Una jueza de Medellín decretó la nulidad de la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 12 personas por el caso Aguas Vivas, relacionado con la presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir un lote avaluado en más de 40.000 millones de pesos.
La decisión judicial se adoptó al concluir que durante la diligencia la Fiscalía vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa de los investigados. Según la jueza, el ente acusador no presentó de manera clara y comprensible los hechos jurídicamente relevantes, ni explicó adecuadamente la forma en que las conductas atribuidas se ajustaban a los delitos imputados.
El exalcalde Daniel Quintero y varios de sus exfuncionarios son investigados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, en un proceso relacionado con las decisiones adoptadas sobre el lote conocido como Aguas Vivas.
La investigación de la Fiscalía busca establecer si durante la administración distrital se promovieron actuaciones encaminadas a modificar las condiciones jurídicas del predio, lo que habría permitido su eventual restitución y el pago de recursos públicos a favor de particulares.
De acuerdo con el expediente, el caso se remonta a 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno como parte del cumplimiento de las denominadas obligaciones urbanísticas. En ese momento, el lote pasó a ser propiedad del municipio sin que representara un costo para la administración distrital.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que durante la administración de Daniel Quintero se realizaron actuaciones que buscaban modificar la situación jurídica del predio. Según la investigación, el entonces alcalde expidió un decreto mediante el cual se modificó el uso del suelo del lote.
El ente acusador considera que esa actuación habría permitido adelantar un proceso para que el Distrito terminara pagando más de 40.500 millones de pesos a particulares por un terreno que ya había sido cedido gratuitamente al municipio.
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Precisamente, esas actuaciones son las que dieron origen a la investigación penal que hoy involucra al exmandatario local y a varios exfuncionarios de su administración. La Fiscalía apelará la decisión en una próxima audiencia.
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