iván Mordisco') pues no hay paz, ¿qué más vamos a hacer? A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, dijo Petro durante un consejo de ministros.La solicitud se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre el comportamiento de las disidencias con las que el Gobierno mantiene diálogos, uno de los pocos que quedan activos tras el inicio del Gobierno Petro.En ese contexto, un informe reciente de Noticias Caracol añadió nuevos elementos a la controversia al revelar videos inéditos del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados asesinados, el 25 de agosto de 2025.Las imágenes, captadas desde la cámara de uno de los agentes, muestran cómo un grupo de ellos, desplegado en una operación contra cultivos ilícitos, fue emboscado por hombres armados que utilizaron ráfagas de fusil y artefactos explosivos lanzados desde drones.En medio de la operación, los uniformados solicitaron evacuación aérea urgente, lo que llevó a la llegada de helicópteros para su extracción en una zona ya bajo presión armada.Las grabaciones evidencian que el momento más crítico ocurrió durante el intento de rescate y a su vez reforzaron la hipótesis de un ataque planificado, con uso de tácticas cada vez más sofisticadas por parte de los grupos ilegales.A esto se le suma el otro informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol con la revelación de documentos que mostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias de las Farc en las principales instituciones del Estado, como lo es la Dirección Nacional de Inteligencia.
La cuenta regresiva para que el estadio Metropolitano reabra sus puertas en la final de la Copa Sudamericana 2026 está en marcha. Desde la Alcaldía Distrital no solo se pensó en la renovación del escenario para aumentar su capacidad, sino también para mejorar su sistema de videovigilancia. Por tanto, en las últimas horas se conoció que serán instaladas más de 300 cámaras de última generación.Las cámaras serán de 61 megapíxeles, lo que permitirá hacer zoom hasta el último rincón de la tribuna más lejana y ver un rostro o una acción con nitidez. El sistema está equipado con cámaras de tipo profesional, domos y domos duales, balas de 5 MP, multisensores panorámicos, minidomos, ojos de pez de 360 grados, entre otros elementos de videovigilancia.No siendo suficiente, el sistema incluirá un procesador con inteligencia artificial generativa, en el que se identificarán posibles alteraciones para así dar pronto aviso a las autoridades. De hecho, incluye una función de identificación fisonómica capaz de rastrear a una persona entre miles en cuestión de minutos."Estamos poniendo tecnología de punta, con inteligencia artificial generativa, equipos muy modernos y que ningún otro estadio de Colombia tiene. Falta poco para que volvamos abrir las puertas del Supermetro, para que recibamos el fútbol sudamericano. Este estadio está al nivel de los mejores del mundo. Nos infla el pecho a los barranquilleros de orgullo y pronto estará abierto para todos", afirmó el alcalde Alejandro Char.La gerente TIC de Barranquilla, Natali Escorcia, explicó que en estos momentos se trabaja en la instalación de los nuevos canales de internet y antenas 4G y 5G, para que el escenario deportivo cumpla con los estándares internacionales.En la parte superior del escenario, se instalarán nuevas antenas de última tecnología para mejorar la capacidad de conexión cuando se esté frente a la alta demanda de usuarios, lo cual era una de las principales necesidades del estadio.Finalmente, la intervención también contempla cambios en la infraestructura de red interna, en la que se dispondrá de canales de internet, backup de 2,5 gigas cada uno y puntos de acceso distribuidos en diferentes áreas del escenario. Su objetivo será garantizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos del ‘Supermetro’.
Momentos de tensión se registraron en horas de la tarde de este domingo por un nuevo atentado, en este caso, en el peaje de Villa Rica en el norte del Departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el ataque se realizó mediante el uso de drones contra la infraestructura del peaje. Las autoridades adelantaron las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras se recomendó a los conductores evitar transitar por este sector.Otro hecho similar ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre donde también fue atacado con explosivos el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones, ocasionando daños materiales en la infraestructura.Después de la detonación, unidades de la Fuerza Pública adelantaron labores de verificación y seguridad en el corredor vial para descartar nuevas amenazas. Fabián Alonso Romero España, secretario de Gobierno del Cauca, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje, teniendo en cuenta los riesgos que estas acciones representan para los trabajadores, las comunidades cercanas, los viajeros, y el sector productivo.“Solicitamos de manera reiterativa para que el gobierno haga presencia del departamento del Cauca, protegiendo sectores estratégicos de la economía nacional, en dos ocasiones, desde el 8 de agosto se han reiterado los ataques al peaje con explosivos, lo que pone permanentemente en riesgo la estabilidad económica de nuestro departamento “, expresó el funcionario.A estos hechos se sumó otra acción violenta en el municipio de Suárez, también en el norte del Cauca. Allí, fueron detonados explosivos para atacar un tramo de la carretera que comunica la cabecera municipal con el sector de La Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica y ocasionó afectaciones en la infraestructura vial. El alcalde César Lizardo Cerón informó que, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.Mientras avanzan las verificaciones por el reporte de Villa Rica y las investigaciones por los demás hechos, las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad de las vías que están siendo atacadas constantemente con el uso de drones que representan una amenaza para la población civil y quienes transitan por las carreteras del sur occidente colombiano.
