Pocos días después de anunciarse la apertura de un proceso de vigilancia especial a la Universidad de Medellín por parte del Ministerio de Educación, se siguen conociendo detalles de la medida administrativa.
En las últimas horas la entidad del Gobierno nacional explicó que la medida busca recuperar el gobierno institucional, pues identificaron que la Consiliatura, su máxima instancia directiva, actualmente solo está conformada por 6 de 11 miembros.
Desde el Ministerio advirtieron que este panorama dificultado la toma de decisiones en la universidad porque muchos de sus asuntos estratégicos dependen de ese órgano y hoy no cuenta con la integración necesaria para ejercer plenamente sus funciones.
“A este panorama se suman procesos judiciales relacionados con decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la Universidad, lo que hace aún más urgente recuperar la capacidad institucional para responder de manera oportuna a los retos administrativos y académicos”.
Para lograr la ocupación de todos los espacios disponibles en esta instancia, las autoridades nombraron como inspectora in situ a Diana Lucía Barrios Barrero, encargada de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Barrios es abogada, especialista en Derecho Comercial y en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, además de magíster en Derecho Público. Antes de llegar en 2015 al Ministerio de Educación, trabajó en la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio del Trabajo y la Personería Distrital de Bogotá, acumulando experiencia en asuntos jurídicos y administrativos.
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El Ministerio recordó que las decisiones recientemente adoptadas son de carácter preventivo y no constituyen una intervención administrativa del plantel o afectaciones a los procesos académicos de los diferentes programas que oferta.
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