María Elena Toro carga una medalla dorada con una imagen tallada de su hijo, Óscar Iván Tabares Toro, vestido con su traje militar. La lleva en el cuello, como un amuleto contra el olvido. Desde hace 28 años busca lo que falta: su cuerpo, la verdad de lo que ocurrió, un lugar dónde llorarlo.
Óscar Iván era soldado profesional del Ejército. Tenía 24 años -6 de ellos al servicio de la institución- cuando desapareció la noche del 28 de diciembre de 1997 en San Juanito, Meta, mientras adelantaba labores con la Compañía El Tigre, de la Brigada Móvil No. 1. Desde entonces, su madre se convirtió en buscadora: peregrinó por juzgados, batallones, despachos de la Fiscalía, despachos militares y hasta veredas dominadas por la guerrilla de las Farc, en su momento. Ha recibido amenazas de muerte, tuvo que exiliarse un tiempo y aún hoy narra que siente el peso de la vigilancia sobre su teléfono.
“Soy víctima de algo que yo no cometí, porque sea el delito que mi hijo haya cometido –si lo hizo– no les daba derecho a quitarle la vida. Y enseguida nos llevaron a nosotros como familia por delante. Nos persiguieron sin pensar en las consecuencias. Hasta con mis nietos se metieron”, cuenta.
Los responsables, en silencio
Por el caso de este joven soldado, la justicia ordinaria y la penal militar poco avanzaron en casi tres décadas. Apenas en los últimos años la Fiscalía vinculó a tres uniformados, pero todos están hoy en libertad por vencimiento de términos.
“Es una forma de reconocer, verdaderamente, que el Estado es culpable —dice María Elena—. Aunque los verdaderos responsables no han dado la cara. Están en la JEP pero no han querido hablar conmigo. Yo qué quisiera de Rodríguez Piza e Iván Ramiro: que me dijeran dónde está mi hijo y pare de contar. Me lo traigo, le doy cristiana sepultura y listo. Pero al menos descansa él, porque yo sé que la conciencia no los deja vivir en paz. Es imposible que alguien pretenda que una madre deje desaparecido a su hijo”, añadió.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo explica en términos legales: “Hasta ahora, en una investigación en curso en la Fiscalía 121 de Villavicencio, se ha vinculado a tres militares: un teniente, Iván Ramiro Rodríguez Piza; el cabo segundo Ernesto Rodríguez Rojas, vinculados en 2006; y un soldado, Ramiro Henao Sánchez, vinculado en 2013. Los tres están en libertad por vencimiento de términos, y Rodríguez Rojas y Rodríguez Piza se sometieron a la JEP”.
El viaje al Meta
La mujer, que con el tiempo entendió que ser madre buscadora era insistir, no rendirse, nunca esperó sentarse a esperar una respuesta oficial. Apenas recibió noticias confusas sobre el supuesto enfrentamiento de su hijo con un superior y rumores de que había huido, viajó con su esposo y su hermano —un exmilitar que estuvo en la institución 16 años— llegaron al municipio señalado por el Ejército como territorio en manos de la guerrilla. Allí, pese a las advertencias, siguieron las pistas que le habían dado los compañeros de Óscar Iván.
“Pregunte por la vereda San Luis de Toledo”, le habían dicho. Y fue hacia allí donde caminaron, hasta la finca Santo Domingo, lugar de los hechos.
Según recuerda María Elena, en el sitio los recibió el dueño, Manuel Garcés, quien le habría confirmado los detalles de la historia que previamente le habían estado contando quienes convivieron con él en sus últimos momentos. “A eso de las 11:45 de la noche una explosión, tres tiros de arma corta porque no fueron de fusil y total silencio. Al otro día vi que la pica y la pala estaban llenos de pantano y nos parece muy raro que donde bajaba un hilito de agua había un uniforme militar tirado, y ahí está desde que pasó todo y nadie lo ha querido coger”, narró la madre, con el recuerdo del relato del campesino.
Aunque el Ejército insistía en que esa finca estaba minada, el propio Garcés —quien falleció hace 7 años— les dijo que era mentira y les prometió acompañarlos.
Fue allí donde la progenitora halló otros rastros: una carpa ensangrentada y atravesada por disparos, ropa interior de su hijo y medicamentos que él usaba. “Nos trajimos la carpa para que la analizaran y nos dijeron que era un disparo a quemarropa. Pero el uniforme nos dio miedo, no fuimos capaces de traerlo”.
