JEP investigará crímenes cometidos en 14 municipios en cuenca del río Atrato, entre Chocó y Urabá

La JEP investigará crímenes cometidos en 14 municipios que son territorios étnicos en la cuenca del río Atrato, entre Chocó y Urabá. La indagación prioriza los hechos violentos registrados entre 2002 y 2016 por estructuras del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP.Esta investigación conjunta se concentrará en los crímenes más graves y representativos ocurridos en los municipios ubicados a lo largo de la cuenca del río Atrato, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, se basa en que ambas investigaciones abordan hechos ocurridos en el mismo territorio priorizado bajo el caso 04 y 09.Además, comparten la presencia de actores armados, patrones criminales, periodos históricos del conflicto, así como comunidades y territorios afectados. De esta manera, los cinco municipios del Chocó priorizados en la investigación del caso 04, Acandí, Unguía, Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Riosucio. Se integran con los nueve municipios priorizados en el subcaso Chocó del caso 09, que son Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Murindó (Antioquia); además de Bojayá, Medio Atrato, Quibdó y Vigía del Fuerte (Antioquia). También están incluidos Atrato, Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y río Quito.“Lo más importante es que vamos a unificar las pruebas. Vamos a hacer versiones voluntarias conjuntas, vamos a hacer diligencias de inspección judicial conjunta, vamos a hacer análisis de expedientes y de diferentes documentación y sobre todo también los informes recibidos están siendo analizados de forma conjunta”, se refirió la magistrada Nadiezhda Henríquez.En el caso conjunto 04-09, la JEP investiga crímenes cometidos entre 2002 y 2016 por estructuras del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP, así como por integrantes de la fuerza pública y terceros civiles. Por ello, la magistrada indicó que se busca tomar una sola decisión que responsabilice a quienes perpetraron estos hechos.“De este caso conjunto esperamos sacar una sola decisión de determinación de hechos y conductas y de esta manera dar cuenta de los hechos y las responsabilidades que ocurrieron en el marco del conflicto armado”, agregó.En esta decisión, la magistratura retomó el contenido de la emblemática sentencia T622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, que, por primera vez, reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos, comprometiendo al Estado y a las comunidades étnicas con su protección, conservación, mantenimiento y restauración.En el auto mediante el cual se da a conocer la decisión, la magistratura señala que el río Atrato ha sido un escenario central de confrontación entre actores armados, debido a su importancia geográfica, ecológica y económica.A la fecha, en el caso 04 se han acreditado más de 54.000 víctimas, en su mayoría, pertenecientes a comunidades étnicas organizadas colectivamente. Por su parte, en el subcaso Chocó del caso 09 se han registrado más de 128.000 víctimas con pertenencia étnica.