Las autoridades intensificaron los controles en Cuadra Play, uno de los sectores de rumba de Bucaramanga, donde un operativo de la Alcaldía, con apoyo de la Policía Nacional, Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, dejó como resultado la inmovilización de vehículos y el cierre de dos establecimientos comerciales por incumplir los requisitos para su funcionamiento.Durante las intervenciones se llevaron a cabo requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos. Como resultado, fueron inmovilizados varios automotores que se encontraban estacionados en andenes y zonas de espacio público, obstruyendo estos lugares.Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de menores de edad en inmediaciones de los establecimientos nocturnos y ordenaron el cierre de dos negocios que no cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.De acuerdo con la Administración Municipal, durante los procedimientos algunos conductores se opusieron a los controles, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía para garantizar el desarrollo de los operativos.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden, recuperar el espacio público y verificar que los establecimientos nocturnos cumplan con las normas para operar en este sector de la ciudad.
El Contralor General Jorge Laverde , ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. La decisión, anunciada este 9 de noviembre de 2026 en Bogotá, responde a las denuncias de Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en la compra de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el uso de recursos públicos.Según la Contraloría General de la República, las denuncias señalan posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos. La revisión buscará establecer si los recursos se administraron conforme a la ley y si hubo afectación al patrimonio del Estado.Los cinco contratos de la DNI bajo revisiónHelicóptero no tripulado por $9.000 millonesEl contrato de mayor valor corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. El ente de control verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También revisará la aplicación de las garantías contractuales.Tres sistemas antidrones por $8.340 millonesLa Contraloría examinará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de tres sistemas antidrones, así como su uso efectivo y su correspondencia con las necesidades de la entidad.Computadores y sistema biométricoEl contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores, será revisado por denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.En el caso del contrato 053 de 2022, por unos $580 millones, destinado a un sistema de identificación biométrica, el organismo buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución.Mobiliario para la sede de FunzaLa quinta contratación, por aproximadamente $1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza (Cundinamarca). Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los bienes, con atención a los posibles sobrecostos denunciados.Revisión al Sistema Integrado de Inteligencia y ContrainteligenciaAdemás, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.Para estas actuaciones se solicitarán estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si se identifica un presunto detrimento patrimonial, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Los hechos con posible relevancia penal o disciplinaria serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción”El contralor Laverde Vargas recordó que los recursos de seguridad e inteligencia del Estado también están sujetos a control fiscal, el cual se ejercerá respetando la reserva de la información y la protección de la seguridad nacional.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó.
Después de un par de meses de esperar, Hidroituango por fin llegó a la cota 420, medida con la que Empresas Públicas de Medellín espera hacerle frente al Fenómeno de El Niño, que tendría en los primeros meses de 2027 su temporada más extrema.El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la represa había llegado al nivel estimado, “aunque no es suficiente frente a los riesgos qué significa el Fenómeno de El Niño”. Hay que recordar que este proceso de llenado se hizo más rápido de lo esperado, debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas.Habían sido las autoridades antioqueñas las que en su momento reconocieron que solo hasta inicios del próximo año se llegaría a la meta propuesta, no obstante, las condiciones climáticas en el Norte del departamento permitieron hacer el proceso más rápido aunque el gerente de EPM, Jhon Maya, explicó que no se hizo de manera inmediata."Que subir como a 40-50 centímetros diario, parar y esperar a hacer unas mediciones a ver cómo responde la presa, cómo responden todos esos indicadores y si no hay ningún problema vuelve y se sube. Entonces tiene que ser muy lento porque eso es un bloque de agua de 12 metros más, que es un volumen de agua muy importante que hace una presión muy fuerte a una presa y a todo lo que eso implica. Entonces eso hay que subirlo muy gradualmente y en eso es lo que vamos muy bien", indicó el funcionario.Sobre la cota 420 y las implicaciones que esto podría tener para la energía de Colombia, hay que recordar que fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien le dio permiso a EPM para remover la cobertura vegetal y así subir el nivel el embalse y estar preparados para la temporada más seca.Durante el transcurso del día, autoridades departamentales y nacional como los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente estarán en las instalaciones de Hidroituango, recorriendo el megaproyecto y se espera que se entreguen nuevos detalles sobre el aporte de la hidroeléctrica para la estabilidad energética del país en los próximos meses.