La versión de los soldados que fueron sus compañeros contrastaba con la que oficialmente daba el Ejército. Mientras algunos militares presentes al momento de los hechos le insinuaban que Óscar Iván nunca salió vivo del campamento, en las oficinas militares le repetían que había lanzado una granada a un teniente y estaba prófugo. Incluso le dijeron que lo habían visto retirando dinero en un banco, pero la libreta que ella conservaba como madre le sirvió para visitar la entidad y comprobar que la plata estaba intacta.
Testigos silenciados
Entre los rumores que circularon en San Juanito apareció la voz del “bobito del pueblo”, un hombre con discapacidad cognitiva que pregonaba por las calles que sabía dónde había quedado “el soldado del 28 de diciembre”. María Elena intentó ubicarlo en una de sus visitas, pero cuando volvió con la Fiscalía le dijeron que estaba muerto.
Después surgió otro posible testigo: Carlos Andrés Narváez, quien le había prometido a su familia que diez años después revelaría la verdad. La cita se organizó en Bogotá, y aunque la entonces directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, le advirtió que no fuera sola, María Elena decidió arriesgarse y “volarse” del protocolo para encontrarse directamente con él, aunque la reunión nunca se dio.
“No llegó. Llamé al abogado que en ese entonces llevaba el caso, averiguó y me dijo que lo habían asesinado la noche anterior en extrañas circunstancias”, cuenta ella. La tía de Narváez le rogó que no insistiera más: ‘Señora, usted ya perdió a su hijo, no nos haga masacrar a nosotros’.
La búsqueda incluso la llevó hasta el Frente 53 de las FARC, al que supuestamente había desertado Óscar Iván, parte de las versiones que dieron las autoridades en su momento. María Elena se entrevistó en el camino veredal al que fue a buscar respuestas con su comandante, quien fue tajante: el joven no estaba con ellos. Según ella, el jefe guerrillero acusó al Ejército de estar tras el crimen o tener responsabilidad en el mismo.
Con los años, otros hombres también se acercaron, entre lágrimas, incapaces de decir lo que sabían. Algunos aseguraban que los vigilaban, que corrían peligro si hablaban. Todos coincidían en lo mismo: el miedo. Miedo a contar, miedo a ser los siguientes.
La esperanza en la búsqueda
La sentencia de la CIDH, en 2023, ordenó al Estado colombiano pedir perdón a la familia y reabrir las investigaciones, además de protección para su familia y un documental que será emitido por el canal público RTVC. El acto público se realizará este 19 de septiembre en Medellín, en la Cuarta Brigada, el lugar donde alguna vez reclutaron con honores a Óscar Iván, pero donde también por primera vez “la trataron de loca”. Allí mismo es donde su madre quiere que quede constancia de que su hijo fue un militar íntegro.
“Ese acto se da porque sienten que tienen que responder a otra autoridad más alta, y si no, ni se diera. Esperar muy poco, que eso, en vez de darle a uno como un aliciente, es otra continuación de la tortura. ¿Y qué le digo a la justicia que deberían de ser? Menos encubridores, porque es que en este momento en Colombia la justicia es pésima”, dijo.
Mientras tanto, la esperanza de esta madre descansa en los recorridos que ha hecho junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluso recientemente, junto con la experta técnica María Alejandra Tapasco. “Ellos hacen una labor muy minuciosa. Por muy escondido que lo tengan, la verdad va a salir a la luz. Me prometieron que me van a seguir acompañando hasta encontrarlo”.
El hijo y el uniforme
En medio de la dureza, María Elena siempre vuelve al recuerdo de su hijo como niño y como soldado. “Él era feliz siendo militar y se fue siendo feliz”, dice. “Se sentía orgulloso de pertenecer al Ejército y yo, como madre, me sentía orgullosa también”.
Ese orgullo convive con el miedo. “Ahora, cuando veo un militar, trato de correr, porque no sé con qué meta me va a seguir”, confiesa.
María Elena lo resume en su propia voz, con una mezcla de denuncia y fe: “Él ha hecho hasta para vender, pero la justicia divina tarda pero no falla y día que pasa, verdad que se acerca. Yo sé que todos los días estoy más cerca de la verdad, porque vuelvo y lo digo, yo no voy a parar hasta no encontrar a mi hijo”. Su desconfianza hacia las instituciones no cede: “En el caso mío el Estado no ha hecho sino encubrir”.
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