Mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí adelanta informe sobre avances en el proceso de cara al empalme entre el actual Gobierno nacional y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien definirá su futuro
En medio de rumores sobre la posible terminación de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, la delegada del Gobierno nacional, la senadora Isabel Zuleta se refirió al proceso.
Sobre su visita en las últimas horas al establecimiento penitenciario de máxima seguridad en el sur del Valle de Aburrá, la congresista antioqueña confirmó que lo hizo acompañada de toda la delegación en el marco de encuentros que avanzan para construir un informe de gestión de este espacio sociojurídico que pondrán en consideración durante el empalme entre el actual Gobierno nacional y el electo al mando de Abelardo de la Espriella.
"Tenemos que hacer un informe de todas las actividades de gobierno, de cuál fue el proceso. Si eso se entendió como la finalización, pues estamos mal, porque eso no es la finalización. Este gobierno no va a finalizar. Si es el próximo, es decisión del próximo. Pero este gobierno va a entregar un informe, que hay que hacerlo con los voceros y hay que hacerlo con sociedad civil", aclaró Zuleta.
Zuleta también aclaró que hasta ahora no hay ninguna decisión tomada frente a la continuidad o no de los diálogos iniciados desde el pasado 2 de junio de 2023, pero que habrá una solicitud de la administración saliente para que continúen.
"No es decisión de nosotros, es decisión del nuevo gobierno, pero este gobierno le va a solicitar que continúe con el espacio", concluyó.
La situación se conoce en medio de la incertidumbre que rodea al proceso por nuevas políticas en materia de seguridad que tendría el entrante Gobierno nacional, pero además en medio de los cuestionamientos por escándalos que en los últimos meses se han generado desde allí.
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El más reciente estalló en abril de 2026, cuando se conocieron imágenes y videos de una lujosa parranda vallenata realizada dentro del penal, con la participación del cantante Nelson Velásquez, licor y otros privilegios que generaron una ola de críticas.
La controversia fue de tal magnitud que el Gobierno nacional suspendió temporalmente los diálogos de paz urbana, mientras la Procuraduría y el Inpec abrieron investigaciones para establecer quién autorizó el evento y cómo fue posible su realización.
El segundo episodio estuvo relacionado con las denuncias sobre las salidas de algunos cabecillas recluidos en el denominado pabellón de paz para asistir a reuniones externas, entre ellas encuentros masivos como el famoso ‘tarimazo’ en La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro. La situación desató cuestionamientos sobre los beneficios otorgados a los voceros de las estructuras criminales y los controles ejercidos por las autoridades.
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