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Caso en el que juez determinó responsabilidad del Ejército en muerte de un piloto y un comerciante, al derribar una avioneta en Frontino, Antioquia, iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la segunda condena contra el mismo pelotón, la primera fue el homicidio de un campesino en la Navidad de 2014.
Es tan solo un primer paso en la búsqueda de justicia por parte de la familia, la reciente decisión del Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín, que declaró responsable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional- por la muerte del piloto civil Juan Camilo Villegas Rodríguez, el 12 de diciembre de 2018 en Frontino, Antioquia. Villegas, instructor de vuelo desde 2006, realizaba una clase práctica en un avión ultraliviano junto a su alumno Gustavo Roldán Palacio, un comerciante, cuando la aeronave fue impactada por disparos de fusil, lo que causó su caída y la muerte inmediata de ambos ocupantes.
Las investigaciones de la Aeronáutica Civil y el CTI confirmaron que el avión fue alcanzado por al menos dos proyectiles, sin registrar fallas mecánicas previas. Además, el análisis del GPS reveló que los tripulantes intentaron una maniobra evasiva tras el ataque, lo que provocó la pérdida de control y posterior impacto contra el terreno. Michel Pineda, abogado del caso, manifestó a Blu Radio que uno de los elementos claves para determinar la responsabilidad del Ejército fueron justamente estos disparos.
“Sabíamos que era probable que dijeran que una zona como la de Frontino tenía una actividad y que podía corresponder a otros actores, el impacto. Además, porque los campesinos vieron cuando salieron a correr mientras volaba la avioneta”, afirmó.
Aunque el Ejército negó su responsabilidad alegando que no había presencia de grupos armados ni enfrentamientos en la zona, el juzgado determinó que los disparos provenían de un operativo militar. La sentencia concluyó que hubo una falla en el servicio por parte del Ejército y desestimó las excepciones presentadas por la Nación.
Pero este no es el único fallo contra uniformados de este batallón, según indicó Pineda, pues también en 2020, el Juzgado 20 administrativo oral del circuito los declaró responsables por la muerte de Aicardo de Jesús Montoya Rodríguez, ocurrida el 25 de diciembre de 2014, cuando celebraban la Navidad.
“De problemas en ese mismo batallón como fue el del campesino minero Reinaldo, que también tenemos condena contra ese mismo batallón en su momento. Pues lo asesinaron tres soldados, conspiraron un 24 de diciembre y lo asesinaron por la espalda. Dicen que para robarle el oro”, aseguró.
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Pese a que el reciente fallo es favorable, el abogado indicó que llevará este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en aras de que haya justicia para la familia de las víctimas. Aún falta la segunda instancia de este proceso, el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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