El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá dio vía libre a la implementación del plan estatal propuesto hace varios días por el Ministerio de Ambiente para controlar la población de hipopótamos en el Magdalena Medio, incluida la eutanasia de unos 80 de estos ejemplares.
Las demandas y tutelas, promovidas por ciudadanos y sectores animalistas, cuestionaban la decisión oficial al considerar que existían alternativas menos drásticas que poner fin a la existencia de estos animales traídos al país durante la época del narcotráfico por el extinto capo Pablo Escobar.
No obstante, el despacho concluyó que, aunque estos mecanismos fueron analizados por las autoridades, no resultan eficaces frente al crecimiento acelerado de la especie ni a las condiciones logísticas y económicas que implican.
En su análisis, el juez destacó que la presencia de estos animales representa una presión creciente sobre los ecosistemas, con efectos adversos en fuentes hídricas y en la fauna nativa. Subrayó que, si bien en algunos contextos han generado interés turístico, el balance general evidencia un impacto ambiental significativo que exige medidas de control.
En esa línea, sostuvo que la protección del entorno y de las especies propias debe prevalecer sobre otros intereses. Recién se conoció la determinación por parte del Gobierno nacional, corporaciones ambientales en áreas de influencia de la problemática se pronunciaron a la expectativa de los detalles para iniciar con el proceso durante el segundo semestre de 2026.
"Es un plan que se tiene proyectado para el segundo semestre de 2026, luego de tener un protocolo bien estructurado, de tener cuáles son las acciones, quiénes son los organismos o personas del orden internacional que están capacitadas para realizar esa casa controlada", afirmó Javier Valencia, director de Cornare.
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El fallo también abordó el alcance de los derechos de los animales, reconociendo su condición de seres sintientes, pero advirtiendo que no es adecuado equipararlos plenamente con los derechos humanos.
El juez señaló que llevar esa interpretación al extremo desconoce las dinámicas naturales y puede derivar en decisiones alejadas de criterios técnicos y ecológicos, en un escenario donde la intervención busca precisamente evitar daños mayores al equilibrio ambiental.
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