Siguen las disputas por el control del Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia. La ministra de Trabajo, Natalia López, aseguró que denunciará irregularidades e intereses políticos cercanos al expresidente Gustavo Petro frente a la convocatoria de asamblea para el próximo 31 de agosto.
Una disputa entre la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente especial de intervención designado para Comfenalco Antioquia y un grupo de directivos y afiliados mantiene en vilo el control de la Caja.
En las últimas horas se conoció la denuncia de la ministra de Trabajo, Natalia López, frente a presuntas irregularidades relacionadas con decisiones judiciales a propósito de la asamblea citada para el próximo 31 de agosto.
El actual agente interventor suspendió la Asamblea General que citaron los directivos de la Caja para solicitar información sobre la situación financiera, jurídica y administrativa. Sin embargo, esa decisión fue respondida con un recurso de reposición, un derecho de petición y tres acciones de tutela que ya cursan en juzgados de Medellín y el municipio de Heliconia.
No obstante, la funcionaria del Gobierno nacional alertó que una de ellas obtuvo, en menos de un día, una orden judicial que reactiva la asamblea suspendida, pese a que la Caja permanece bajo intervención.
Detrás del interés por la celeridad de esta elección de los cinco representantes principales de los empleadores y sus suplentes para el Consejo Directivo, estarían, según la ministra López, intereses políticos millonarios relacionados con el expresidente Gustavo Petro.
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"No podemos tratar esta sucesión de hechos como una simple coincidencia. Me comprometo a que las autoridades competentes investiguen estas irregularidades, pues tenemos información y pruebas que pondremos en conocimiento de las autoridades sobre la posible actuación de una estructura de intereses políticos corruptos conocida como la Teraraña Azul, muy cercano al gobierno Petro", señaló.
Lo que está pasando en Comfenalco Antioquia es grave y debe investigarse.
— Natalia Lopez F (@nlopezfuentes) August 25, 2026
Estamos hablando de cerca de $1 billón de los trabajadores antioqueños y sus familias. No vamos a permitir que intereses políticos se apoderen de la Caja.
Pondremos los hechos y las pruebas en manos de… pic.twitter.com/5ZLzIyRLko
Por disposiciones de la más reciente convención colectiva, desvincular a cada directivo que ya está en su cargo costaría unos mil millones de pesos, lo que dificultaría removerlos de sus cargos. En definitiva, lo que está en juego es el manejo de un presupuesto de más de $974.000 millones durante 2026, recursos correspondientes a unos 436.000 afiliados.
Sectores gremiales ya se han pronunciado sobre la situación, exigiendo transparencia en los procesos y que los intereses políticos se alejen de la administración de millonarios recursos de los trabajadores.