Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que Antioquia se consolida como el segundo departamento con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en el país, registrando más de 3.100 afectados en lo corrido de 2026.
En Antioquia, según el defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, Oscar Yesid Zapata, Briceño encabeza los reportes con mayores restricciones de movilidad y confinamientos que suman nueve eventos en la región, la tensión se extiende a los límites entre Remedios y Segovia.
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"El plan expansivo y territorial de los diferentes actores armados ha incidido en confrontaciones directas y en acciones directas, que, lamentablemente, terminan siendo una vulneración a los derechos humanos de las comunidades rurales, principalmente, en este territorio", aseguró Zapata.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, Luis Martínez, el más reciente desplazamiento ocurrió desde la vereda río Bagre, obligando a 19 familias a refugiarse en el casco urbano tras el asesinato de un líder social y los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias.
"Tenemos un desplazamiento de la vereda río Bagre al municipio de Segovia. Aproximadamente 38, 40 personas que se desplazaron al casco urbano por lo mismo de siempre. Esos desplazamientos y esos confinamientos se nos dan por los constantes enfrentamientos", indicó el funcionario.
Las economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la disputa por corredores estratégicos hacia el río Nechí y el Urabá siguen alimentando esta violencia. Ante este panorama, la Gobernación evalúa con el Ministerio de Defensa la instalación de un puesto de policía permanente en el corregimiento El Charcón, en Anorí, para blindar la zona.
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Mientras las familias afectadas recurren a los comités de justicia transicional esperando condiciones para un retorno seguro, las autoridades e instancias humanitarias advierten que el vacío estatal en zonas rurales sigue facilitando el control territorial de los grupos armados ilegales.